Condenan a Inocente Orlando Montano (77), quien era viceministro de Seguridad de El Salvador, a purgar una pena de 133 años, 4 meses y 5 días de prisión
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Las atrocidades cometidas durante la guerra civil que enfrentó a El Salvador del 15 de octubre de 1979 al 16 de enero de 1992 (doce años, tres meses y un día) son incontables. Campo de batalla de intereses internacionales y fruto de la enorme represión social ejercida por el Gobierno, el pequeño país centroamericano quedó desgarrado. Y con heridas aún abiertas.
El enfrentamiento que involucró, principalmente, a las Fuerzas Armadas de El Salvador, grupos paramilitares y rebeldes, encabezados por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dejó cerca de 75.000 muertos (en su mayoría civiles), 550 desplazados internos y más de medio millón de salvadoreños refugiados en otros países.
Entre las atrocidades más señaladas, además del asesinato, mientras oficiaba Misa del arzobispo de San Salvador, san Óscar Arnulfo Romero, se encuentra el asesinato a sangre fría de seis sacerdotes jesuitas (cinco de ellos españoles y uno salvadoreño), de un ama de llaves y de su hija el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad de Centroamérica José Simón Cañas, mejor conocida como la UCA.
Crimen de carácter terrorista
Después de casi 31 años, finalmente se hace justicia, tras de que ayer, 11 de septiembre, los jueces de la Audiencia Nacional de España condenaron al ex coronel salvadoreño que lleva el paradójico nombre de Inocente Orlando Montano (77), quien era viceministro de Seguridad de su país, a purgar una pena de 133 años, 4 meses y 5 días de prisión.
Montano fue encontrado culpable de participar, diseñar y ejecutar el plan para matar a los jesuitas. El tribunal español lo encontró responsable intelectual de cinco delitos de asesinato “de carácter terrorista”. Es, hasta el momento, el único acusado que ha recibido sentencia. En El Salvador nadie ha tocado la prisión tras este atroz crimen.
El ex militar salvadoreño negó en múltiples ocasiones haber participado en el hecho de sangre que, sin duda, catapultó el fin de la guerra civil, misma que concluyó –al menos en el papel—el 16 de enero de 1992 cuando, en la Ciudad de México, se firmaron los Acuerdos de Chapultepec.
Montano, quien fue extraditado en 2017 de Estados Unidos, donde residía, compareció en silla de ruedas ante el tribunal español que le dio 26 años, ocho meses y un día por cada uno de los cinco jesuitas españoles asesinados. Como lo hizo en ocasiones anteriores, se declaró “inocente”.
Incluso llegó a asegurar que no tenía nada contra los jesuitas ni contra la Iglesia católica, pero testigos durante el juicio –que se llevó a cabo durante los meses de junio y julio de este año—aseguraron lo contrario: que el ex coronel Montano consideraba a los jesuitas de la UCA unos “traidores”.
Las causas de la sangre
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, un pelotón del batallón Atlacatl de la fuerza armada de El Salvador –ese tiempo bajo las órdenes del coronel René Emilio Ponce, en la administración del presidente Alfredo Félix Cristiani—entró en el campus de la UCA con la única consigna de acabar con la vida de los jesuitas.
Éstos, con el padre Ignacio Ellacuría al frente, habían participado activamente para lograr un acuerdo negociado entre el Gobierno y el FMLN mediante el que se pusiera fin al enfrentamiento armado. Esto fue suficiente para que miembros del Gobierno y el Ejército pusieran en la mira a la UCA, como un nido de rebeldes y que el padre Ellacuría apoyaba la causa guerrillera.
La Fiscalía y la Asociación Pro Derechos Humanos de España documentaron la acusación mostrando cómo Montano fue clave en la masacre. Miembro de un grupo de oficiales de ultraderecha conocido como “La Tandona”, el ex militar terminó confesando que consideraba al padre Ellacuría y a sus compañeros de la UCA “cómplices” del FMLN.
También lo inculpan documentos de la Comisión de la Verdad de El Salvador; documentos desclasificados de Estados Unidos (tanto del Departamento de Estado como de la CIA) y sus propias acciones. Un día antes del crimen, Montano usó la emisora de radio oficial para amenazar de muerte a los sacerdotes de la UCA.
Fallo histórico
El fallo emitido ayer por la Audiencia Nacional de España –que solo pudo juzgar a Montano como autor intelectual de cinco de los ocho crímenes cometidos esa mañana en la UCA—es considerado como un fallo histórico, al poner en la cárcel al primero de los muchos implicados en la masacre.
“Ha quedado acreditado que los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, como núcleo decisor colegiado, entre los que se encontraba Montano, decidieron ejecutar a la persona que de forma más intensa y efectiva impulsaba, desarrollaba e intentaba llevar a las dos partes en conflicto a la paz”, el padre Ellacuría, según el fallo de la Audiencia Nacional española.
El móvil de los asesinatos fue el siguiente: “al ver amenazada su situación de poder y de control en los planos militar, político, social y económico del país” los altos mandos militares (entre ellos Montano) dieron la orden de acabar con la vida del rector de la UCA, sin dejar ningún testigo vivo de los hechos. “Fue terrorismo de Estado”, concluyó el fallo.
“En definitiva, el papel de la Iglesia como mediadora para tratar de acabar con la sangrienta guerra civil le granjeó la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios”, terminó diciendo el fallo de la Audiencia Nacional.
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Los mártires de la UCA
Las víctimas –conocidas como “Los mártires de la UCA”– fueron: Ignacio Ellacuría S. J., español, rector; Ignacio Martín-Baró S. J., español, vicerrector académico; Segundo Montes S. J., español, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA; Juan Ramón Moreno S. J., español, director de la biblioteca de Teología; Amando López S. J., español, profesor de Filosofía y Joaquín López y López S. J., salvadoreño, fundador de la universidad y estrecho colaborador de Ellacuría.
Como la orden era no dejar testigos, en la ejecución –que intentaron camuflar como si hubiese sido realizado por los propios
rebeldes—acompañaron a los sacerdotes jesuitas, Elba Ramos, salvadoreña, empleada doméstica y ama de llaves de la casa de los sacerdotes y su hija, Celina Ramos, salvadoreña, de 16 años.
Tanto el padre López y López, como Elba Ramos y su hija Celina esperan, ahora, que la justicia salvadoreña cumpla su papel y se les haga justicia. Y con ellos todo el pueblo de este país que mira al pasado y se encuentra con los muros de la impunidad todavía intocados.
