La sistemática eliminación física de quienes trabajan por la convivencia refleja lo que la Iglesia colombiana califica como “una verdadera tragedia”
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La ola de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas por la preservación del ambiente, ha impactado la conciencia colectiva y provocado el repudio de organismos como la ONU que condenó “vehementemente” los asesinatos de líderes sociales en Colombia e instó al Gobierno de Santos a “reforzar las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida y la integridad” de los colombianos en todo el país. Todo esto ocurre, principalmente, en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, sin contar el resto del territorio que también se está viendo gravemente afectado.
Desde el 2016, las Naciones Unidas han venido difundiendo información acerca del asesinato de 178 líderes sociales desde entonces, cifra que aumenta a 2017 si se tienen en cuenta los crímenes de esas características contabilizados desde 2015.
En 2017 fueron asesinados 197 defensores del ambiente y el territorio. Al menos 4 murieron cada semana. Y es que América Latina mantiene el primer lugar en el ranking de asesinatos, siendo Brasil, México y Colombia los países más peligrosos. La agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas (juntas representan el 60 por ciento) relacionados con proyectos de soja, palma de aceite y caña de azúcar. A su vez, la defensa de parques nacionales continúa siendo uno de los trabajos más peligrosos del mundo, con 21 asesinatos vinculados con la caza ilegal.
Brasil, con 46 asesinatos fue, una vez más, el país más peligroso para los defensores, seguido de Filipinas (41), Colombia (32) y México (15).
De los 197 asesinatos, 37 están relacionados con el sector agropecuario, 23 con la caza furtiva, 36 con minería, 19 con explotación maderera, y 3 con agua y proyectos de represas, entre otros. Son cifras del informe Global Witness que muestra como los asesinatos representan el extremo de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a los protectores de la naturaleza, que incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestros, multas, ataques legales, desplazamientos forzados, estigmatización mediática, robos y lesiones personales. Los paramilitares, la policía y los terratenientes fueron los principales responsables de las muertes en 2016.
En México, fueron asesinados en 2017 los ambientalistas Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros. Ellos defendían los derechos del pueblo rarámuri al cual pertenecen. Los crímenes ocurrieron en el estado de Chihuahua, en un intervalo de dos semanas.
Baldenegro era un reconocido activista, y había recibido el premio Goldman. Él es el segundo ambientalista merecedor del premio asesinado en menos de un año: también lo había recibido la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016.
A comienzo de febrero del 2107, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH denunció que 14 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en América Latina desde el inicio de 2017. El órgano expresó su “profunda preocupación” por el número, que consideró alto. Siete de los homicidios ocurrieron en Colombia, dos, en Guatemala, dos en México y tres en Nicaragua.
Otros grupos que han presentado datos son el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria. Según sus informes, alrededor de 98 líderes sociales han sido asesinados en Colombia durante este 2018, principalmente en las zonas de Arauca, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca, Nariño.
La Fiscalía General colombiana ya había reportado que entre enero y julio de 2016 registraron 181 asesinatos de este género, al tiempo que atribuyó los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país a “las organizaciones delincuenciales que son verdaderos ejércitos al servicio del narcotráfico”.
Las autoridades coinciden en señalar que los principales autores de estos asesinatos son el Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país y heredera de los grupos paramilitares, además de otras bandas de delincuencia organizada.
El Arzobispo de Cali, Mons. Darío de Jesús Monsalve, demanda mayor precisión en la investigación sobre la autoría de las ejecuciones: “Debemos unirnos y tratar de identificar de dónde parten estas instrucciones de muerte”.
Sin embargo, el balance más preocupante es uno de la Defensoría del Pueblo, según el cual entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018 fueron asesinadas 311 personas dedicadas a estas labores.
La realidad es que los defensores de derechos humanos se están viendo seriamente afectados por estar librando verdaderas batallas filantrópicas por sus comunidades, puesto que se ven atrapados en medio de conflictos en los territorios de narcocultivos y corredores del narcotráfico.
Los líderes del ala política colombiana enfrentada a los seguidores de Santos no escapan a esta zaga: una líder social que apoyó la campaña del izquierdista Gustavo Petro en las elecciones presidenciales del pasado 17 de junio fue asesinada por desconocidos en el municipio de Cáceres, en el departamento de Antioquia. Fue el sonado crimen de Ana María Cortés en julio de esta año y que motivó la repulsa del Presidente Juan Manuel Santos a la seguidilla de asesinatos de líderes sociales y de defensores de derechos humanos .
El Ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo en esa oportunidad: “Más allá de la discusión de si existe o no sistematicidad (en los asesinatos), lo que tenemos que ser es lo suficientemente eficaces en la protección, y ahí es donde aún no lo estamos siendo, y eso nos preocupa de sobremanera”, en una declaración que admite la poca eficacia del Estado colombiano en la protección de líderes sociales.
La exigencia de todos los sectores, en todos estos países, es redoblar la defensa de los líderes sociales, ciudadanos de a pie que están siendo objeto de la acción de grupos al margen de la ley en los territorios del postconflicto. La Iglesia Católica, a través de los obispos de las zonas más azotadas, insiste en *que el país debe proteger a estos líderes en cada territorio y pedir al gobierno que aclare la verdad sobre lo que está sucediendo.
