Gracias al impulso imprimido por el Papa Francisco, quien movió la sensibilidad del mundo cuando alertó acerca de los riesgos que corre el planeta -divulgados en una encíclica que se convirtió en la primera de un pontífice dedicada a este tema- hoy se habla, se piensa y repiensa y se han tomado medidas importantes para comenzar a salvar la habitabilidad de la Casa Común.
El título de la encíclica, "Laudato Si" (Alabado seas en latín), es una referencia a una oración de San Francisco, de quien el Pontífice tomó su nombre papal y que es, además, el santo patrón de la ecología. Fue presentada en el 2015 y en ella el Santo Padre pidió a los más de 1.200 millones de católicos de todo el mundo que unan sus fuerzas a la lucha contra el cambio climático. En la primera gran carta encíclica de su papado, Francisco afirma que el cambio climático es un asunto moral para la Iglesia Católica. Hay que afrontar el cambio climático, sostiene, para proteger tanto a las poblaciones más vulnerables como al planeta.
Todo ello ha traído mucha cola. Comentarios favorables y otros menos, lo cual se deriva del enrevesado conjunto de intereses que medran alrededor de los basurales. Debates y reflexiones. Conferencias y toda clase de iniciativas se suceden para dar concreción a esfuerzos mancomunados a favor del entorno ecológico. Pero, por sobre todo ello, la realidad, a medida que avanza el tiempo, le ha dado la razón al Papa de manera rotunda.
En este contexto, uno de los retos claves es el reciclaje, el manejo de desechos que pueden comportarse como verdaderos deslaves de basura que ponen en peligro a comunidades enteras representando una seria amenaza contra la salud pública y la pureza del ambiente.
Es útil remontarnos a 2018, año en que tuvo lugar la Cumbre Latinoamérica Recicla (Bogotá), la cual discutió aspectos ligados a la problemática, uno de ellos, cómo avanzar hacia un modelo de gestión sustentable de residuos sólidos que reconozca e integre cada vez más a millón y medio de recicladores informales.
Es un aspecto dramático del problema de los vertederos, que no sólo deben convertirse en rellenos sanitarios para que sean seguros, sino que han generado en torno a ellos toda una actividad comercial informal que involucra, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, a un millón y medio de personas que viven de hurgar en esas montañas de desperdicios en plena calle y vender lo vendible que encuentren allí.
El problema es complejo pero países como Colombia, sede de aquella cumbre, han logrado erradicarlo o reducirlo al mínimo. En la región, toda una urdimbre de intereses conspira para retrasar las soluciones. Es todo un desafío avanzar hacia el reciclaje inclusivo. Pero es un reto que hay que acometer sin dilaciones. Siguiendo al pontífice argentino: “Con el alimento que se tira se puede dar de comer a toda la gente hambrienta del mundo”.
Ello pone sobre el tapete la importancia de reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de la cadena alimenticia. Se sabe que en este continente, el aprovechamiento energético de los residuos es prácticamente nulo, así como el reciclaje orgánico, dando lugar al desperdicio de mucha comida.
Son millones de personas en Latinoamérica que se dedican al reciclaje de manera informal -una labor clave en un continente que apenas reutiliza un 10% de la basura que genera-, recicladores que el Covid-19´ ha puesto contra las cuerdas.
Como hay hambre y pobreza, la gente recurre a los depósitos de basura a cielo abierto para procurarse entradas, aunque también la actividad se ha convertido en un gran negocio.
No obstante, el riesgo es una realidad que tocó picos dramáticos en Guatemala, cuando, según relato del periodista Javier Sulé Ortega -desde Bogotá para El País, 2018- “un alud de basura sepultó hace ahora seis años a más de 100 personas en un vertedero a cielo abierto de Ciudad de Guatemala. A pesar de aquella tragedia, unas 10.000 siguen trabajando allí en unas condiciones infernales, rebuscando material reciclable entre toneladas de desechos a cambio de apenas siete dólares al día. Por estas y otras razones, la región, últimamente, parece tener la voluntad de sustituirlos paulatinamente por los llamados rellenos sanitarios”.
No obstante, quienes conocen el trabajo son los recicladores y prescindir de ellos para intentar otros procedimientos era impensable. Así que, hoy por hoy, las organizaciones de recicladores son factor clave en los esfuerzos por hacer del reciclaje un aliado en la cadena de valor industrial y en el desarrollo sostenible. Esas organizaciones, integradas en la Red Latinoamericana de Recicladores (Red Lacre) vienen
fortaleciéndose, reivindicando derechos e incidiendo en la construcción de políticas públicas.
