La Conferencia Episcopal de Chile cerró su asamblea número 118 con su tradicional conferencia de prensa. Hace una semana se firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público y donde monseñor Fernando Ramos, obispo auxiliar de Santiago y administrador apostólico de la diócesis de Rancagua, tuvo que salir a explicar con mayor precisión este documento, que finalmente, a seis días de haberse firmado, fue revocado.
Pero antes de darse a conocer la decisión final Ramos decía lo siguiente ante los medios de prensa: “Es un texto de acuerdo que va más allá de los que nos exige la ley, de manera que toda denuncia que afecta a niñas, niños y adolescentes en temas referidos a abuso sexual llegue a la Fiscalía Nacional. Nosotros estamos dando un paso más de mayor cooperación”.
De forma previa también José Andrés Murillo y James Hamilton, directores de la Fundación para la Confianza, se reunieron con el fiscal nacional, Jorge Abbott. El abogado de dicha institución y de las víctimas de Fernando Karadima, Juan Pablo Hermosilla, señaló lo siguiente a la salida de dicho encuentro: “Fue una reunión muy buena, me queda claro que este fue un convenio en que el Ministerio Público actuó de buena fe, creo que la contraparte, la Conferencia Episcopal, no lo hizo de la misma manera, no actuó de buena fe”.
"El abuso por parte de los consagrados es una herida que nos sigue estremecido" dicen los obispos en su mensaje conclusivo de la 118º AP.https://t.co/aChwUqoCCgpic.twitter.com/EHuX34iGD6
— Conferencia Episcopal Chile (@episcopado_cl) May 3, 2019
Sin embrago, para Alejandro Álvarez, abogado canónico y vocero de Voces Católicas, en entrevista con Aleteia señaló que es “un muy buen acuerdo porque se obliga a quien reciba una denuncia de abuso de hacerla llegar a la Fiscalía en un plazo máximo de 24 horas. Además de entregar datos específicos como nombre de quien cometió el abuso, lugar y fecha”.
Álvarez también fue enfático en señalar que para “las víctimas este acuerdo es insuficiente porque nada podrá reparar el daño causado. Sin embargo, este documento es un avance muy importante y espero como católicos que todas congregaciones religiosas lo firmen. Porque sin duda establece una vara de blancura para ellas.”
El acuerdo despertó suspicacias y durante todo el fin de semana las redes sociales apuntaban a que este acuerdo quedaría en letra muerta, ya que ahora la Asociación de Fiscales publicó que revisarían dicho acuerdo ya que según la legislación presente no sería necesario firmar este documento.
El punto que levanta sospechas -o mejor dicho desconfianza- es que la Fiscalía comunicaría a los obispos y congregaciones de las investigaciones que iniciarían. Juan Carlos Cruz durante todo el fin de semana publicó a través de sus redes sociales que no pararía hasta que “Abott renunciara a su cargo”.
La presión sobre la jerarquía chilena vuelve a estar presente y retoma fuerza sobre los avances en materia de transparencia y reparación.
Nota de redacción: A seis días de haberse firmado el acuerdo finalmente fue revocado este lunes. Artículo actualizado 7 de mayo de 2019.
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