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Una situación que debe ser visibilizada, denunciada, monitoreada y transformada. En Venezuela, llegar a mayor ya es una proeza, pero sostenerse tan sólo de la caridad y la benevolencia de la gente es cuesta arriba. La pandemia ha dejado en el abandono a los abuelos, que quedan atrás cuando los jóvenes emigran para buscar mejor vida.
Esos “ángeles que Dios envía para consolar nuestra soledad”, como se ha referido a quienes tienen la obligación de velar por ellos el Papa Francisco, muchas veces brillan por su ausencia. Los viejos no tienen derecho a sobrevivir en Venezuela, donde parece que estuviera prohibido envejecer y, si se llega a edades avanzadas, que se salve quien pueda. Esa es una política de Estado en este momento.
No existen lugares dignos para tener a los ancianos, a quienes han dado todo por el país y ahora no pueden valerse por sí mismos. Los hogares de tercera edad o ancianatos, públicos o privados debían ser clausurados dadas las pésimas condiciones en que operan. Hay excepciones, claro está –ninguna pública, por cierto- pero ellas confirman la regla. Aún las mejores dejan bastante que desear. En cuanto sea negocio, permanecen abiertas; de lo contrario, cierran o reducen los presupuestos en detrimento de la dignidad y calidad con que deben ser tratados quienes están a su cargo. Todo ello da una idea de cómo las sociedades se van insensibilizando frente al problema. De cómo se van degradando.
El Santo Padre aboga, con ocasión y sin ella, por un trato digno y considerado para los adultos mayores. Alerta sobre los riesgos espirituales, morales y culturales para un país que deseche a sus mayores. Insiste en el significado profundo de quienes ya van de salida para las generaciones que siguen. El aporte de su experiencia es tan valioso que no deben ser olvidados ni relegados.
En Venezuela ocurre todo lo contrario. Para el Estado, son una carga que no desean, una molestia, un sector social al que, si acaso, se le da una limosna. Porque eso y no otra cosa representa la pensión de vejez en un país en plena hiperinflación: $2. Ello, sin mencionar que los grupos familiares tienden a privilegiar la alimentación a los más jóvenes, descuidando muchas veces a los mayores, entre otras cosas, por una falta real de recursos que los obliga a escoger a la hora de distribuir las comidas en casa.
No extraña, entonces, que el índice Help Age International ubique a Venezuela como uno de los peores países del continente para llegar a viejo .
Los adultos mayores son preocupación para alguna que otra ONG, para organizaciones que defienden a los jubilados y pensionados y para la Iglesia. Uno se pregunta qué sería de tantos ancianos vulnerables e indefensos, si no fuera por el plato de comida que reciben de las parroquias y los grupos católicos de voluntarios. Lo que pasa en Venezuela con los mayores clama al cielo.
Convite, una organización no gubernamental que sigue la situación, aportó recientemente los datos de su último informe anual sobre el acceso a la salud y el envejecimiento poblacional en el país.
El panorama no puede ser más desolador. Uno de sus hallazgos: el 86,9% de las personas mayores viven en situación de pobreza. Encontraron “datos alarmantes” como, por ejemplo, que 42% de las personas consultadas “dicen haber tenido que reducir las porciones de comida”.
La directora de proyectos de Convite, Francelia Ruiz, precisó que consultaron a 1000 personas de las cuales “20% dijo que come carne solo una vez cada 15 días y, además, solo 9% de los encuestados dijo que logra cubrir su requerimiento básico”.
Otro de los datos sobre la alimentación es que 66% de los adultos mayores consultados afirmó que extraña comer pescado, pues sostienen que “por los altos costos no pueden tener acceso a este alimento”. Hasta el atún y las sardinas enlatadas, anteriormente de bajo costo, hoy ya escalaron a las nubes.
Es complementario decir que la pensión de los adultos mayores en Venezuela no supera los dos dólares mensuales y, al día de hoy, con el precio del dólar paralelo representa la ridícula cifra de $1,6; y muchos de ellos tienen que acceder a medicamentos para tratar enfermedades comunes, como hipertensión o diabetes y estos tienen precios elevados. Un adulto mayor necesitaría entre $50 y $100 como mínimo para cubrir sus necesidades básicas en un contexto hiperinflacionario.
En lo que se refiere a los medicamentos, hay que recordar que el Estado venezolano mantenía restricciones sobre la industria farmacéutica, las cuales ha levantado pero lo que llega al mercado es tan costoso que la inmensa mayoría de los adultos mayores no tienen acceso a medicamentos. Simplemente, no pueden costearlos. Aún los medicamentos que suelen vender los camiones solidarios en la calle ya están presentando precios que cada vez menos personas pueden pagar.
Unido a ello, lo que pueden hacer organizaciones como Cáritas y otras está igualmente limitado ya que el régimen de Maduro no abre las puertas a la ayuda humanitaria. Lo que llega, va directo a las fauces del gobierno que discrimina y condiciona las entregas de insumos, tal y como viene ocurriendo con las vacunas que protegen contra el Covid 19.