Otros datos emanados de organismos internacionales muestran la gravedad de la situación. En América Latina, según Naciones Unidas, el 80% de la población vive en ciudades, lo que representa altos niveles de consumo y una gran generación de residuos. Se reconoce la necesidad de transformar modelos productivos lineales de extraer, producir y desechar para poder pasar a un modelo de economía circular basado en reducir, reutilizar y reciclar, pero la realidad es que los ciudadanos apenas reciclan. Según datos del BID, solo se recupera un 5% de la basura y el 80% de esta cantidad lo hacen los recicladores. El resto, un 95%, acaba en rellenos sanitarios, vertederos o en el mar.
La idea es trabajar en función de conseguir la aplicación de un Programa de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto que sea sustentable en el tiempo. Lo llaman economía circular cuyo pilar fundamental consiste en la sostenibilidad del planeta. Se ha definido como un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos.
El reciclaje con inclusión empezó a abrirse camino. Perú y Brasil fueron los primeros países de la región en aprobar leyes nacionales de aprovechamiento de residuos sólidos que reconocía como prestadores de un servicio público a los recicladores. Lo mismo hicieron Colombia y Chile. Según otros datos conocidos en la cumbre de Bogotá, esa capital sede, junto a Buenos Aires o Sao Paulo se consideran las urbes que más han avanzado en la inclusión de sus recicladores impulsando normativas que los reconocen legalmente y les retribuye para que mejoren sus ingresos por la venta de los materiales que reciclan. En la capital argentina, la remuneración puede llegar a unos 400 euros.
En Argentina, por ejemplo, buscando respuestas a la salvaguarda y promoción a muchas de las familias más golpeadas por el coronavirus, están desarrollando iniciativas interesantes, inspirados en la prédica del Papa Francisco: “No podemos darnos el lujo de despreciar lo que sobra. Estamos viviendo una cultura del descarte donde fácilmente hacemos sobrar no solo cosas sino personas”. Así que están planteando la articulación de bancos de alimentos con centros verdes municipales y programas de capacitación específicos, primordialmente, creando conciencia de que no se desperdicien alimentos ni sobrantes reutilizables cuando ya son demasiados los niños que pasan hambre.
Roberto Fermín Bertossi, Experto CoNEAU en Cooperativismo, nos habla de cómo los recicladores en cuestión vienen trabajando con la Federación de Cartoneros y la Municipalidad tejiendo vínculos con el Ministerio de Equidad y de Economía Social, tratando de conjugar política pública provincial y municipal en función de conseguir la aplicación de un Programa de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto sustentable en el tiempo.
“Se trata –explica- de una iniciativa del Programa Puntos de Extensión, desarrollado conjuntamente entre las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas, que analiza las cadenas de valor de residuos sólidos reciclables gestionados por una Cooperativa: “La Victoria”, para aportar una herramienta que les permita mejorar su estrategia de reutilización y comercialización; proposición impulsada por la Universidad Nacional de Córdoba que debe y puede encontrar auspicios concretos en materia de promoción, asesoramiento y financiamiento conforme las finalidades específicas del artículo 1°, Ley 23.427/86 (Fondo para Educación y Promoción Cooperativa)”.
Son recuperadores urbanos que trabajan en proyectos diversos los cuales buscan a diferentes actores y referentes de la comunidad para visibilizar a tal población en tanto sujetos activos de la economía circular, un subsistema económico que se manifiesta a través de otros modos de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción, la reutilización y el reciclaje, por encima del producir, usar y tirar.
En esta línea, nos cuenta Fermín Bertossi, “el proyecto analiza las cadenas de valor con el fin de aportar una herramienta que les permita mejorar y ampliar sus estrategias de recolección, acopios, valor agregado, reaprovechamiento e intercambios con impactos sobresalientes: 1) Revalorizar un trabajo ecológico necesario; 2) Lograr una producción creativa que fraterniza y dignifica a cada reciclador al revertir sus fragilidades y vulnerabilidades con concordia ambiental; 3) Superar paulatinamente, injustas humillaciones e indigencias que suelen ultrajarles, irremontablemente”.
Desde el BID comparten la visión del reciclaje inclusivo y apoyan sus procesos. “Lo primero es visibilizar al reciclador como un actor central de la gestión de residuos sólidos en América Latina y dar a conocer que hay casos donde la inclusión de los recicladores ha dado buenos resultados y que pueden ser parte de la solución. En este sentido, hay que seguir identificando políticas públicas y del sector privado para generar estos esquemas de integración”, ha señalado Germán Sturzenegger, especialista social de la unidad de aguas y saneamiento del BID.
Otro funcionario, Ricardo Valencia, llamó la atención sobre un punto crucial: “La economía circular necesita de la ciudadanía con patrones de consumo responsable y exigiendoles a sus políticos y a sus empresas conductas más alineadas con unos valores de sostenibilidad del planeta”.-
