Si bien es cierto que la cuarentena en todo el planeta consiguió controlar los índices de violencia, y delitos varios, no ha sido así en la atípica Venezuela. En una sola semana murieron de manera espantosa casi 50 reos en un penal por causa de un intento de fuga y en el barrio más grande de toda Latinoamérica –ubicado en la zona sureste de la capital- si bien se ignora el número de víctimas, lleva una semana viviendo el terror de enfrentamientos a tiros entre bandas armadas.
Una vecina de la zona, mujer humilde atrapada entre el miedo y la necesidad de acudir a su trabajo, consultada por Aleteia, se expresó así:
“Estamos cerrados, no dejan que circulemos por ninguna parte. A cada momento hay que echarse al suelo para evitar las balas perdidas. Tenemos hijos y estamos aterrados. ¡Que Dios nos agarre confesados!”. Más cerebral se expresaba un analista: “Se entrecruzaron la violencia social, económica y política, construyendo un escenario catastrófico. No hay poro de nuestra vida que esté exento de los efectos de este mal. Se trata de una violencia sistémica, estructural”.
El estado de alarma activó la zozobra
Según el Observatorio Venezolano de Violencia, a pesar de la medida de cuarentena social decretada desde el 16 de marzo por el gobierno de Nicolás Maduro a causa de la pandemia del Covid-19 (coronavirus), siguen configurándose hechos de violencia en la región capital, a lo que se suma el abuso de poder por parte de los cuerpos de seguridad municipales y estatales para hacer cumplir la orden gubernamental.
A su vez, la ejecución de la medida de cuarentena también ha dado cabida a prácticas cuestionables por parte de los cuerpos policiales y militares.
“Estos hechos dejan ver –enfatizan- que a pesar de las medidas tomadas durante el estado de alarma decretado por el gobierno para combatir el Covid-19, la situación se presta para que se cometan con exceso acciones violentas o a discreción de los funcionarios para resguardar la seguridad de los ciudadanos ante esta pandemia”.
Más impresionantes son los prolongados combates, con utilización de armamento de guerra, entre grupos delictivos que mantienen en zozobra a miles de familias residentes en una barriada caraqueña famosa por su tamaño que excede al de todo el estado Mérida en extensión territorial, alcanzando, además, mayor densidad demográfica que cualquier entidad federal del país: Petare, enmarcado en el municipio Sucre de la zona metropolitana de Caracas.
Por más de una semana se han enfrentado esas bandas. Siendo Caracas un valle y con la caja de resonancia del cerro El Ávila detrás, los tiroteos se escuchaban por doquier, día y noche. Ha sido solo al cabo de siete días cuando el régimen resolvió presentarse en el lugar. Los accesos a Petare, en el estado Miranda, amanecieron este viernes 8 de mayo completamente cerrados luego del operativo mixto policial que inició el régimen de Nicolás Maduro para, supuestamente, capturar a alias Wilexis y su banda.
El diario El Nacional titulaba: “Nadie puede salir: cerrados los accesos a Petare tras fuerte operativo policial”. Así describen la decisión de Nicolás Maduro de desplegar sus fuerzas policiales luego de varios días de enfrentamientos entre bandas rivales en el barrio José Félix Ribas.
“Con indignación y asombro –se lee en el editorial del Boletín del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco– durante varios días hemos sido espectadores de una guerra sin cuartel, entre mega bandas delincuenciales, en el sector José Félix Ribas de Petare, al extremo este de Caracas, zona suburbana más poblada de la capital venezolana”.
Citan el parecer de analistas según los cuales esto es el resultado de la política de “Zonas de Paz” iniciada por el Gobierno en 2013, mediante la cual cedió los territorios populares a los grupos delictivos que operan en estos sectores, a cambio de fidelidad, apoyo y reducción de la afectación a las comunidades. Ha quedado claro que la situación está fuera de control.
Hacia una catástrofe humanitaria
Un portal de la Asamblea Nacional realizó una encuesta a fin de seguir y evaluar el desarrollo de la pandemia en Venezuela, con énfasis en la prestación de los indispensables servicios públicos a lo largo del confinamiento. El estudio se llama Encuesta Nacional Impacto Covid-19.
95% manifiesta sufrir escasez de alimentos y el 98.6% manifiesta que carece de ahorros para enfrentar los gastos en cuarentena. Al 6 de mayo 92.7% de los encuestados señalaron constantes interrupciones del servicio eléctrico; el 96.7 escasez de agua, con racionamiento y baja calidad del líquido incluidos; el 76% reporta fallas en el suministro de gas doméstico; el 96.7% se queja del transporte público y el 98% denuncia graves problemas para obtener combustible vehicular (con Información del portal Comunicación Continua).
La libre circulación de alimentos y otros insumos se acentúa por la falta de gasolina, aparte de que el gobierno de Maduro sigue empeñado en impedir el paso de ayuda humanitaria. A esto se agrega la nula transparencia en la información, la persecución al personal de salud -ningún médico puede en Venezuela expresar su parecer profesional sobre el coronavirus, so pena de ir preso; de hecho, ya algunos han sufrido la pena- y la acentuada represión.
No es difícil comprender, entonces que la escalada de violencia vaya pareja a estos niveles de insatisfacción. Mientras todo ello ocurre, la tensión crece en el país y hay quienes vaticinan que vamos hacia una catástrofe humanitaria de proporciones inimaginables.
Escenario caótico
La conflictividad social va en incremento, de ello no cabe duda. El ambiente de tirantez podría cortarse con cuchillo. El Ejecutivo, que ha visto en estos días como la situación se le escapa de las manos, acude al expediente de las teorías conspirativas.
Tal cual lo registra el sacerdote jesuita Alfredo Infante, durante la primera semana de mayo de 2020 hemos sido sacudidos por una explosión de violencia generalizada. Según lo registra en su más reciente escrito, “La destrucción de Pdvsa y la depresión de los precios del petróleo en el mercado internacional tienen al país paralizado, sin combustible, lo que ha puesto en alto riesgo el abastecimiento de alimentos en las principales ciudades. Ante este escenario, el Gobierno de Maduro, irresponsablemente, ha reiniciado el proceso de acoso y ocupación de las empresas de alimentos, las únicas que han hecho posible la subsistencia del venezolano”.
Naufragando entre poderes ciegos
Los sectores políticos llevan una agenda aparte del resto del país. Parecen desconectados de la realidad, lo cual nota hasta un despistado. “Hay resistencia –acota Infante- de lado y lado, a pasar del paradigma de la guerra al paradigma de la política, de la palabra, de la negociación”.
Lapidario, describe con presión y pocas palabras lo que sucede: “Cuando creíamos haber tocado fondo, aparecen nuevas estupideces y torpezas que nos hunden más. El ejercicio de la política, por parte de los actores con poder, está haciendo de nuestra tragedia una «tragicomedia», que da vergüenza ajena”.
Y pone la atención que el avance de la política de acoso y criminalización contra las ONG de derechos humanos que, como Provea, exigen el respeto a la vida y dignidad de la mayoría de la población, víctima principal de esta tragedia cotidiana que vivimos los venezolanos.
“Como Iglesia –asegura Infante- seguiremos insistiendo en la necesidad de entender que, sin un acuerdo por la vida, pereceremos como idiotas y que nunca es tarde para negociar y acordar por el bien de Venezuela”.
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