Las declaraciones en video muestran que estaban al tanto del tráfico de órganos y tejidos como resultado de abortos, aunque la ley prohíbe expresamente su venta
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La organización norteamericana Center for Medical Progress (CMP) dio a conocer unas declaraciones en video en las que algunas ejecutivas del grupo de clínicas de aborto Planned Parenthood confiesan su participación en la venta ilegal de partes de cuerpos de bebés abortados.
En la publicación, hecha el 26 de mayo, la CMP subrayó que las declaraciones de las ejecutivas “contradicen afirmaciones anteriores por la Planned Parenthood de que la red nunca ha participado en la venta de partes de cuerpos de bebés abortados y que simplemente las había donado y recibió compensación por los gastos”.
El escándalo del tráfico de órganos y tejidos de bebés, obtenidos tras abortos perpetrados en instalaciones pertenecientes a la red de clínicas, surgió en 2015, cuando la CMP dio a conocer los primeros videos en que funcionarias del grupo admitían este intercambio. La red, sin embargo, negaba enfáticamente el delito, incluso demandaron jurídicamente a quien divulgaba los videos de denuncia.
Estados Unidos prohibe la comercialización de tejidos y órganos de bebés abortados. La legislación permite solamente su donación para fines de investigación, con el respectivo reembolso de gastos de transporte y el proceso. Las declaraciones de las ejecutivas, sin embargo, demuestran la práctica de la venta propiamente dicha: las partes de los cuerpos de los bebés abortados eran vendidas al laboratorio StemExpress, que investiga células madre, y el laboratorio solo pagaba cuando las partes obtenidas eran evaluadas como “útiles” para sus investigaciones.
Entre las declaraciones hechas en video están las de Tram Nguyen, directora regional senior de la Planned Parenthood, y de las doctoras Dorothy Furgerson, directora de una de las clínicas de la red, y Deborah Nucatola, ex directora senior de los Servicios Médicos de la red en el ámbito nacional.
Otros documentos publicados comprueban que las ejecutivas de la sede nacional del grupo sabían de la práctica ilegal.
A este respecto, la CMP declara:
“Los documentos muestran que algunos centros de la Planned Parenthood recibían más de 10 millones de dólares en solo un mes. Ha llegado la hora de las consecuencias federales para la Planned Parenthood. Ellos mentirán a la población y al Congreso, pero no cabe duda de que ellos vendían partes de cuerpos de fetos, comercializando con bebés vivos en el útero y tratando a las mujeres embarazadas como un campo de comercio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene que aplicar la ley contra el tráfico fetal con el más alto nivel de prioridad”.
