Que Venezuela haya ocupado el último lugar en el Índice de Estado de Derecho 2021 de World Justice Project, donde entre 139 países se mide la salud de la legalidad en cada nación, eso es previsible. Esto dada la situación por todos conocida. El informe acaba de ser publicado.
El asunto serio es lo que hay detrás. Se informa que entre las razones que ubican a Venezuela en el último lugar de la lista, están las relacionadas con los límites del poder del gobierno, el cumplimiento de las leyes y la justicia penal. Eso es muy grueso.
En Venezuela el poder cada vez es más discrecional e impune. Las leyes poco a poco se han convertido en un traje a la medida del régimen imperante. Además la justicia penal está "echada", vergonzosamente al servicio de un proyecto político totalitario.
En Venezuela el ciudadano –para la ley-, la persona –para quienes creemos que su dignidad es inalienable porque ha sido creada a imagen y semejanza de Dios- son conceptos vacíos. Hay sólo una voluntad y una voz. El poder no conoce balances y la justicia se ha vendado los ojos, no para impartirla sin sesgos, sino para ignorar lo que ocurre.
Una muestra patente es lo que viven los presos políticos en el país. Como dice el jesuita Alfredo Infante, director del Centro Monseñor Arias Blanco, lo de ellos y sus familiares es un verdadero vía crucis:
“La situación de desprotección y violación de derechos humanos que viven los presos políticos en Venezuela configura un patrón sistemático, que expresa una política de criminalización de la disidencia y que puede ser catalogado como crimen de lesa humanidad”.
Recordó varios casos que le ha tocado seguir de cerca:
“El jueves 14 de octubre se comunicó con nosotros Belitza Petit, esposa de Omar de Dios García. Omar es miembro del equipo jurídico de la diócesis de Coro y activista de DD.HH. de la organización Fundaredes (capítulo Falcón), y se encuentra arbitrariamente detenido por razones políticas. Cuando arrestaron a Juan de Dios y a los hermanos Rafael y Javier Tarazona (miembros de Fundaredes), el patrón aplicado fue el de detención y desaparición forzada. Luego, y gracias a la difusión del hecho por las redes sociales, se pudo saber el lugar donde los tenían recluidos. Desde entonces se encuentran incomunicados. Los familiares están angustiados”.
Terminó con un ruego: “En nombre de Dios, hacemos un llamado a la conciencia de los responsables de las instancias decisorias, para que recuerden y se dejen interpelar por el mandato de Dios “no matar” y vuelvan su corazón al hermano, respetando la vida, para recuperar el Estado de derecho y el reencuentro como país”.
Hay un caso, tal vez el más emblemático por sus características y su rango, un concejal en ejercicio, electo por el pueblo, de ejecutoria intachable, asesinado estando detenido por la policía del régimen. Es el que tiene que ver con Fernando Albán.
El 8 de octubre pasado se cumplieron tres años del asesinato del concejal Fernando Albán mientras estaba bajo la custodia de funcionarios del Sebin, en Caracas. «A tres años del asesinato del concejal Fernando Albán persiste la impunidad. Ni autores materiales ni la cadena de mando del Sebin han sido sancionados», escribió en un tuit la ONG Provea.
Recapitulando, recordamos que inicialmente el gobierno aseguró que el concejal Fernando Albán se había suicidado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas. Luego, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, relató que el concejal había estado en la sala de espera del Sebin de Plaza Venezuela para ser trasladado a la corte, cuando se lanzó por una ventana provocando su muerte. Posteriormente, el mismo Fiscal General admitió que fue asesinado en ese lugar y su despacho solicitó orden de aprehensión contra los dos funcionarios del Sebin que lo custodiaban. La ex Fiscal Ortega Díaz aseguró, por su parte, que la autopsia efectuada al cadáver fue practicada por una persona sin credenciales para ello.
En efecto, la Misión Internacional en Caracas entrevistó a un experto forense especializado en los Protocolos de Estambul y Minnesota, el doctor Ozkalipci. El especialista indicó que las fotografías y la información revelaron que la calidad profesional de la autopsia estaba muy por debajo de las normas internacionales. El médico forense hizo constar a la Misión que tampoco consiguió indicios de que quienes realizaron la autopsia hayan buscado pruebas de tortura o malos tratos, violencia sexual, asfixia, drogas alucinógenas o sedantes.
Informes forenses con contenidos diferentes, firmados por médicos distintos con credencial de “médicos integrales comunitarios”, fueron entregados a la familia. Los funcionarios bajo cuya custodia estaba Albán ofrecieron declaraciones contradictorias con la versión oficial de los hechos que llevaban a la conclusión de que no hubo suicidio alguno. La ventana por donde supuestamente habría saltado no lo permitía por su estructura y, ¡oh detalle!, las grabaciones de las cámaras de seguridad del décimo piso –donde tenían a Albán- no existían.
