Todos los análisis coinciden en que Latinoamérica aún no conoce los violentos picos que la pandemia puede alcanzar. Si ello es cierto en países con gobiernos que lo enfrentan, unos con más eficacia que otros, pero todos pensando en su población y apertrechándose lo mejor que pueden, no es complicado concluir que el país más vulnerable, el menos preparado y el que enciende todas las alarmas es Venezuela.
La propia Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, acaba de cuestionar la falta de transparencia del gobierno de Nicolás Maduro en el tratamiento de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Y sugiere que las medidas de excepción solamente deben ser centradas en el objetivo de superar de manera efectiva los efectos de la crisis sanitaria.
La declaración de Bachelet aborda dos tópicos que revisten la mayor pertinencia si queremos hacer un análisis a fondo de lo que ocurre en Venezuela con el Covid-19. En primer lugar, el tema de la transparencia en el manejo del problema y en la información a la población. El segundo es algo, si se quiere, aún más peliagudo: las medidas restrictivas que han sido impuestas por el gobierno y que apuntan más al control social que a la prevención y gerencia de salud pública adecuadas a la emergencia.
La información ha pasado a ser “alarma”
Desde el comienzo de esta dura e incierta etapa, todas las urgencias parecen haberse alineado para hacer miserable la vida del venezolano. De hecho, el país está convencido de que hay “virus” más peligrosos que el coronado. Uno de ellos es la desinformación.
Un dato revelador es que solamente dos altos funcionarios del régimen han sido autorizados para declarar sobre la situación. No son médicos y mucho menos científicos. Sólo políticos. Los profesionales del área han sido, no solo hechos a un lado sino amenazados con prisión en caso de informar pues, según palabras del segundo de abordo en el tren ejecutivo, estarían “alarmando a la población”.
Hay que apuntar acá que Venezuela es un país el cual, desde siempre, se ha destacado por tener un staff de brillantes epidemiólogos/infectólogos. El ser un país tropical ha impulsado hacia la excelencia a esta especialidad. El doctor Arnoldo Gabaldón, eminente médico investigador, entre 1950 y 1960, organizó la primera campaña nacional en el mundo contra esta enfermedad, mediante la utilización de dicloro difenil tricloroetano (DDT), la cual permitió que Venezuela se convirtiese en el primer país en erradicar la enfermedad. Venció admirablemente el paludismo y su éxito le valió ser llamado para participar en conferencias y asesorar contra la epidemia en los cinco continentes.
Mientras en todas partes del mundo los ciudadanos reciben un parte epidemiológico diario, en Venezuela los epidemiólogos están silenciados. Lejos de alarmar, eso tranquiliza. La falta de información enerva. En Venezuela prefieren que las personas ignoren de qué se trata. Ello ha generado una incertidumbre que, por ratos, deviene en el temor de no saber qué es lo que nos espera, en qué terreno estamos parados. Un trabajador del mercado público, lugar riesgoso de hecho, nos decía el otro día: “Aquí no habrá pandemia porque para Venezuela no viene nadie, ¡ni a traer virus!”, decía jocoso.
La Academia Nacional de Ciencias Físicas y Matemáticas dio un paso al frente y presentó, hace unas semanas, un modelo matemático que permitía proyectar lo que sobrevendría. De inmediato, los académicos fueron fustigados y amenazados desde el poder con sanciones que contemplaban la privación de libertad. La solidaridad del resto de las academias y la protesta generalizada a través de las redes sociales no se hizo esperar y, hasta ahora, no ha pasado nada más.
Otras anomalías ocurren con los test de despistaje del Covid-19. No se permite su práctica sino a instituciones sanitarias controladas por el régimen. De esa manera, es cuesta arriba tener acceso a cifras que permitan constatar cuál es la evolución del virus. No en balde, la ONU ha sido clara al dictaminar que un 98% de las pruebas aplicadas por el gobierno de Nicolás Maduro son “defectuosas” para usar exactamente el término empleado por el organismo.
En pocas palabras, sin información confiable ni pruebas confiables, es perfectamente comprensible que todo el continente se encuentre en alerta y muy preocupado ante la perspectiva de que Venezuela se convierta en el epicentro de la pandemia en América Latina.
La extraña cuarentena
Venezuela va para tres meses en cuarentena. Los partes del régimen son confusos. Por semanas solo se hablaba de unos pocos casos y menos muertes. De un día para otro, anuncian un número preocupante que baja al día siguiente sin saberse exactamente la razón. De repente, se hizo un pico de la noche a la mañana cuando de 200 o 300 casos se pasó a casi mil.
Las cifras aportadas por el tren gubernamental de Maduro son erráticas y parecen depender más de otros factores, económicos y políticos, más que sanitarios o epidemiológicos. La cuarentena se ordenó cuando se tuvo la certeza de que la gasolina comenzaría a faltar. La gente bromeaba diciendo: “Sí, este es el virus gasolina-2020”.