Según la ONG mencionada, el “último índice de escasez general (de medicamentos) se ubicó en 43,6% para hipertensión, diabetes, infecciones respiratorias agudas, diarreas, depresiones y convulsiones”.
Si agregamos datos de la población infantil, según expertos del Proyecto Samán, entre 12 y 13 niños de cada 100 en una parroquia tienen desnutrición aguda grave. Esto satura los posibles servicios de atención y conduce a estos niños a sufrir enfermedades mucho más graves e incluso a morir. Ello, agravado por el colapso de los servicios públicos, la insuficiencia en vacunaciones –lo que hace más compleja la situación- y la precaria dotación del sistema sanitario nacional.
Tenemos una emergencia humanitaria compleja y es distinta a la que siempre fungía como referencia cuando se pensaba en asistencia humanitaria, en países como Haití y algunas zonas de África. Hoy en día, la primera realidad que salta a la vista, por su magnitud y complejidad, es Venezuela con su profunda crisis.
Susana Raffalli es una nutricionista venezolana, profesional acreditada en protección y asistencia humanitaria y defensora de derechos humanos, con trayectoria profesional de más de 20 años en los ámbitos de seguridad alimentaria y nutrición pública en varios continentes. Ella ha llamado la atención sobre la manera de ver la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.
Destaca dos ángulos: el sufrimiento de las personas por múltiples causas «en ámbitos de salud, alimentación e integridad personal de la población en movimiento» y el alcance del trabajo de los activistas dentro del espacio humanitario venezolano. Y expuso las 5 amenazas que atentan contra el servicio humanitario en el país, en entrevista concedida a Radio Fe y Alegría en Caracas, un resumen de las cuales presentaron como sigue:
“La primera es que «el cuerpo humanitario sigue sin vacunarse. Sigue sin recibir la mirada del Estado ni de la cooperación internacional a quienes les implementamos los proyectos. Estamos completamente expuestos, contagiados y hemos perdido gente en el camino».
La segunda amenaza tiene que ver con la crisis de combustible. Problema que Rafalli describe como «muy complejo. Eso ha limitado mucho nuestra capacidad de movilización dentro del territorio. No podemos acceder a los lugares donde la gente está sufriendo».
Como tercer factor que se contrapone a la efectividad de la acción humanitaria es la pérdida de la capacidad de la moneda nacional. «El personal humanitario está manejando ahorita presupuestos en bolívares que se vuelven polvo en cuestión de semanas. Estamos con mucha dificultad para realizar una acción humanitaria transparente y auditable para tener acceso a divisas en un mercado que no es legal», expresó.
El cuarto elemento en contra es más alarmante. La reconocida activista lo denominó como la inseguridad. «Hemos tenido que negociar el acceso humanitario con grupos irregulares paraestatales que están en el control en zonas muy pobres y necesitadas del país», aseguró.
Denunció que no cuentan con mecanismos de articulación para poder moverse con seguridad para proteger su integridad física y preservar la legalidad «de nuestro trabajo».
Finalmente, y como quinta amenaza, mencionó las crecientes trabas que está poniendo el régimen a través de «más requisitos para permitirnos trabajar con legalidad. Tenemos que pasar por una serie de trámites burocráticos en la oficina contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Eso nos limita mucho y nos hace incurrir en procesos que van en contra de nuestros principios humanitarios»”.
No obstante, Rafalli descarta la claudicación. Antes bien, reconoce que aún el tejido humanitario persevera para seguir con su misión de tenderle una mano a quien más necesite. Pero destacó una condición para que este trabajo tenga mucha más incidencia: se debe «fortalecer nuestras capacidades como tejido, organizativo. De hacer planes de contingencia, prever el agravamiento de las cosas en el tiempo, usar la ayuda humanitaria de forma eficiente y rendir cuentas adecuadamente»
El Papa nos recuerda lo que sucedió con Joaquín, el abuelo de Jesús, “que fue apartado de su comunidad porque no tenía hijos. Su vida – como la de su esposa Ana –fue considerada inútil”. “Pero el Señor le envió un ángel para consolarlo. Mientras él, entristecido, permanecía fuera de las puertas de la ciudad, se le apareció un enviado del Señor que le dijo: ‘¡Joaquín, Joaquín! El Señor ha escuchado tu oración insistente’”.
Dios nos vea con misericordia para que, algún día, la vejez sea considerada en cuanto ella vale. Para que nuestros ancianos no dependan de ayudas esporádicas y nada seguras, sino que disfruten de la abundancia que ellos ayudaron a crear. También para que el Estado venezolano genere los mecanismos dirigidos a que el adulto mayor viva con dignidad, asistido, valorado y querido. Para que el Señor proteja y fortalezca a nuestros servidores comunitarios y envíe muchos ángeles que, como ellos, intentan aliviar la situación de tanto desamparado en Venezuela.
