“No queremos herir susceptibilidades, pero estamos sorprendidos por el nivel de intolerancia de ciertos sectores de la sociedad a la libre expresión de nuestras convicciones en tiempos de democracia”, expresa el colegio cuestionado en un comunicado.
Un grupo de diputados nacionales de distintos partidos criticaron fuertemente a un colegio católico privado de la localidad Suncho Corral, en Santiago del Estero, y hasta pidieron explicaciones al ministro de Educación de la Nación por lo que hicieron sus alumnos el Día de la Independencia.
¿Qué hicieron? Más de 300 alumnos del Bachillerato San Miguel Arcángel desfilaron en un acto público por el 9 de Julio con un pañuelo celeste, símbolo de quienes rechazan el proyecto de Legalización del Aborto.
Escenas parecidas se vieron en colegios en todo el país, promovidos por padres y profesores que quieren que los niños comprendan lo que está ocurriendo en el Congreso de la Nación, y que fue aprobado por un puñado de diputados. Y nadie los había cuestionado hasta ahora.
Del otro lado, partidos políticos y agrupaciones promovieron que niños y jóvenes lleven a los colegios fundados con valores opuestos pañuelos verdes en señal de apoyo a la legalización del aborto, y mucho menos fueron estos cuestionados con la vehemencia con la que los diputados nacionales lo hicieron con los niños de Suncho Corral.
En una carta 21 diputados firmaron un pedido de informe al ministro de Educación Alejandro Finocchiaro en la que se dice:
“Asusta, consterna y preocupa que la escuela no sea el lugar que cuide y haga cumplir la ley 26.061 de protección integral a los niños, que no son objeto de las necesidades religiosas o políticas de los adultos, maestros o directivos. Nada de lo que vimos en ese video, que la propia escuela difundió, tiene que ver con lo que dice la ley nacional de educación, la propia Constitución y el fallo de la Corte Suprema de la Nación en 2017, que refiere precisamente al límite y respeto de los establecimientos educativos, públicos o privados, que imponen las leyes nacionales y los principios constitucionales que rigen en el país”.
En la misiva, piden al ministro que informe si el colegio recibe transferencias de parte del Estado y en caso que así sea se suspendan. Firman la carta, principalmente, diputados de la plataforma gobernante Cambiemos.
Ante la polémica suscitada, el colegio escribió un comunicado en el que aclara que los niños “nunca fueron obligados a hacer nada que implique adoctrinamiento, violación de sus derechos, o menoscabo de su dignidad; por el contrario, este colegio promueve su participación conjunta de los padres en todas las actividades que realiza”. “No queremos herir susceptibilidades, pero estamos sorprendidos por el nivel de intolerancia de ciertos sectores de la sociedad a la libre expresión de nuestras convicciones en tiempos de democracia”, concluye.
El pedir suspender eventuales subsidios al colegio por una acción consensuada entre el colegio y los padres, últimos responsables de lo que sus hijos hacen públicamente, bien puede ser interpretado como una amenaza a no expresar la disidencia con una ideología que muchos ven y entienden poco tiene que ver con la Argentina.
La ley del aborto todavía no fue sancionada. Resta la votación en el Senado de la Nación, que tendrá lugar el 8 de agosto. Por lo que la actitud del colegio fue en el fondo un llamado al cumplimiento de la ley vigente, y a rechazar lo que la legislación actual considera un delito. Aún así, sus autoridades y sus padres, grandes responsables de la educación de los hijos, ya son cuestionados y hasta amenazados, por lo que una quita de subsidios podría implicar, por los representantes del pueblo en el Congreso.
