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Como miles de centroamericanos, buscaron entrar a Estados Unidos. No pudieron. Fueron detenidos y deportados a México. Con lo que traían puesto.
El llamado Título 42, emitido en marzo de 2020 por los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) del país del norte –por la covid-19—justificó la medida.
Ahora, madre e hijo se encuentran varados en una de las ciudades más peligrosas de México, donde el secuestro y la violencia ejercida por los grupos de narcotraficantes imponen la ley. No hay muchos visos de que la situación cambie pronto.
Ni las autoridades mexicanas ni los consulados centroamericanos se hacen cargo de estas mujeres y niños que se encuentran viviendo en la plaza pública. Esperan una solución, una ayuda. ¿Regresar a Honduras, a El Salvador, a Guatemala? No está en sus planes.
La ONG Médicos sin Fronteras (MSF), a través de sus voceros en la frontera norte de México afirma que "(Los migrantes están) vulnerables al secuestro y la violencia y sin bienes básicos de primera necesidad como agua potable, refugio, así como servicios sociales o de salud".
El título 42 emitido por los CDC (para evitar la propagación del contagio de coronavirus en Estados Unidos) faculta a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a devolver a México a los migrantes que entren de forma irregular a este país, sin oportunidad de solicitar asilo o protección.
Miles de familias centroamericanas han tenido que abandonar sus hogares por desesperación. La pobreza, la sequía, los huracanes, las pandillas y la pandemia, aunada a la pandemia y a la corrupción política, se van a Estados Unidos como último recurso. Como única alternativa.
Muchos, como Kevin y su madre, no pasan. Se quedan a vivir por meses en este lado de la frontera. Ellos se encuentran en la Plaza de la República de Reynosa.
Desde ahí, caminando, llegan a la orilla del Río Bravo, el río que divide a Estados Unidos con el resto de los países al sur del continente.
Mientras algo pasa, los refugiados en México, que se cuentan por miles, tienen que comer, tener servicios de higiene, servicios de salud.
Son las ONG como MSF Fronteras las que velan por ellos. Tan solo en el campamento de Kevin y su madre proporcionan proporcionan cerca de 150 servicios médicos, psicológicos sociales y de promoción de la salud diarios.
Las deportaciones desde Estados Unidos no se han detenido. Cierto que hay quienes desisten de llegar al “sueño americano”, pero la mayoría intenta pasar una y otra vez. Las imágenes tomadas en el cruce del Río Bravo hacen patente la angustia de familias enteras, con niños pequeños, cruzando como pueden “al otro lado”.
En Reynosa, como en Matamoros, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Ciudad Juárez, Mexicali, Tecate o Tijuana, la cantidad de personas deportadas sigue aumentando diariamente. Y los servicios con los que cuentan, disminuyen en la misma proporción.
Desde marzo de 2020, se han llevado a cabo aproximadamente 618.000 deportaciones bajo el Título 42 y solo en marzo de 2021, cerca de 104.000 personas fueron deportadas, según MSF.
La pregunta que el continente americano en su conjunto debería estarse haciendo es: ¿cómo evitar esta crisis humanitaria que se extiende a lo largo de los años y que parecería no tener solución?
Mientras la responden, si es que la responden, Kevin y su madre seguirán durmiendo al raso, en la Plaza de la República, a 300 pasos del Puente Internacional Reynosa (Tamaulipas)-Hidalgo (Texas).
