Después de meses de reuniones entre la Conferencia Episcopal y la Fiscalía Nacional de Chile, se firmó el acuerdo entre ambas instituciones para cooperar en mejorar las investigaciones por denuncias de abusos sexuales durante el proceso penal que lleva el Ministerio Público contra miembros de la Iglesia católica.
Es así como se establece que cualquier persona de la Conferencia Episcopal de Chile que reciba antecedentes de abusos tendrá 24 horas para entregarlos a la Fiscalía, además se le informará a la persona que entrega este tipo de información que se dará a conocer a la justicia para su investigación.
Sin embrago, el acuerdo establece que “si el denunciante no desea acudir a la justicia ordinaria, se respetará su decisión. Sin embargo, si los hechos fueron cometidos contra niños, niñas, adolescente o personas en situación de discapacidad que no pudieren libremente hacerla. La CECH informará al Ministerio Público datos básicos de la denuncia (hechos, incluyendo el lugar, nombre del autor, edad de la víctima, etcétera)”.
En estos momentos se concreta la firma del convenio de colaboración entre la Conferencia Episcopal de Chile y el Ministerio Público. En la ceremonia participan el secretario general de la CECh, obispo Fernando Ramos, y el fiscal nacional, Jorge Abbott. pic.twitter.com/OTlg0chZJh
— Iglesia.cl (@iglesiachile) April 30, 2019
El acuerdo no gustó a la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos y la Fundación para la Confianza (creada por las víctimas de Karadima) y a través de un comunicado de prensa donde expresaron su “profunda preocupación” porque dicho acuerdo no es necesario porque es una institución del Estado que debe indagar las acusaciones.
“No entendemos los beneficios que este convenio pudiera traer a la búsqueda de justicia y nos parece más bien un lavado de imagen para los obispos chilenos, hoy sospechados y con razón de ser encubridores y partícipes necesarios de delitos que atentan contra los derechos humanos de miles de chilenos“ dijeron.
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Por su parte, Juan Carlos Claret, miembro de la Organización de Laicos y Laicas de Osorno, aseveró que el acuerdo representa un avance. Sin embrago, subrayó que hay que discutir los mecanismos de secreto al interior de la Iglesia. “Esperamos que no sea un chivo expiatorio para evadir el problema de fondo, que son las causas institucionales del abuso y poder discutir los mecanismos de secreto y silenciamiento de las víctimas que todavía operan dentro de la Iglesia”, afirmó Claret.
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Mientras se daba a conocer este acuerdo, la Compañía de Jesús sufría un nuevo terremoto con la entrevista que dio Marcela Aranda sobre los abusos que sufrió por el sacerdote Renato Poblete, SJ; hechos que están siendo investigados por el abogado laico Waldo Bown.
Fue tal la conmoción y dolor que la Compañía emitió un comunicado de prensa donde expresaban que “los hechos que ella ha denunciado en contra del sacerdote Renato Poblete Barth sj, fallecido en febrero de 2010, son de la máxima gravedad y, por lo mismo, acogemos su dolor y el sufrimiento que ha vivido. Y deseamos que esta investigación se realice con la mayor celeridad posible. Asimismo, queremos que la investigación cuente con el tiempo necesario para alcanzar la máxima rigurosidad”.
Comunicado de Prensa de la Compañía de Jesús a la opinión pública
— Jesuitas Chile (@jesuitaschile) April 30, 2019
Comunicado de Prensa:https://t.co/AlfDgY6Xsx
Además de este comunicado el provincial, Cristián Campos SJ, dio una entrevista por escrita al diario El Mercurio donde dice que se han presentado nuevas denuncias en contra de Poblete y que ya han presentado todos los antecedentes a la Fiscalía.
Se le preguntó sobre los mensajes o comentarios que ha recibido de la misma comunidad y el padre Campos respondió:
“Desconcierto, conmoción, vergüenza, indignación y un profundo deseo de que se esclarezca la verdad. En medio del impacto que ha provocado conocer un testimonio tan devastador, existe la convicción de seguir avanzando para hacernos cargo del daño que hemos causado, con acciones concretas que reparen y hagan justicia”.
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