Luego de haber comenzado hace algunos días en Cipoletti, Río Negro, el juicio contra el médico Leandro Rodríguez Lastra, profesional acusado de no realizar un aborto a una madre de 19 años que acudió a la guardia del Hospital de esa ciudad, este martes 21 de mayo fue declarado culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La acusación formal que se le hacía a este médico tocoginecólogo antes del inicio del juicio era precisamente incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber, según acusó la fiscalía, detenido un supuesto aborto no punible en curso.
Sin embargo, este médico aseguró desde que se le acusó y ratificó este lunes 13 de mayo en su declaración ante el juez, que obró con pericia evitando el mayor daño a la madre, y también al niño por nacer, que contaba en ese momento con 22 semanas y 4 días, el equivalente a más de cinco meses de gestación. Finalmente, el embarazo continuó hasta la semana 35, fue interrumpido con una cesárea, y el niño fue dado en adopción.
Según acusó la Fiscalía, la madre expresó deseos de abortar por transitar un embarazo fruto de una violación. Y el protocolo de aborto no punible adoptado por una ley provincial en Río Negro insta a que se le facilite el aborto en casos como estos, incluso sin que medie denuncia policial. Ella acudió al nosocomio tras haber recibido una medicación que debía detener el embarazo aparentemente por parte de una ONG. Sin embargo, por lo avanzado del embarazo, por el riesgo de hemorragias que suponía para la madre que se expulse el niño que ya pesaba más de 500 gramos, con la información que se tenía de su caso, en el Hospital se decidió estabilizarla.
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El embarazo continuó hasta la semana 35, cuando tras un consenso con la paciente y con los distintos profesionales del Hospital, y tras consultas con el Ministerio de Salud y la Jueza de Familia, se acompañó el nacimiento por cesárea y el bebé fue dado en adopción.
La denuncia contra Rodríguez Lastra no llegó hasta varios meses después, ya cuando el debate sobre la posible legalización del aborto rechazada por el parlamento argentino dominaba la parrilla de noticias. No la formalizó la madre, sino la diputada provincial Marta Milesi, autora de la ley provincial por la que la Provincia adhiere al protocolo del ministerio de salud de la Nación.
Rodríguez Lastra no era objetor de conciencia antes de este caso. Sin embargo, a partir de lo ocurrido y por cómo se abordó su juicio médico, rubricó su nombre en el registro de objetores. Lo mismo que todos los obstetras y ginecólogos del Hospital de Cipoletti, y casi todos los profesionales de la especialidad en la región, todos con excepción de uno, según reportó el portal Infobae.
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En la puerta del recinto donde tiene lugar el juicio se sintió el apoyo para el médico. “¿Dónde está la condena para el violador y las socorristas en red?”, se preguntaba una bandera colgada frente al juzgado. En las redes sociales llegaron muestras de cercanía de parte de profesionales médicos de todo el país e incluso el exterior.
También la senadora nacional por Salta Cristina Fiore se solidarizó por la difícil situación que está viviendo el médico por “nada más y nada menos que salvar las dos vidas. La vida de una mamá y de un chiquito que hoy tiene poco más de dos años, y que gracias a acciones valientes como la suya cada día puede ver el sol”.
Tras la declaración de testigos y peritos este martes hubo una resolución. Más allá de la sentencia, la sensación de persecución ideológica sobre el accionar médico ya había encendido la señal de alarma en los profesionales. “Nos genera mucha preocupación esta persecución que estamos recibiendo los médicos”, expresó en redes sociales el doctor. Fernando Secin, uno de los más activos promotores de la defensa de la vida desde el debate parlamentario del año pasado. Él, como muchos otros, médicos, abogados, y tantos otros preocupados con la denuncia realizada contra el médico de Cipoletti, expresa: #TodosSomosRodríguezLastra.
Nota de redacción: Artículo actualizado este 21 de mayo luego de conocerse la noticia de que fue declarado culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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