Otro que hizo escuchar su opinión fue el ex decano emérito de American University Washington College of Law (Auwcl) y profesor de la Academy on Human Rights, Claudio Grossman, quien indicó que el Fiscal nunca llamó a los familiares de Albán para hacerle una autopsia independiente. “El abogado del concejal Fernando Albán fue perseguido y tuvo que salir de su país. Hay una responsabilidad de las autoridades superiores en este asesinato”, advirtió.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen de Nicolás Maduro anunció, a dos años del asesinato del concejal Fernando Albán, que los cargos imputados contra del Sebin fueron anulados.
Entre recovecos legales para retrasar la causa y enterrarla, tanto como malabarismos para confundir a la opinión pública, lo cierto es que ese crimen sigue sin castigo, lo cual es otro crimen. Y es la responsabilidad del Estado la que está comprometida acá.
Ha sido la Iglesia la que ha denunciado con mayor fuerza el caso. Otras ONG también lo han hecho pero, siendo Fernándo Albán un joven político, católico comprometido, la institución alzó su voz de manera contundente. Especialmente el recientemente fallecido cardenal Jorge Urosa Savino, amigo personal de Albán, fue tajante en el momento en que ofició la misa de cuerpo presente: “Albán era un hombre sereno y de gran entereza, eso es completamente extraño” (el que se haya quitado la vida). Por esta razón, desestimó la versión y pidió justicia.
Al cumplirse un año de “la trágica muerte” del concejal Albán, el arzobispo emérito de Caracas reclamó nuevamente “una investigación imparcial y que los responsables sean castigados”. Y así, cada vez que se repetía la fatídica fecha.
Mario Massone, abogado y amigo de Albán escribió en octubre de este año : “Fui testigo de excepción del inmenso esfuerzo del Cardenal Urosa Savino por la integridad de la vida de su amigo Fernando Albán”. Asevera que intentó salvarlo tanto como pudo.
Por esa vía, hizo revelaciones muy importantes al portal Analítica sobre las gestiones del prelado:
“A tres años del asesinato de Estado de mi amigo Fernando Alban, revelo hechos desconocidos para la opinión pública sobre la intercesión del Cardenal Urosa para evitar lo que sucedió. El 6-8-2018, apenas supe del arresto de Fernando en Maiquetía fui a asistirlo. Camino a la Guaira, recibo una llamada y me informan que a Fernando ya lo estaban trasladando, por lo que llamé de inmediato al Cardenal Urosa para ponerlo en autos y me pidió que fuera a verlo a su residencia en La Florida.
Ya en su casa, lo primero que hicimos fue grabar un video en el que el Cardenal Urosa exigía el respeto a los derechos e integridad física de Fernando. Envié el video a Primero Justicia (partido al que pertenecía Albán) y a los medios. Después, el Cardenal Urosa llamó a dos abogados de prestigio pidiendo apoyo para Fernando. Luego, fui testigo de las llamadas que el Cardenal Urosa hizo para obtener tanto el número del despacho como el celular del 'Fiscal' Tarek W. Saab para pedirle explicaciones. Saab se negó a atenderle. El Cardenal Urosa me dijo: 'Memo, esto no pinta bien'".
Es un caso que traemos a colación por ser un recordatorio trágico que tiene el mes de octubre como marco y porque el deber de toda la sociedad es hacer que se les escuche en todas las latitudes, denunciar la injusticia e impedir que se olviden los casos, de manera de protegerse y evitar que se repitan. Pero también porque explican la razón por la que todos los barómetros sitúan a la Iglesia en un lugar especial en el corazón de la ciudadanía. Porque es a través de testimonios concretos como se pone por obra aquello en lo que se cree. Es lo que predica y es lo que hace.
Es un caso de Venezuela el que hemos citado, por su actualidad y dramática pertinencia; pero un repaso por la realidad, uno a uno, de nuestros países encuentra a la iglesia en primera línea en defensa de la vida –en cualquiera de sus formas- de la libertad, de la dignidad, del derecho de la gente a ser escuchada. Acompañando a la gente en sus problemas y penurias. De hecho, se desarrolla un Sínodo bajo esa premisa: la necesaria escucha.
Mientras tanto, el estamento político anda centrado en la agenda del poder, del juego político, pendientes de elecciones y beneficios puntuales, de puestos y de pugnas estériles, a su aire y en sus tiempos cuando las urgencias de la gente están en otra agenda, la de los necesitados, los oprimidos y perseguidos, los que claman por justicia y los olvidados y abusados por gobiernos autoritarios que se disfrazan de democracias.
No extrañan, pues, ambos índices, el de Venezuela detrás de la ambulancia en cuanto a vigencia del Estado de Derecho y la Iglesia punteando en la confianza de la gente, aún por encima de las maltrechas instituciones democráticas.
Porque en la agenda de la Iglesia de Venezuela está la gente y la fuerza de su voz estriba en que ni prebendas -porque no las busca- ni amenazas -porque no las teme- pueden callarla.
