Dos países centroamericanos, dos iniciativas similares. Guatemala y El Salvador pretenden aprobar leyes que concederían amnistía a militares y ex guerrilleros responsables de delitos de lesa humanidad durante las guerras intestinas que ambos países sufrieron en el último tercio del siglo pasado.
Tanto la comunidad internacional como la Iglesia católica han considerado que estas iniciativas de leyes de amnistía o reconciliación nacional, suponen “un paso atrás” en materia de derechos humanos y podrían reabrir viejas heridas, aumentar el encono social en dos países que viven momentos muy duros de violencia interna, expulsión de familias hacia México y Estados Unidos, y pobreza extrema.
Mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo dependiente de la OEA, exigió al gobierno de Guatemala, encabezado por Jimmy Morales, “que se archive el proyecto de ley”, impulsada en el Congreso, la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEES) señaló que, en su país, la amnistía sería una ley “injusta” que protegería “a los perpetradores de crímenes atroces sin ofrecer reparaciones o protecciones a las víctimas de abusos de los derechos humanos”.
Los números de Guatemala
Los Acuerdos de Paz de Guatemala se componen de doce acuerdos suscritos por el gobierno y la guerrilla, agrupada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG– para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generó el conflicto armado interno, un conflicto que azotó al país durante más de tres décadas.
La firma de los acuerdos definitivos se llevó a cabo el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura. El enfrentamiento empezó en 1960 y dejó un saldo de 250.000 muertos y 40.000 desaparecidos, según cifras de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, patrocinada por la ONU.
Un informe divulgado en 1998 por el sacerdote Juan José Gerardi (quien, acto seguido, fue asesinado brutalmente) determinó que más de 90 por ciento de las masacres que se registraron en la guerra, fueron cometidas por el Ejército guatemalteco. En los Acuerdos de Paz, Ejército y guerrilla negociaron una amnistía para responsables de delitos políticos y delitos comunes durante los años de conflicto, pero no para crímenes de guerra.
Los números de El Salvador
La Guerra Civil de El Salvador enfrentó, durante más de dos décadas a las Fuerzas Armadas de El Salvador y grupos paramilitares con la guerrilla agrupada, principalmente, en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El conflicto se desarrolló entre el 10 de enero de 1981 y el 16 de enero de 1992, cuando se firmaron los Acuerdos de Chapultepec en Ciudad de México.
El conflicto armado dejó una secuela de 70.000 muertos y 8.000 desaparecidos y concluyó, oficialmente, luego de un proceso de diálogo entre las partes, con la firma de los Acuerdos de Chapultepec, mismos que permitieron la desmovilización de la guerrilla y su plena incorporación a la vida política de El Salvador, tanto así que actualmente está por concluir el período constitucional de Salvador Sánchez, miembro del FMLN en su tiempo.
El brazo constitucional de la Corte Suprema de El Salvador ordenó al Congreso, en el año 2016, redactar una nueva Ley de Reconciliación Nacional que entraría en vigor para julio de 2019 y que, desde la perspectiva de sus inspiradores, “conduciría a la verdad, la justicia y las reparaciones para las víctimas del conflicto”.
¿Por qué no son necesarias ambas iniciativas?
En Guatemala, según especialistas, sería una “aberración jurídica”, pues no solamente esta nueva ley contradiría a la Constitución, sino que violaría expresamente los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha firmado este país centroamericano. La sombra del informe del padre Gerardi está detrás de los militares que cometieron nueve de cada diez crímenes de guerra durante el conflicto.
El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala –comisionado del Congreso para la defensa de los derechos humanos y la democracia, pero con autonomía total–, Jordán Rodas, subrayó a este respecto que aprobar la amnistía, “sería una bofetada a todas las víctimas del conflicto armado, personas que no buscan venganza, sino justicia”.
En El Salvador, tanto la CEES como el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, han expresado su desacuerdo con la ley de reconciliación nacional, “porque sería una ley inefectiva, como la ley de amnistía totalmente injusta de 1993, que en lugar de proteger y compensar a las víctimas, las volverán a hacer víctimas otra vez, e irán a proteger a los verdaderos perpetradores, favoreciendo la impunidad”.
“Pedimos a los diputados que rechacen este proyecto de ley y promulguen una ley de reconciliación en el espíritu de la sentencia de la Cámara Constitucional de 13 de julio de 2016, de verdadera reconciliación, mediante el ejercicio de una justicia que proteja y proporcione reparación a las víctimas”, dijo, con claridad, el arzobispo Escobar.
El fantasma de la impunidad recorre, de nueva cuenta, América Central. Y eso es una mala, muy mala noticia para la región. Y para todo el mundo.
Hoy celebramos a...