En más de cien ciudades de Colombia y el mundo miles de personas pidieron el fin de la violencia contra líderes populares y defensores de derechos humanos
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En ciudades como Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Popayán, Cartagena y Medellín, los manifestantes exhibieron una extensa pancarta de tela con los nombres y apellidos de los cientos de hombres y mujeres que en los últimos cuatro años han sido asesinados por organizaciones criminales en diferentes lugares del país, especialmente, en zonas marginadas o poblaciones alejadas de las grandes capitales.
El propósito de la “Marcha por la vida y la paz”, que también este viernes 26 de julio se celebró en ciudades como Madrid, París, Berlín, Buenos Aires y Londres, era “romper la indiferencia de los colombianos hacia el drama que viven los líderes sociales y propiciar la solidaridad con las familias de los muertos y los líderes amenazados”.
En todos los lugares donde se efectuaron las marchas, líderes políticos, congresistas, defensores de derechos humanos, exguerrilleros, sindicalistas, universitarios, miembros de las iglesias, gente del común y familiares de las víctimas expresaron su indignación con los constantes asesinatos y las amenazas a líderes comunitarios.
Otros carteles y pancartas fueron muy dicientes: “Ser líder social no es un delito”; “Los líderes asesinados son una herida para la paz”; “Nos están matando”; “La vida es sagrada”; “Donde la sangre corre, el árbol del olvido no debe crecer, y “Ni uno más”. De todos los mensajes el más recurrente, tanto en el país como en el exterior, fue uno muy sencillo: “No están solos”. También, por medio de afiches fueron divulgadas las fotografías de los dirigentes asesinados, los lugares donde vivían y la fecha donde ocurrieron los hechos.
Para el movimiento Defendamos la Paz, un colectivo surgido luego de los acuerdos suscritos en 2016 ente el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, existen sectores que quieren acabar con esa salida política negociada. Aseguran que con ese propósito se quiere “descabezar, desanimar, eliminar, asustar y exterminar a quienes quieran levantar cabeza, denunciar una injusticia o proponer una reivindicación popular, necesaria y justa”.
La marcha en imágenes (hacer click en galería):
Cifras contradictorias
Las estadísticas sobre el número de líderes sacrificados son muy diferentes. Para el Gobierno de Iván Duque Márquez, desde enero de 2016 a mayo de 2019, los asesinatos fueron 281. Para la Fiscalía General de la Nación —organismo judicial no dependiente del Gobierno— la cifra es de 289 homicidios. Este último dato, con siete asesinatos más, se explica porque incluye reporte de enero de 2016 a julio de 2019.
Estos datos han sido avalados por la Organización de Naciones Unidas —ONU— y con base en ellos las autoridades judiciales trabajan para investigar y judicializar a los responsables. Incluso, ya hay varios detenidos y condenados con penas de cárcel. La misma Fiscalía informó hace pocos días que muchos casos —60 %— han sido esclarecidos. Sin embargo, para opositores del Gobierno las acciones del Gobierno, la Policía y la Fiscalía han sido deficientes porque muchos crímenes siguen en la impunidad, casi nada se sabe de sus autores intelectuales y las cifras de asesinados y amenazados van en aumento.
A estas críticas se suman las estadísticas de otros organismos estatales y particulares que difieren de las divulgadas por el Gobierno, la Fiscalía y la ONU. Para la Defensoría del Pueblo —entidad estatal no vinculada al gobierno— los líderes asesinados entre enero de 2016 y mayo de 2019 son 482, un dato que, según el defensor del Pueblo, Carlos Negret, “es aterrador”.
En idéntico sentido, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz —Indepaz—desestimó las cifras oficiales al señalar que entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de julio de 2019 fueron asesinadas 738 personas vinculadas a organización sociales y de defensa de los derechos humanos. De ellas —recalca esta organización de izquierda— 105 eran mujeres y 632 hombres.
El Gobierno ha señalado que se ha querido politizar la crisis de los líderes sociales atribuyéndole a la actual administración que apenas va a cumplir un año en el poder, gran parte de la responsabilidad. PARA Francisco Barbosa, consejero presidencial para los Derechos Humanos, los índices de homicidios de líderes sociales disminuyeron el 35 % durante el actual Gobierno. Según Barbosa, desde el 2016 hasta mayo de 2019, ocurrieron 281 homicidios, de los cuales, 60 sucedieron durante esta Administración y 221 fueron perpetrados a lo largo del anterior gobierno.
El presidente Iván Duque, quien asistió en Cartagena a la marcha, también cuestionó la politización del fenómeno al insistir que “Este día no es para partidos políticos, no es para causas ideológicas ni de Gobierno y oposición. Es un día para los líderes, para todos los colombianos”. El presidente también señaló entre “los verdugos de los líderes sociales” al Ejército de Liberación Nacional —ELN— y a grupos criminales comprometidos con el narcotráfico y la explotación ilegal de minerales.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo han identificado tres posibles causas para la arremetida contra los dirigentes sociales. La primera, “la recomposición de dominios armados en territorios que estuvieron bajo la influencia de las Farc y quedaron vacíos de poder tras la salida de esa guerrilla. En segundo lugar, la persistencia de otros actores armados que viven de economías ilegales. En tercer lugar, los escasos avances en la implementación de los Acuerdos de Paz.Por su parte, la Conferencia Episcopal, que respaldó abiertamente la convocatoria, pidió a los colombianos “Cerrar filas contra la cultura de la muerte para ser un pueblo que sirve a la vida”.
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