Cáritas Ecuador lanza una dura advertencia ante la vulneración de Derechos Humanos en esa zona sur de frontera con Perú. Se pide, entre otras cosas, una repuesta a la emergencia sanitaria y el cese de la militarización.
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La pandemia del coronavirus sigue siendo el tema que mantiene en vilo a América Latina. Sin embargo, de manera paralela, en las últimas semanas el tema de la crisis migratoria en diversos sitios de frontera ha generado amplios llamados de acción. Ya sea en sitios como Chile-Bolivia o Perú-Brasil, lo que acontece con millones de personas que se movilizan en busca de un futuro mejor no se ha podido detener ni en tiempo de pandemia.
Recientemente, un nuevo sitio fronterizo se ha convertido en noticia. Se trata de la localidad de Huaquillas, una de las ciudades más pobladas de la Provincia de El Oro. El lugar, que tiene frontera con Perú, ha sido escenario de la presencia de centenares de venezolanos. Hace poco trascendió que permanecían en las calles a la espera de poder cruzar a Perú.
Los migrantes venezolanos suelen usar ese paso para dirigirse a la zona sur del continente, luego de pasar por Colombia y Ecuador. A pesar necesidad de brindar una respuesta humanitaria ante lo que sucede en la zona, las fronteras permanecen militarizadas. Entre otras cosas, porque se trata de una medida que también busca contener el avance del coronavirus.
Cierre de fronteras “hace rato”
No obstante, tal cual comentó a Aleteia la referente nacional de protección de Pastoral de Movilidad de Cáritas Ecuador, Claudia Gallardo Sandoval, “las políticas de cierre de fronteras se vienen implementando hace rato”.
“La restricción inicia en junio del 2019 donde cuando Perú empieza a pedir visa a las personas venezolanas. Para agosto del mismo año Ecuador también exige visa a personas venezolanas para ingresar al Ecuador. Esto ya representó estancamiento de migrantes en las fronteras”, expresa.
Pero esto se va agravado debido a que persiste la preocupación por situaciones vinculadas al paso por sitios irregulares, trata de personas y hasta funcionamiento de grupos delictivos.
“Hace unas semanas Perú definió militarizar toda la frontera para reducir el cruce por pasos irregulares, esto resulta en el estancamiento de más de 400 personas. Entre ellas mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y niños”, continúa Claudia.
Fuerte pronunciamiento
La situación en esa zona de Ecuador ha provocado que organizaciones vinculadas a la Iglesia como Cáritas hayan lanzado un fuerte pronunciamiento. Esto ante la vulneración de Derechos Humanos en esa zona (ver comunicado aquí).
En ese sentido, un reciente comunicado de Cáritas Ecuador proporcionado a Aleteia hace referencia a un relevamiento realizado en los primeros días de febrero. A través del mismo, se indica, “se pudo observar que las necesidades de la población en movilidad humana son agudas y con altos riesgos para migrantes”.
El mensaje de Cáritas también menciona que la situación es crítica no solo para los migrantes, sino también para los habitantes de la zona.
“La ciudad de Huaquillas no tiene las condiciones para albergar a todas estas personas que no están accediendo siquiera a agua potable en una ciudad costera (calurosa) en contexto de pandemia”, especificó Claudia a Aleteia.
¿Qué se está haciendo desde Cáritas?
La respuesta de Cáritas no solo se traduce en visibilización de la “crisis humanitaria”, sino también en acción.
“Cáritas por un lado brinda asesoría jurídica sobre regulación migratoria y acceso a derechos y asistencia psicosocial para acompañar a las familias para cubrir sus necesidades emergentes”, indica Claudia.
“Si bien la base da Cáritas queda en la ciudad contigua (Machala) las compañeras están yendo diariamente a Huaquillas a entregar comida preparada, porque los kits de alimentos no sirven si no tiene donde cocinar y asistencia en derechos. También estamos gestionando fondos para compras de medicamentos”, recuerda.
Una respuesta y cese de militarización
Por último, la referente de Cáritas Ecuador en aspectos de movilidad se atreve a mencionar la necesidad de que el gobierno nacional ofrezca una respuesta a la emergencia humanitaria. Según Claudia, esta tarea hasta ahora solo la están realizando ONG y agencias de Naciones Unidas.
Por otro lado, el pedido de que cese la militarización. Para Claudia esto “está exponiendo aún más a las familias al pensar la migración desde la lógica de la seguridad nacional y no desde principios de Derechos Humanos”.
“Estás políticas están provocando separación familiar y vulneración de derechos estamos participando de las reuniones de articulación con otras instituciones pero el estado no ha dado respuesta efectiva sin el estado no podemos hacer mucho”, afirma Claudia.
“Por ejemplo, una organización quiere donar baños y duchas pero ni gobierno local ni el gobierno nacional quiere hacerse cargo de la gestión y mantenimiento del lugar”, concluye.
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