La nueva ley de educación, la LOMLOE, conocida en la calle como ley Celaá, se ha convertido en una nueva versión de las leyes educativas socialistas que nacen sin consenso y que esta vez toma como referencia la LOE (2006).
La LOE es el patrón para acelerar planteamientos cada vez más alejados de la Constitución de 1978. Aprobada en el Congreso el pasado 19 de noviembre (2020), anda aún a la espera de su ratificación en el Senado y el definitivo plácet, de nuevo, en el Congreso de Diputados.
Es una ley con unos principios que delatan, abiertamente, posturas que persiguen arrinconar progresivamente la educación concertada. Y, en esa dirección, relegan la asignatura de religión, que se convierte en una materia no evaluable; y que, además, se puede convertir en una carga curricular, en una asignatura añadida para los que la escojan.
En segundo lugar, apuesta por la educación comprensiva, por la inclusión llevada a su extremo y por una voluntad igualatoria, que rebaja el nivel académico y penaliza la búsqueda de la excelencia.
La misma LOMLOE en su desarrollo es muy clara hablando del enfoque comprensivo que más adelante analizaremos:
“La adopción de estos enfoques tiene como objetivo último reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, cuyo principal eje vertebrador es la educación comprensiva”.
La libertad de enseñanza en peligro
La LOMLOE, a día de hoy y si no se da una modificación (va a ser difícil),se aparta de la libertad de enseñanza, tal como recientemente, en sus sentencias, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional (74/2018) en base a la Constitución española de 1978:
“La libertad de enseñanza se concreta por tres vías: el derecho a crear instituciones educativas, el derecho de los padres a elegir el centro y la formación religiosa y moral que desean para sus hijos, y el derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar a desarrollarla con libertad”.
La ley Celaá se desentiende de estos presupuestos y crea una planificación unilateral de plazas por parte del Estado, que convertirá a los centros de la concertada en un apoyo subsidiario y hasta prescindible, con la voluntad de hacer crecer la red de centros de titularidad pública.
Y hacer crecer la red pública de centros artificialmente, sin tener en cuenta que aquellas plazas ya estaban cubiertas por la red concertada. Y estaban cubiertas sencillamente porque así habían sido elegidas por los padres, asunto este que la LOMLOE olvida.
¿Qué hará la LOMLOE al respecto?: irá derivando estos alumnos de la red concertada hacia la red pública con argumentos de eficiencia en el gasto, por ejemplo. Es preciso hablar con claridad: estamos ante una forma sutil de apuntar, por parte de la izquierda, hacia una escuela “única, pública, laica y gratuita”.
Un viejo objetivo de la izquierda
Alcanzar este sueño es muy difícil con la Constitución en la mano. Pero estamos ante una batalla que se viene librando desde hace décadas. Este es el conflictivo tema que ya se discutió en los años 1977 y 1978, cuando se elaboraba el artículo 27 de la Constitución sobre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.
Entonces se logró un trabajoso pacto escolar que reconocía la libertad de enseñanza, la libertad de promoción y dirección de centros. El Estado se comprometía a sostener, no solo la red pública, sino la red concertada, siempre que cumpliera los requisitos fijados por la ley. Y también aseguraba la enseñanza de la religión en todos los centros.
Parece ser que la izquierda continúa bregando con aquel antiguo objetivo en la mente, aunque la claridad con la que se ha pronunciado la Constitución española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sea incontestable.
Conflicto constitucional
Consecuentemente, la ley Celaá se sitúa también en un claro conflicto con la legislación internacional y los tratados suscritos por España en las últimas décadas. Estamos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, y que sigue en protocolos, cartas y acuerdos también de las Naciones Unidas, UNESCO y la Unión Europea.
En esta dirección, en coherencia con la visión global de la izquierda, la religión también va sucesivamente siendo arrinconada como asignatura de peso y evaluable.
El viejo sueño laicista de la izquierda sabe que los límites están claros, dado que los principios de la libertad de enseñanza están recogidos en la Constitución (y en abundante legislación internacional). Pero no ceja, y aspira a lograrlo parcialmente, desatendiendo la red de centros concertados que son mayoritariamente confesionales y que tienen la religión como apuesta central solicitada por los padres.
¿El objetivo, la libertad religiosa?
De hecho, se pueden estar dando unos pasos hacia un menoscabo de la libertad religiosa que solo quedan apuntados, pero que muestran síntomas preocupantes en distintos ámbitos.
Creo que esta ideología de la izquierda laicista y uniformadora (en esa constante voluntad de uniformarla oferta educativa) también está detrás del veto a que la escuela diferenciada por sexos reciba conciertos.
