Reunidos en “cónclave” en Lima, Perú, aseguraron que “la situación es ética y políticamente insostenible”
Convocados por la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe– CPAL, 51 laicos y sacerdotes, incluyendo 19 jesuitas, de distintas áreas profesionales y académicas se encontraron para reflexionar sobre alternativas políticas a la crisis de Venezuela.
El Seminario, que titularon ‘Búsqueda de alternativas políticas a la crisis venezolana’ se realizó en Lima entre el 4 y el 6 de marzo pasados y visibilizó, de manera descarnada, los alcances de lo que ocurre en el país caribeño: “Un pueblo que pasa hambre, que no tiene dónde recibir atención médica, que no cuenta con los mínimos servicios públicos, que sobrevive a pesar del irrisorio valor de la paga que recibe”…“Un pueblo que es perseguido cuando protesta, que vive múltiples formas de control social y político, con un gobierno ahora cuestionado en su legalidad y cada vez más totalitario”, reza el documento final al que Aleteia tuvo acceso y que representan, quizá, el más contundente producido hasta hoy.
Con el apoyo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima y la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, recabaron datos que alimentaron el discernimiento. Y es que la situación ya se hace insostenible, pues las repercusiones de la crisis venezolana está llevando a extremos las capacidades de los países de acogida para hacer frente a la contingencia social. Se escucharon cifras que jamás se habían reportado en el continente: tan sólo Colombia ha recibido 1.800.000 venezolanos y el flujo crece en lugar de mermar.
Revelaron que las deliberaciones del grupo se centraron en tres grandes preguntas:
- ¿cuál es el papel de los diversos actores sociales, políticos y armados en la coyuntura venezolana?
- ¿cuál es la postura de los países y bloques transnacionales de poder que inciden en la crisis del país?
- ¿cuál debe ser el aporte y la ruta de actuación de la Compañía de Jesús a partir de los diversos escenarios probables?
“Somos conscientes –dice el documento final- de que las causas que han llevado al deterioro de la democracia y las condiciones de vida del pueblo venezolano son de vieja data en Venezuela; con todo, la actual situación de miseria y quiebre de la institucionalidad de la democracia es éticamente intolerable y políticamente insostenible”.
Recuerdan que la población de migrantes presentes en casi todos los países de América latina representa al 13% de la población venezolana y evidencian el sufrimiento de “un pueblo que es perseguido cuando protesta, que vive múltiples formas de control social y político, con un gobierno (…) cada vez más totalitario, que ha sido cooptado por un pequeño grupo de intereses corporativistas y que ha dilapidado escandalosamente la riqueza del país”.
Los jesuitas del continente no dejaron pasar la ocasión para reafirmar su misión de servicio en la Iglesia, respaldar plenamente la lucha de sus hermanos obispos de Venezuela, reconocer a la Asamblea Nacional, electa con el voto libre y democrático de los venezolanos, “actualmente es el único órgano del poder público con legitimidad para ejercer soberanamente sus competencias” , sin olvidar afirmar que la ayuda que se requiere para la solución de los problemas actuales de Venezuela amerita que las medidas de presión que se ejerzan desde el exterior “deben ser pensadas de manera que no causen más daño a los que sufren y son afectados por el mal que se pretende corregir”.
Declaran, como centro de su compromiso, las líneas de trabajo acordadas en estos términos: “movidos a compasión ante el sufrimiento de tantas personas y después de analizar con profundidad la situación política, social, económica y geoestratégica de Venezuela buscando alternativas políticas a la crisis actual, los jesuitas queremos seguir:
- impulsando, junto con muchas otras personas y organizaciones, alternativas políticas y de servicio que rescaten la centralidad y la dignidad inalienable de cada ser humano; y por eso rechazamos todas las formas de violar los derechos humanos, y toda manipulación del poder político que pretenda imponer un orden que no reconozca el disenso, la pluralidad, los derechos colectivos de los pueblos originarios, las libertades civiles y políticas, tal como están consagradas en la Constitución Bolivariana de 1999.
- siendo solidarios y reforzar nuestro servicio y atención a los migrantes venezolanos en nuestros países, pues no solamente reconocemos su drama, sino que valorizamos su presencia y la riqueza que aportan en las sociedades que les acogen;
- promoviendo, de diversas maneras, una comprensión cada vez más fina y completa de la realidad venezolana a través del trabajo de investigación, publicación, divulgación, enseñanza y formación que se realiza en nuestros diversos servicios apostólicos para contribuir a reducir la desinformación, los prejuicios y la polarización que existe en la opinión pública y generar una auténtica solidaridad”.
Es, tal vez, el comunicado más duro y contundente emanado de un “cónclave” jesuita en este continente. En la “Fórmula del Instituto” -rememoran- que contiene la quintaesencia de la experiencia y la inspiración de Ignacio de Loyola, se dice que la Compañía de Jesús fue fundada – entre otras misiones – para “reconciliar a los desavenidos”. Somos llamados a ser mensajeros de la reconciliación en la justicia y de la esperanza. (…) Por eso no nos quedamos contemplando únicamente los males, sino que también nos regocijamos con los múltiples signos de solidaridad y de generosidad que descubrimos entre el pueblo venezolano y entre nuestros pueblos hermanos, pues han alimentado la lucha y la resistencia pacífica y activa de las víctimas y sobrevivientes en ese hermano país”.
Terminan citando las palabras del papa Francisco en su discurso final a la 36ª Congregación general jesuita en noviembre de 2016: “la Compañía de Jesús no está llamada a ocupar espacios sino a desatar procesos” y, fieles a esa instrucción, aseguraron permanecer firmes, “calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz”(Efesios 6: 15), en respaldo de aquellos jesuitas que trabajan en zonas de guerra y conflicto.
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