Las manifestaciones que comenzaron el pasado domingo 11 de julio en Cuba –las más importantes desde que se instauró el comunismo hace sesenta años—ya cobraron su primera víctima civil.
Se trata de un hombre de 36 años de edad que participó en la protesta del lunes 12 de julio ante el Consejo Popular Guinera del municipio de Arroyo Naranjo, en el sur de La Habana. Varios más fueron detenidos y otros manifestantes sufrieron lesiones.
Este barrio es uno de los más pobres del extrarradio de La Habana. Las protestas tuvieron como protagonista a las redes sociales, que fueron capaces (como en prácticamente todos los rincones de Cuba) de captar y difundir la movilización, no obstante el gobierno haya cortado Internet.
Los medios oficiales aseguraron que el manifestante fallecido tenía "antecedentes por desacato, hurto y alteración del orden". También que las autoridades investigan las circunstancias de este suceso. Al mismo tiempo acusaron a los manifestantes de agredir a agentes con piedras y armas blancas, vandalizar viviendas, incendiar contenedores y dañar el tendido eléctrico.
Los grupos que se oponen al régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel, especialmente el Movimiento de San Isidro, señalaron a la prensa internacional que hay más de cien personas arrestadas o desaparecidas en la isla desde el domingo pasado.
Sin embargo, según los reportes de la organización internacional Human Rights Watch, los arrestados y detenidos por las manifestaciones superan ya los 150. En este caso, la mayoría en paradero desconocido, lo cual, en Cuba, puede ser un destino muy peligroso.
Los reclamos de estas protestas sin precedentes en las últimas seis décadas son muchos. De todos modos, pueden reducirse al acceso a alimentos, libertad de expresión, de asociación, de creación, religiosa y de prensa que se resumen en cansancio ante la escasez y ante la represión de los derechos humanos básicos.
Y aunado a esto se encuentra el problema de los medicamentos. Según cifras oficiales del Programa de Medicamentos de Cuba, del Cuadro Básico de Medicamentos, que comprende 619, faltaban ya en 2020 más de 116.
La mayoría de estos se venden a través de las tarjetas de control, y su escasez afecta a más de tres millones de pacientes. Y la pandemia de la covid-19 se encuentra en su punto más elevado en la isla. El gobierno ha anunciado que tiene ya la vacuna propia, pero los hospitales se encuentran rebasados en algunas zonas del país.
Hay informes –aún no sustentados—de que entre los detenidos se encuentran algunos seminaristas y miembros de comunidades religiosas. En cuanto al sacerdote Cástor Álvarez, quien fuera detenido en Camagüey el domingo, ya ha sido liberado por gestiones directas del arzobispo de esta jurisdicción.
Los obispos de Cuba han emitido un comunicad. Lo hicieron inmediatamente después de las manifestaciones del pasado fin de semana, en defensa del derecho a manifestarse de la gente que expresa “su malestar por el deterioro de la situación económica y social que vive nuestro pueblo y que se ha acentuado de manera significativa”.
Los prelados cubanos recordaron a las autoridades políticas del Partido Comunista Cubano que los que protestan son personas del pueblo.
“El pueblo tiene derecho a manifestar sus necesidades, anhelos y esperanzas, a su vez, a expresar públicamente cómo algunas medidas que han sido tomadas (por el Gobierno) le están afectando seriamente”.
Frente a la respuesta de represión y violencia en la calle y las declaraciones del Gobierno, en el sentido de que las movilizaciones han sido organizadas por el exterior para desestabilizar a Cuba, los obispos subrayan que “como pastores” les preocupa que la respuesta oficial “sea el inmovilismo que contribuye a dar continuidad a los problemas, sin resolverlos”.
“No solo vemos que las situaciones se agravan, sino, también que se camina hacia una rigidez y endurecimiento de posiciones que pudieran engendrar respuestas negativas, con consecuencias impredecibles que nos dañarían a todos”, recalcan en su comunicado los obispos de la isla.
Fiel a su costumbre, la Iglesia cubana llamó a buscar “la escucha mutua”. Esto para llegar a soluciones favorables que se evitan cuando se imponen medidas unilaterales. También cuando se hacen llamados a la confrontación, aludiendo veladamente al llamado que hizo Díaz-Canel a sus simpatizantes de salir a la calle a responder con la fuerza a los manifestantes.
“La violencia genera violencia, la agresión de hoy abre heridas y alimenta los resentimientos futuros que luego tomará mucho tiempo para superar”, recalcan los obispos en su comunicado; e invitan a todos los actores "a buscar juntos soluciones justas y adecuadas".
Por su parte y en concordancia con los obispos, la Conferencia de Religiosos de Cuba (CONCUR) recordó, a través de una misiva hecha pública esta semana, que los que salen a las calles “no son criminales, son gente común de nuestras ciudades que han encontrado la manera de expresar su descontento”.
Además, en la carta de la CONCUR se proponen cinco puntos para superar la crisis: respetar el derecho de los ciudadanos de expresar sus reclamos de manera ordenada y pacífica; liberar a los encarcelados injustamente; el derecho a la información; no caer en la trampa de la violencia y “escucharse unos a otros para remediar las causas que dieron origen a estas manifestaciones”.
Ya en mayor de 2021, la CONCUR de Camagüey había hecho un comunicado. En este caso sobre “las situaciones dolorosas que estamos viviendo como pueblo con el objetivo de solicitarles alternativas para su alivio”. Y pedían a las autoridades cubanas que “re-direccionar el camino que está causando tanto dolor y asfixia en la población”.
Obviamente esto no pasó y el pueblo, cansado y asfixiado, salió a la calle. Y, por lo que se puede ver durante estos días, seguirá en la calle.