De nuevo, no se tiene en cuenta que este tipo de escuela, una oferta más en el marco de la libertad de enseñanza, haya sido reconocida por la UNESCO como una opción pedagógica plausible, siempre y cuando chicos y chicas reciban un currículum idéntico.
La ley Celaá argumenta esta decisión, que implica retirar la financiación a la diferenciada, amparándose en un pretendido objetivo igualitario, porque sabe que el argumento de la segregación choca con las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
Esperemos que esa nueva asignatura de Valores cívicos y éticos que anuncia la LOMLOE no sea una nueva excusa para transmitir más ideología y acallar, una vez más, la voz de la escuela cristiana disidente. Tal como sucedió con la Educación para la ciudadanía de la LOE, es decir, la anterior ley socialista del 2006.
Los límites de la educación comprensiva
Todos estamos de acuerdo en que la escuela debe atender la diversidad, acoger, integrar a los alumnos de ritmos distintos, alejarse de modelos disciplinarios antiguos y modernizar los métodos. Debe hacerlo poniendo énfasis tanto en los procesos de enseñanza (la tarea didáctica del maestro) como en los procesos de aprendizaje (la recepción educativa del alumno).
Hay pues que personalizar la educación atendiendo a los más rezagados para que no queden excluidos en aras a una educación equitativa y de calidad. Sin embargo, estos principios no se pueden llevar hasta extremos uniformizadores, cuando la inclusividad acaba convirtiéndose en un camino para que todos acaben superando los cursos, para que todos progresen, olvidando la exigencia y la excelencia que toda educación comporta.
La ley Celaá es una ley comprensiva. Con este propósito, desde la Nueva Pedagogía (que tiene a Rousseau su primer portaestandarte) muchas escuelas, muy a menudo públicas, acaban apostando por extremos tan desaconsejables como que el alumno elija lo que quiere estudiar y todo se centre en la voluntad del estudiante, del discente.
El niño construirá su saber, dicen, dirigirá su aprendizaje y el maestro será solo el facilitador de sus progresos, más que un docente que instruya en los contenidos básicos del currículum: lengua, literatura, geografía, matemáticas.
¿Qué pretende la Nueva Pedagogía?
Para mucha educación comprensiva el objetivo es la armonía social, el trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo más que instruir en “prescindibles” (para ellos) contenidos de lo que conocemos por cultura general.
Mucha de la Nueva Pedagogía quiere convertir el aula en una utopía social como proyección del cambio que la sociedad necesita. Pura ideología. El alumno no debe ser muy frustrado y no debe repetir curso, se dice.
Se debe valorar su aportación porque si lo desplazamos de su aula, o lo mandamos a formación profesional prematuramente estamos ejerciendo sobre el un acto de dura segregación. Eso solo lo hacen las escuelas selectivas (a menudo elitistas, concertadas, privadas, dicen) demasiado obsesionadas por los resultados.
Para la escuela comprensiva la escuela de los itinerarios (en inglés, por ejemplo), la escuela de los contenidos y del esfuerzo es la escuela elitista al servicio de los intereses de los privilegiados.
Y la escuela comprensiva no puede dejar a nadie por el camino y para lograr este fin igualitario defiende trabajar las capacidades y habilidades por encima de muchos contenidos que para esta visión “nada” aportan. Se trata de aprender a aprender y el saber enciclopédico está en Google, se dice, y lo que importa es el hacer, el saber hacer.
¿Utopía?
Yo no veo conflicto: creo en las competencias y en la instrucción. Y también creo en la memoria y en la capacidad de conocer las capitales del mundo y la historia universal. Y en esa voluntad de no dejar nadie atrás la escuela comprensiva rechaza que pueda haber alumnos más inclinados a la práctica (FP) o más inclinados a la teoría (Universidad).
Para atender la diversidad todos deben llegar hasta 4º de ESO, aunque algunos desde primero ya habrían elegido la creación de joyas o la ebanistería. Y llegan menos preparados porque, como señala el pedagogo Gregorio Luri, la escuela se acaba convirtiendo en un parque de atracciones. De ese modo se empieza a denostar el examen, la reválida, el rendimiento de cuentas.
La utopía dice que no se debe presionar al niño, al discente dado que el objetivo es disfrutar aprendiendo. Y estoy de acuerdo con que en educación infantil y en parte de la educación primaria eso sea posible.
Sin embargo, cuando nos acercamos al final de ESO y el bachillerato, estamos ante la selectividad y los grados universitarios no pueden asumir la progresista aula-utopía. La escuela en secundaria empieza a exigir resultados, porque la sociedad necesita profesionales capaces.
Pero la competitividad, el trabajo duro no fomenta la convivencia. ¿Importa más la utopía que la competitividad y la productividad? ¿Qué hacer? ¿Qué pasa en otros países?
Hoy celebramos a...