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Un niño de 14 años, primer ecologista asesinado este año en Colombia

BREINER CUCUÑAME

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Macky Arenas - publicado el 19/01/22

“Nos siguen matando”: los ambientalistas en el punto de mira. Cuando la defensa del medio ambiente te puede costar la vida

Latinoamérica es la región donde más activistas son asesinados. Indefensión, impunidad e indiferencia configuran el “campo minado” del cual muchos no salen vivos

Hace horas, una noticia helaba el alma: un niño de tan solo 14 años, Breiner David Cucuñame, ha sido registrado como el primer ecologista al que quitan la vida en 2022 en uno de los países más peligrosos para defender la naturaleza en el mundo, Colombia.

Pero no sólo allí. De hecho, es América Latina el continente que vuelve a ubicarse como la región más peligrosa para los defensores ambientales, una posición que ocupa desde 2012, año en el que Global Witness -una organización no gubernamental internacional fundada en 1993 que lucha «para romper el círculo vicioso de pobreza, conflictos, corrupción y violación de los derechos humanos en el mundo»- comenzó a publicar sus informes.

Desde esa fecha, Global Witness ha estado recopilando datos sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.

4 asesinatos por semana

En 2020, entre los países que registraron el mayor número de asesinatos también figuran Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua. Son datos del más reciente informe de Global Witness –julio 2020- el cual hizo conocer que 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados durante el 2019; la mitad de los homicidios ocurrieron en Colombia y Filipinas.

“En 2020, registramos 227 ataques letales, lo que establece un promedio de más de cuatro personas asesinadas por semana y lo convierte, una vez más, en el año más peligroso registrado”, informaron en 2021.

En septiembre del 2021 publicaron: “Casi el 30% de los ataques están relacionados con la explotación de recursos (forestales, mineros y de agroindustria a gran escala), represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructura. De ellos, la explotación forestal fue el sector vinculado a la mayor cantidad de asesinatos, con 23 casos”, asegurando que, una vez más, se mantuvo el número desproporcionado de ataques contra pueblos indígenas y que las mujeres suelen enfrentar un doble desafío: la lucha pública para proteger su tierra y la lucha, a menudo invisible, para defender su derecho a manifestarse dentro de sus comunidades y familias. Hablando de familias, una de cada 10 personas defensoras asesinadas fueron mujeres.

Mujeres en primera línea contra la “política de muerte”

Las publicaciones especializadas han resaltado el papel de las mujeres en la lucha por la defensa de la Casa Común. En Colombia, casi todas las muertes de activistas ambientales se vinculan con la sustitución de cultivos ilícitos. La colombiana Francia Márquez, defensora ambiental y Premio Goldman 2018, insiste en que hay “una política de muerte” que no toma en cuenta el cuidado de la “casa grande, el planeta”.

Los defensores ambientales, del territorio, de derechos indígenas y afrodescendientes “estamos dificultando ese proyecto político. Por eso nos están matando, por eso nos asesinan”. En ese país, el Cauca es uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender el ambiente. En 2019, más de un tercio de todos los asesinatos de defensores ambientales en Colombia ocurrieron en esa región del suroeste del país.

Por su defensa de la naturaleza y su territorio, Patricia Gualinga —lideresa Sarayaku, un pueblo kichwa del Ecuador— ha recibido amenazas de muerte y ataques. Honduras, país donde el 36 % de su territorio ha sido concesionado a empresas —algunas pertenecientes a políticos locales— y a compañías de capital extranjero para el desarrollo de minas,
hidroeléctricas, proyectos fotovoltaicos y desarrollos turísticos, es uno de los más peligrosos para ser defensor ambiental.

En 2016 fue asesinada la defensora ambiental Berta Cáceres, mostrando un panorama que no ha hecho sino agravarse, según asegura señala Hedme Castro, coordinadora de la Asociación para la Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), organización que trabaja en la documentación de las violaciones de los derechos humanos en el país centroamericano.

Casi el 30% de los ataques están relacionados con la explotación de recursos (explotación forestal, minería y agroindustria a gran escala), represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructura. De ellos, la explotación forestal fue el sector vinculado a la mayor cantidad de asesinatos, con 23 casos.

En México y Venezuela han sido asesinadas familias enteras. Mafias, grupos irregulares armados, carteles de droga, extracción de diamantes y oro a costa de la depredación ambiental y otras actividades ilícitas constituyen cuadros de violencia criminal que se ha llevado las vidas de grupos pertenecientes a comunidades indígenas o familias completas.

Si bien la crisis climática es muy aguda, no lo es menos la realidad que viven los defensores de la ecología en el planeta. De hecho, las organizaciones que dan seguimiento a esta situación, advierten que para garantizar un mañana sano para la humanidad, es preciso cuidar del ambiente tanto como de sus defensores, hoy sometidos a persecución, amenazas y muerte.

