Sancionan al cardenal de Barcelona por un funeral por los fallecidos por la Covid-19 en la basílica de Gaudí: el gobierno sólo admitía a 10 personas dentro del temploEl gobierno de Cataluña ha abierto un expediente sancionador contra el arzobispado de Barcelona por no obedecer la norma impuesta de que solo entraran 10 personas en el funeral por los fallecidos por la Covid-19, celebrado este domingo 26 de julio en la basílica de la Sagrada Familia, obra del genial arquitecto Antonio Gaudí.
La Sagrada Familia es el templo más emblemático y más visitado de Cataluña. Estas imágenes permiten entender por qué:
Sin embargo, el pasado viernes el gobierno catalán sí autorizó la apertura del famoso templo de la Sagrada Familia de Barcelona, y la entrada de turistas, en un número muy superior.
El funeral, al que asistieron unas 130 personas (menos de una cuarta parte del aforo) lo presidió el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Tras múltiples negociaciones y razonamientos, con todas las autoridades, municipales y autonómicas, y ante la cerrazón del gobierno catalán, el cardenal Omella decidió celebrar el funeral.
Asistieron familiares de los fallecidos, y personas que arriesgaron su vida durante la pandemia, como médicos, enfermeras, personal sanitario, bomberos, operadores de las ambulancias, periodistas, etc.
La ceremonia fue retransmitida por varias emisoras de televisión y de radio. Ninguna autoridad civil participó en el funeral.
Libertad
Por su parte, el cardenal Omella presentó una causa judicial contra el Departamento de Salud catalán por intentar conculcar “la libertad religiosa y la libertad de culto”, protegidos por la Constitución Española.
Limitar el aforo a 10 personas es “injusto y discriminatorio”, dijo en una nota el arzobispado.
Esta es la vez primera vez -que se recuerda- que el gobierno y la Iglesia en Catalunya se enfrentan y el asunto es llevado a los tribunales de Justicia.
La actitud de la Iglesia católica ha sido y es ejemplar en el cumplimiento de todas sus obligaciones sobre el coronavirus, y las relaciones, desde el final del franquismo, siempre habían sido amistosas y de cooperación entre ambas instituciones.
En su homilía, el cardenal Omella destacó que se habían observado las más rigurosas medidas de seguridad y que era justo celebrar este funeral que no pudieron tener quienes murieron de coronavirus los pasados meses.
Apeló a la unidad entre todos, y al espíritu de concordia para hacer frente a la crisis económica y social que provoca esta pandemia.
En las otras diócesis catalanas tampoco se siguió la orden de que entraran solo 10 personas en las respectivas catedrales.
El gobierno catalán actualmente es independentista y tiene abiertos muchos frentes, no solo por los rebrotes del coronavirus en estos momentos, sino por el cierre de empresas como Nissan, y de comercios, y el turismo, que pasa por unos momentos muy duros este verano a causa de las decisiones de varios gobiernos europeos de no enviar turistas a España, y a Cataluña en particular, a causa de los nuevos rebrotes del virus.
La recuperación de la vida económica y social de Cataluña va a ser muy dura, como la de toda España, y una gran parte de Europa y América.
Para esta recuperación se necesita unidad, cooperación entre las distintas instituciones, diálogo y comprensión. Solo le faltaba al gobierno catalán el problema de enfrentarse a la Iglesia, permitiendo la apertura de lugares de culto solo a 10 personas, en todos los casos.
Desde el arzobispado se dice: ¿Cómo se pueden celebrar los funerales con solo 10 personas? Es decir, con el cardenal como celebrante, cuatro ayudantes y unos monaguillos. “Esto es ridículo y va contra el derecho al culto y a la libertad religiosa”, dicen fuentes del arzobispado.
En el templo expiatorio que es la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona se celebraron el domingo con toda solemnidad los funerales de los miles que murieron en el silencio y la soledad, sin poder ser asistidos, ni por sus familiares, ni por los sacramentos.
Ahora muchos familiares han recibido el consuelo de una ceremonia religiosa, como hubieran querido en medio de la pandemia y que no fue posible.
Más choques
Por otro lado, y para abundar en buscarse problemas con la Iglesia, la consejera de Justicia del gobierno catalán, Ester Capella, quiso, en un informe, reclamar algunos bienes de la Iglesia, porque los considera indebidamente immatriculados.
El arzobispo de Urgell, Joan Enric Vives, protestó la semana pasada por este informe que, dijo, no se ajusta ni al derecho ni a la historia.
Lo mismo dijo después, en una nota, la Conferencia Episcopal Tarraconense, formada por diez diócesis, diciendo que la Iglesia no se ha apropiado absolutamente de nada que no era suyo.
Antes no era necesario inscribir los bienes de la Iglesia -templos, catedrales, basílicas, templos, capillas, seminarios, edificios y terrenos parroquiales- en el registro de la propiedad, dado que esta ha hecho uso de ellos desde hace siglos.
Ahora la legislación española dice que hay que darles una titularidad y la Iglesia los ha inscrito en el registro de la propiedad.
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