En Chile siguen llegando noticias de que la justicia se mueve más rápido que el clero mientras se esperaban señales más contundentes El cardenal Ricardo Ezzati comunicó a través de una carta pública que decidió “no encabezar” el tradicional “Tedeum por la Patria del 18 de septiembre”. El arzobispo de Santiago está citado a declarar en calidad de imputado, como presunto encubridor de abusos sexuales, por la fiscalía chilena. La presión hacia el cardenal venía de muchos frentes.
El malestar creciente por los casos de abuso sexual, de poder y de conciencia, está exigiendo a la cúpula eclesial de reaccionar pronto y al paso de la justicia ordinaria.
Las palabras del papa Francisco al pueblo de Chile siguen retumbando: “Con vergüenza debo decir que no supimos escuchar y reaccionar a tiempo” (Carta 31 de mayo 2018). Pues, las investigaciones de los abusos cometidos por el clero siguen siendo una bola de nieve y crece el malestar popular.
En medio de las diligencias hechas sobre archivos destruidos, el rol de los obispos y las críticas a su liderazgo, la prensa local denuncia la confirmación de 144 casos de abuso sexual en la Iglesia desde 1960, entre otros. También se citan antecedentes más recientes de al menos tres casos de presunto abuso sexual cometidos por miembros del clero de la Diócesis de Chillán.
Asimismo, el caso mediático de Consuelo Gómez, ex miembro de la Congregación de las Hermanas del Buen Samaritano ha calado hondo en el imaginario colectivo. Gómez estuvo 19 años en la congregación, entre 1998 y 2017.
Ella denunció abuso sexual, acoso y hostigamiento en las comunidades de Chile y España, donde pasó la mayor parte de su vida como religiosa. La Congregación reconoció la denuncia de abuso sexual y pidió perdón por no haber actuado “a la altura”.
Justicialismo no, justicia sí, primero las presuntas víctimas, especialmente infantes en el momento de los abusos, colaborar con la justicia ordinaria y trabajar para prevenir y sanar las heridas de los abusos. Es la política del papa Francisco en continuidad con su predecesor, Benedicto XVI, como dictan las normas vaticanas: “Delicta graviora” (Los delitos graves cometidos por sacerdotes) aprobadas en el año 2010.
Por lo tanto, dejar de confundir el secreto instructor con el encubrimiento sistemático de antaño. Lo primero significa proteger la buena fama de las personas involucradas durante una seria y contundente investigación de los presuntos delitos (Crimen sollicitationis) pensando también en el bienestar de las víctimas.
La opinión pública chilena esperaba de la iglesia local comportamientos consecuentes con el ejemplo de ‘tolerancia cero’ dado por el papa Francisco que ha aceptado la renuncia (28 de junio 2018) de los obispos más a la vista en las acusaciones de encubrimiento del sacerdote abusador suspendido por el Vaticano, Fernando Karadima: Juan Barros, Alejandro Goic y Horacio Valenzuela.
Por otro lado, los nombramientos de nuevos obispos se ha prologando por parte del Papa y del Vaticano, pues no es fácil la búsqueda de pastores con ‘olor a oveja’, menos en el contexto actual de la crisis eclesial y de la baja en las vocaciones.
“No me extrañaría que algunos sacerdotes no aceptaran asumir este servicio”, dijo a la Tercera, el presidente de la Conferencia Episcopal (Cech), el obispo castrense Santiago Silva Retamales. “La renovación de la Iglesia en Chile no pasa sólo por el cambio de los obispos. Lo que está en juego es la capacidad de que, como “Pueblo de Dios”, nos transformemos en fermento y luz del mundo”, dijo ante las críticas que se han formulado a su supuesta falta de liderazgo.
Cabe recordar, que tras su viaje apostólico en Chile (15 al 22 de enero 2018), Francisco en tres meses, revolucionó el panorama de los abusos con una investigación papal encabezada por el arzobispo Scicluna y el curial Bertomeu. Investigación que aún traerá consecuencias, además la fiscalía chilena espera que el Vaticano comparta información de esas pesquisas.
En la carta al pueblo chileno del 31 de mayo, Francisco constató que la visita de sus enviados especiales se originó al constatar que “existían situaciones que no sabíamos ver y escuchar. Como Iglesia no podíamos seguir caminando ignorando el dolor de nuestros hermanos”.
Antes, Francisco nuevamente pidió perdón personalmente tomando las manos y mirando a los ojos de las víctimas de Karadima por defender al obispo Juan Barros producto de la desinformación de sus más cercanos colaboradores y terminó con la convocatoria para viajar a Roma del entero episcopado y, al final, la entrega de las cabezas de los 34 obispos en las manos del Papa por los escándalos de abusos a menores (19 de marzo 2018).
Un mal sistemático con “una herida que desde hace mucho tiempo no deja de sangrar” (carta del Papa a los obispos 8 de abril 2018), en efecto, 14 sacerdotes fueron suspendidos en mayo 2018 por delitos sexuales cometidos presuntamente hace unos 10 años en la diócesis de Rancagua, es decir, se trataba del 20% de los sacerdotes del territorio.
El Papa insiste en su carta al pueblo de Chile que no quiere ver la iglesia como pequeñas elites. Por ello, ante el problema de los abusos ha pedido la “participación activa” de toda la iglesia, en especial del laicado. Instó “a no tener miedo de ser los protagonistas de la transformación” para “poner lo importante en el centro”.
Desde el frente vaticano, el Papa anunció su intención de confirmar de forma definitiva los Estatutos de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores (21 de abril 2018). Los Miembros hablaron al Papa en una audiencia privada sobre sus prioridades: Trabajando con Supervivientes, Educación y Formación del clero y de los fieles y seguir las Líneas Básicas y Normas de Protección. El objetivo de los proyectos en esas áreas es hacer de la Iglesia “un hogar seguro” para niños, adolescentes, y adultos vulnerables.