Maduro y sus colaboradores se felicitan de haberse adelantado a los brotes y decretado confinamiento. Dicen que ello es lo que ha contribuido a mantener el virus a raya. Que las medidas fueron acertadas y que aquí eso no sería como en otros países…
El caso es que, como observaba una enfermera: “Venezuela es un país que no puede lavarse las manos. ¿Qué resuelve la encerrona?”. Y es que la cuarentena puede aplanar la curva por un tiempo, pero no detiene los picos.
Pero el llamado aislamiento social es muy extraño en Venezuela, por decir lo menos. Las más importantes arterias de las ciudades y carreteras están vedadas a la circulación. El estamento militar ha tomado, si cabe, mayor control de todo lo público. Si falta el agua, ellos deciden a dónde van las cisternas; si falta la gasolina, ellos deciden cuales estaciones de servicio surten a quienes; si se trata de transportar alimentos, ellos aguardan en los peajes y dificultan los traslados; con las medicinas hay otro problema: están tan caras que sólo un porcentaje minúsculo de la población tiene acceso a ellas.
Las cadenas de complicidades, corrupción y privilegios alrededor de estas necesidades tan básicas para la población son, en verdad, perversas. Consideren que la gasolina, que cuesta céntimos de euro el litro en Europa, acá -país petrolero- ya va para 3 pesos el litro con la perspectiva de que pronto aumente en el mercado negro. La gente ha optado por comprar 10 litros y hacer la diligencia que necesite. Si es un camión de agua para llenar los tanques a una vivienda, ya ronda los 50 pesos y en algunos casos ha llegado a 80 pesos. Simplemente, impagable.
Las zonas populares de las ciudades han venido presentando una permanente aglomeración. Sin mascarillas suficientes, la gente sale a buscar lo que necesita. El negocio de las entregas a domicilio ha proliferado y, como es de esperar, los motorizados se apiñan alrededor de los surtidores de combustible esperando llenar sus tanques para poder circular. Todos los días, a toda hora, el transporte público que aún rueda, está repleto de gente que no guarda las mínimas normas sanitarias recomendadas. No tiene cómo. No hay mascarillas ni supervisión adecuada.
Es como si el control social se aplicara solo a la clase media, a la que tiene capacidad de respuesta, a fin de mantenerla encerrada. Al sector mayoritario, el menos pudiente, se le da rueda libre pues el temor a que se produzca un estallido popular está siempre acechando como un fantasma por los pasillos del Palacio de Miraflores.
Los cabos sueltos
Desde el punto de vista de la proyección hacia afuera, la cosa no es menos grave. Es incontrolable la discrecionalidad con que se manejan las cosas en Venezuela. Si el gobierno quiere dejar entrar a tal o cual persona o grupo, entra. Sin importar si hay restricción de vuelos nacionales e internacionales, es el régimen el que decide si despegan o aterrizan a pesar de que las pocas líneas comerciales que quedan han registrado pérdidas incalculables.
Otro imponderable es la frontera. A Maduro le faltó tiempo para señalar al presidente colombiano como el responsable de “enviarnos la pandemia”. Pero no menciona el pavoroso descontrol que Venezuela tiene de su lado, donde deambulan seres humanos a la buena de Dios, sin la menor asistencia.
Lo más tétrico es el panorama que le espera a cualquier paciente que se aventure por nuestros hospitales. A eso le teme el venezolano, a tener que pisar uno de ellos, y ese sentimiento es lo que ha logrado que mucha gente se quede en sus casas. Los hospitales carecen de lo más elemental: no hay instrumental, no hay equipamiento, no hay ni agua. Los médicos y personal sanitario trabajan con las uñas, una situación que precede, de largo, al coronavirus.
Crónica sin cifras
Es común que entre los venezolanos se pregunten: “¿Conocen alguien que haya tenido o tenga coronavirus?”. La respuesta invariable es “no”. La gente presume que el gobierno inventa los casos o, desde otro punto de vista, simplemente infla o desinfla las cifras a conveniencia. En todo caso, sabe que no dice la verdad.
1.177 casos positivos y 10 muertos es lo que divulgan hasta ahora. Se adjudican ese “triunfo”. Maduro anunció la flexibilización de la cuarentena para la semana entrante pero muchos dudan de que ello sea posible: por un lado, amenaza con anuncios de medidas que podrían revolver el ambiente y arreciar el aislamiento; por otro, ciertas voces que hablan entre dientes, pero voces confiables de científicos que siguen la pista a lo que ocurre, aseguran que el pico será tan alto que sobrepasará con creces el número de camas disponibles en los hospitales.
A pesar de ello, Maduro se refirió a la “nueva normalidad vigilada y protegida” que incluirá flexibilizar la cuarentena para la reactivación de los diferentes sectores económicos, que arrancaría el próximo lunes 1 de junio. Insistió en la “vigilancia” que mantendrán y explicó que donde haga falta cuarentena local o parcial se aplicará y “si hace falta toque de queda, llegaremos a eso”, se cuidó en advertir. Deja la puerta abierta a más y mayores restricciones.
Pero esta crónica, responsablemente, no debía incluir cifras porque, sencillamente, no las hay. Y hay que insistir en que las cifras no las están aportando los científicos sino los políticos que el régimen autoriza al respecto.
