En cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, el gobierno de Colombia elaboró un proyecto de resolución para regular el aborto en los tres casos despenalizados por la ley. Este hecho intensificó nuevamente la polémica en torno al tema: la Iglesia católica y defensores de la vida protestan por lo que consideran inconstitucional, ilegal y contrario a los derechos humanos, mientras que entidades y ciudadanos proabortistas defienden la propuesta.
Para comprender la situación es necesario recordar que en Colombia el aborto está despenalizado para tres causales, desde el año 2006, cuando la Corte Constitucional expidió la sentencia C-355. Las tres causales son: “Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de ovulo fecundado no consentida, o de incesto”.
De acuerdo con esa sentencia, el gobierno debería emitir un marco normativo único para regular lo que llaman interrupción voluntaria del embarazo. En abril de este año, la misma Corte expidió una nueva sentencia para notificar al Ministerio de Salud y Protección Social que en un plazo máximo de seis meses, que se cumplen hoy 24 de octubre, debería emitir dicha regulación, eliminar las barreras de acceso al aborto en los tres casos mencionados y garantizar las condiciones de calidad, seguridad y salubridad en los servicios a las mujeres que tomen esta decisión.
Ante esta orden, el Ministerio elaboró un proyecto de resolución que hizo público para recibir comentarios de los ciudadanos y solicitó a la Corte Constitucional dos meses más para cumplir con el mandato. El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, aseguró a los medios de comunicación que la entidad está cumpliendo un mandato y “pretende garantizar que podemos tener espacios de discusión y recomendaciones en torno a esa regulación final que busca que en esos tres casos tipificados haya seguridad y calidad en la asistencia a las mujeres”.
La Iglesia y el rechazo del proyecto
Frente a las actuaciones del gobierno, la Conferencia Episcopal Colombiana, a través de la Comisión de Vida, publicó un duro mensaje en que asegura que “es imposible legal y lógicamente pretender que una resolución del Ministerio de Salud le dé carácter de derecho fundamental a un delito penal. Aún si la Corte Constitucional así lo afirma de manera irregular”.
Dice la comunicación de los obispos que el ente gubernamental está justificando su actuar en la providencia judicial, pero “olvida el Ministerio que en la misma sentencia se ordenó al congreso legislar el asunto y que dicho cuerpo se ha abstenido valientemente de hacerlo. También olvida que no cuenta con facultades para reglamentar una sentencia de la corte sin que exista una ley que deba ser reglamentada. Y finalmente el ministro parece obviar que en Colombia el aborto es un delito que no tiene cárcel en 3 casos excepcionales”.
En declaraciones posteriores a la emisora Blu Radio, el presidente de la Comisión Episcopal de Vida, monseñor Juan Vicente Córdoba, dijo que “hay un exagerado poder o tiranía de las Cortes, se están tomando atribuciones tremendas. El que debe hacer las leyes en Colombia es el Congreso y nunca el Ejecutivo ni el Judicial”.
Otras voces contrarias al proyecto de resolución vienen de los movimientos provida en todo el país, que han convocado a un plantón frente al Ministerio de Salud y Protección Social.
40 días por la Vida, por ejemplo, invita a través de sus redes sociales y enfatiza que la resolución incluye tres amenazas: “Permitir el aborto hasta los nueve meses; los médicos que sean objetores de conciencia serán obligados a practicar abortos, y criminalizar y perseguir a todas las organizaciones e individuos provida que le brinden una opción diferente a las mujeres en estado de embarazo vulnerable”.
Esta última prohibición les afecta directamente a organizaciones como 40 días por la vida, porque se busca impedir la oración de personas que se reúnen frente a las clínicas abortistas para pedir por el fin del aborto. Otra de las determinaciones que mayores reacciones ha generado es que a este derecho se puede acceder en cualquier edad gestacional, así dice el proyecto: “Las personas menores de edad en embarazo pueden exteriorizar libremente su decisión para la IVE sin que se requiera autorización de sus padres o representantes legales y aun cuando estos no estén de acuerdo con su decisión”.
Ante esto, el ministro de Salud de Colombia insiste en que no hay cambios de fondo y lo que se está haciendo es unificar la jurisprudencia existente. El debate sigue. Es necesario esperar qué efectos tendrán en el texto de la resolución los comentarios de opositores y defensores del proyecto de reglamentación. El gobierno recibirá observaciones hasta el día de hoy, luego las estudiará y hará “las modificaciones que se estimen necesarias”.
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