Tendencias desalentadoras

Según los datos de que se dispone, la violencia contra los defensores ambientales va en aumento año tras año. En 2018 se registraron 164 crímenes; para el 2019 el número se elevó a 212. Las razones de ese aumento la enumera el portal Mongabay: “Estamos viendo intereses más fuertes sobre la tierra y los recursos naturales para responder a las demanda de los consumidores. Industrias como minería, agronegocios o la explotación de madera están entrando cada vez más a nuevos territorios, en los cuales vemos que las empresas están haciendo acuerdos con políticos corruptos para imponer proyectos”.

“Cuando las comunidades denuncian los abusos y la destrucción causada por los proyectos —señala Ben Leather, investigador de Global Witness— comienzan a recibir amenazas, agresiones y, en algunos casos, asesinatos”.

La corrupción, considera Leather, también está facilitando el cambio climático, al permitir que las empresas “puedan hacer lo que les da la gana, para tener ganancias a corto plazo y a costa de la protección del medio ambiente. Lo que nuestro informe demuestra es que son las y los defensores quienes están denunciando esta corrupción política, esta irresponsabilidad empresarial”.

El campo minado de la minería

La gama de violencias en contra de los defensores ambientales es amplia, según Global Witness. Incluye ataques, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales. El documento no se limita a documentar el número de asesinatos, también señala a las industrias contra las cuales se manifestaron los defensores ambientales.

La minería fue el sector vinculado al mayor número de agresiones; en 2019 se le relaciona con los asesinatos de 50 defensores. Más de la mitad de estas víctimas provenían de comunidades afectadas por la minería en América Latina.

Igualmente se documentó que 34 asesinatos fueron contra defensores que se oponían a la agricultura a gran escala, ese número representa un aumento de más del 60 % si se compara con los datos de 2018.

Élites e impunidad

Los factores de poder son responsables, bien por acción u omisión, de estos crímenes en el continente. Detrás de ellos hay fuertes intereses con los cuales no puede enfrentarse un ambientalista. Y si actúan al amparo de la impunidad, menos que menos. Eso ocurre en nuestros países.

En los asesinatos participan fuerzas estatales como perpetradores. También se sospecha de la participación de actores privados como sicarios, bandas criminales y guardias de seguridad privados.

Como bien señalan los expertos, si los proyectos de minería, tala, construcción de presas o turismo a gran escala no se detienen mientras provoquen violencia, ésta seguirá su curso. Por otra parte, los gobiernos deben colaborar con la sociedad civil para reforzar y aplicar leyes que garanticen el consentimiento de las comunidades indígenas antes de que los proyectos reciban el visto bueno. Gobiernos, policía y sistema judicial son el trípode sobre el cual debe llevarse ante la justicia a los autores de los delitos contra estos activistas y poner fin a la corrupción que fomentan los proyectos empresariales abusivos.

Porque nada podría hacerse si los Gobiernos no garantizan la protección de los defensores de la tierra y el medio ambiente, reforzando el engranaje institucional. La otra cara de la moneda muestra a los países originarios de los proyectos e inversiones, que debe condenar, firmemente y con consecuencias, los asesinatos de defensores y suspender la inversión en las industrias que provocan la violencia hasta que se proteja mejor a los activistas, se lleven a juicio los delitos contra ellos y se consulte a las comunidades sobre los megaproyectos antes de que se pongan en marcha. De lo contrario, es muy difícil que esta seguidilla de violencia se detenga.

El desafío tiene varias caras

El portal del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos explicó: “Muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza de forma abrumadora las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Este poder corporativo irresponsable es la fuerza subyacente que, no solo ha llevado la crisis climática al borde del colapso, sino que ha perpetuado el asesinato de personas defensoras” .

Los cambios no son una opción, son urgentes: “Sin cambios relevantes, es probable que esta situación solo se agrave: a medida que se acaparen más tierras y se talen más bosques en aras de las ganancias a corto plazo, tanto la crisis climática como los ataques contra las personas defensoras seguirán empeorando”.

Y enfatizan sobre la tarea pendiente: “Las empresas y los inversores deben publicar e implementar sistemas efectivos de diligencia debida para identificar y prevenir daños a los derechos humanos y al medio ambiente a lo largo de sus cadenas de suministro y operaciones; adoptar e implementar una postura de tolerancia cero frente a represalias y ataques contra personas defensoras de la tierra y del medio ambiente; y ofrecer reparación cuando se produzcan daños y perjuicios a los derechos humanos y al medio ambiente”.

Para Francia Márquez el gran desafío que tienen los defensores ambientales es “articular nuestras acciones a nivel global; así como la ‘política de la muerte’ se articula en un sistema global, nosotros tenemos que articular acciones de resistencia a favor de la vida. Salvar nuestra casa grande es la responsabilidad colectiva que hoy tenemos como humanidad”.

La pregunta de Global Witness sigue latiendo: “¿Cómo vamos a proteger al planeta si no podemos proteger a quienes defienden el planeta?”.-

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