Hay, no obstante, indicios y testimonios que han llevado a la Iglesia a emitir alertas. La Arquidiócesis de Caracas publicó sus líneas pastorales y entre ellas recomienda mantener las misas online:
“Nos ha sorprendido el aumento de contagiados en los últimos días. Según las autoridades han surgido nuevos brotes, no importa si son de origen importado, son hermanos nuestros y lo que interesa es atenderlos adecuadamente en la situación actual”.
Incluso, se le pide “encarecidamente” a los sacerdotes no visitar los hospitales “por precaución y prevención, ya que no se cuenta con los insumos y materiales necesarios para dicha visita, y la información de parte de ellos es insuficiente”.
José Manuel Vivanco, de Human Rights Watch, dijo en una entrevista para La Tercera de Chile: “Las cifras que el gobierno reproduce no son creíbles. Esta es la opinión de médicos especializados de la Universidad Johns Hopkins con quienes hicimos el estudio. El acceso a jabón es del 30% y la escasez de gel alcohólico es del 96%, según las encuestas. Las estadísticas más conservadoras señalan que en un país con la población de 30 millones de Venezuela si el 1% se contagia, hablamos de 300 mil contagiados y ellos dicen que tienen mil”.
Es obvio que a ningún país hermano conviene que Venezuela se convierta en el epicentro de la pandemia. Hay diversas razones para ello. No sólo por la capacidad de exportación de calamidades de que hemos hecho gala en los últimos años, sino porque la ausencia de experticia y de controles sanitarios agravaría la situación y podría, incluso, comprometer los avances que los demás países han venido cumpliendo en la reversión de su propia emergencia.
El verdadero núcleo de la destrucción es de orden espiritual
El régimen considera a la ayuda humanitaria una amenaza a la “soberanía” del país, cuando sabemos que eso es inaceptable pues la asistencia de ese tipo en emergencias -en el mundo civilizado- se impone a cualquier otra consideración y no tiene nada que ver con soberanías o interferencias políticas de ningún tipo. Pero, en realidad, permitir su entrada es más bien visto por ellos como un descrédito de sus políticas y una evidencia de su fracaso. Mantenerse en el poder a costa de la salud de su propio pueblo es una prioridad para Maduro. Eso está claro, tanto para los venezolanos como para la comunidad internacional. Pero el asunto es de qué manera ello está agravando una situación humanitaria cuyos estragos afectarían al resto de los países.
La Iglesia ha sido la punta de lanza en la asistencia a la población. Los sacerdotes, en cada parroquia, identifican los casos más necesitados y multiplican esfuerzos para elevar el número de mercados de comida desde el apoyo de la comunidad. Cáritas es la promotora.
Un operador comprometido con el trabajo eclesial –quien pidió no ser identificado- revelaba para Aleteia que las reuniones con los organismos europeos y norteamericanos que desean proveer ayuda humanitaria están “francamente alarmados” y muy preocupados por la negativa del régimen de Maduro a dejar pasar la ayuda. Han dicho que esto potencia las probabilidades de que se exacerbe una pandemia la cual, desde Venezuela, afecte severamente a otras naciones.
Hace pocos días, la Conferencia Episcopal Venezolana hacía público un comunicado donde denunciaba el agravamiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas del sur del país, tras el inicio de la pandemia del coronavirus y el extractivismo. “Ante esta situación, exigimos en nombre del Dios de la Vida, Padre de Jesucristo y Creador de todo cuanto existe, que se detenga esta barbarie y se realice ante la pandemia un plan de atención para los pueblos indígenas, so pena de ser partícipes de este genocidio en desarrollo”.
En las últimas horas la Iglesia volvió a emitir un comunicado sobre la situación actual donde exhortan a un acuerdo nacional inclusivo:
Arzobispos y Obispos de Venezuela dirigen Exhortación en tiempos de pandemia: "Necesitamos una concertación entre todos y un acuerdo nacional inclusivo" https://t.co/uDVx3Xnkuhpic.twitter.com/TJ42Cu75R1
— Conferencia Episcopal Venezolana CEV (@CEVmedios) May 28, 2020
Como dijo en días pasados el excelente analista Francisco Plaza, profesor de Filosofía Política, en su más reciente ensayo:
“Entendida en toda su magnitud el alcance de la destrucción totalitaria, es necesario reconsiderar que (…) incluso si cayera el régimen, el espíritu totalitario permanecería vivo entre nosotros si no recobramos el sentido del bien y la justicia, imprescindibles para el verdadero ejercicio de la libertad humana. Todo esfuerzo de reconstrucción material e institucional no podría durar ni surtir efecto sin una nación reunida en convicciones morales comunes (…) El reto es reconstruir sobre una destrucción que va mucho más allá de la devastación material e institucional del país. El verdadero núcleo de la destrucción es de orden espiritual pues lo que en definitiva el totalitarismo corroe es aquella visión compartida de lo bueno y lo justo que nos constituye como nación. Sólo una nación re-unida en el bien y la justicia puede superar el mal que siembra un régimen totalitario”.
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