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La frágil gobernabilidad en América Latina

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La factura moral por pagar: gobiernos van y vienen, pero sufre la gente

Entendemos por gobernabilidad las condiciones favorables para la acción del gobierno. Indica la razonable capacidad de mando, de conducción política y de disciplina democrática que pueden alcanzar las autoridades en una sociedad.

La gobernabilidad siempre ha sido un problema en América Latina y ello se refleja en la inestabilidad de las democracias, en la fragilidad institucional y en la falta de continuidad de las políticas públicas. Ni siquiera hay que insistir en lo perjudicial que esto se torna para la calidad de vida de la gente, cuya prosperidad y felicidad debía ser el objetivo primordial de la política y del gobierno.

El tema es que la gobernabilidad depende de factores como de la calidad del liderazgo, la naturaleza y funcionalidad de los partidos políticos y las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Papel preponderante juega, igualmente, la salud de la economía, las características de la sociedad y la existencia de problemas específicos.

Encuestas de opinión pública –cuyos resultados privilegia la ONU- como LAPOP y Latinobarómetro, han mostrado reiteradamente que América Latina y el Caribe prefieren la democracia a otras formas de gobierno. Sin embargo, una proporción considerable de la población no está particularmente satisfecha con el desempeño de su sistema democrático. Aunque la pobreza y la desigualdad se han reducido y millones de personas han pasado a formar parte de la clase media en la última década, la región todavía enfrenta retos. Promover sistemas, prácticas y principios de gobernabilidad democrática efectivos, es clave para abordar las desigualdades estructurales que afectan a la sociedad de América Latina y el Caribe.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) ha identificado algunos de los retos que enfrenta la región, cuales son: “revertir las desigualdades, superar las vulnerabilidades, ir más allá los modelos de desarrollo basados en las industrias extractivas, diseñar políticas integrales de seguridad ciudadana y fortalecer la gobernabilidad democrática, y la brecha entre las demandas de los ciudadanos y las respuestas de las políticas públicas. Una buena gobernabilidad promueve la equidad, la participación, el pluralismo, la transparencia, la rendición de cuentas y el estado de derecho, de forma que respeta los derechos humanos y es efectiva, eficiente y duradera”. Esto es una quimera en muchos de nuestros países.

Pareciera que el esfuerzo debía centrarse en promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Pero hay cuestiones no resueltas y deudas pendientes que mantienen las tensiones afectando la gobernabilidad. A veces, la alternabilidad democrática, en los países donde se mantiene, no solo es precaria, susceptible de interrumpirse en cualquier momento, sino que más bien pareciera producto del inevitable “voto castigo” –al gobierno que termina- que de una concienzuda evaluación de la mejor oferta electoral.

Chile y Venezuela se encontraban entre los países más estables políticamente, hasta que la tensión social hizo aguas la continuidad. El primero reflotó su economía, pero la política sigue complicada. El segundo aún no ve luz, inmerso en la crisis más dramatica de su historia.

México parecía mineralizado con el PRI y la sucesión de gobiernos liberales, hasta que el diseño institucional se resquebrajó y hoy encaran el riesgo de un triunfo electoral corrido hacia la izquierda histórica.

Brasil registra la mayor tasa de asesinatos del mundo. Con tan sólo el 2,8% de la población mundial se producen en ese país el 11% de los asesinatos comprobados en el mundo. Hoy, se debate entre la corrupción y la marginalidad en que se mantienen vastos sectores de la población.

Colombia hace esfuerzos por consolidar la paz gracias a una de las redes institucionales más sólidas del continente. Argentina logró zafarse los gobiernos militares y superar endémicos problemas financieros pero el gobierno tiene por delante desafíos sociales y económicos serios: la pobreza y la marginalidad han tenido un crecimiento pavoroso. Actualmente aproximadamente la mitad de la población argentina se encuentra por debajo de la línea de la pobreza y una cuarta parte vive en la indigencia y la marginalidad.

Perú y Ecuador luchan por estabilizarse, pero no olvidemos que hasta hace poco un presidente ecuatoriano apenas se sostuvo en el poder poco más de 800 días y el fantasma del autoritarismo aún husmea por los recovecos políticos del Perú.

Nuestras zonas populares son áreas sin ley. Campea la impunidad. La droga, los secuestros, el tráfico de armas y de personas además de la incursión –caso Venezuela- de grupos irregulares procedentes de la frontera aunado a la penetración de células terroristas procedentes de las zonas más conflictivas del mundo, configuran un cuadro de alto riesgo, no solo para nuestros pueblos sino para la geopolítica global.

Uno de los asuntos más importantes es la evidente pérdida de valor del sistema representativo y el fuerte cuestionamiento –cuando no abierto rechazo- que, desde las expectativas sociales, avanza hacia los partidos políticos. La política no ha logrado interpretar el cambio cultural que se ha producido en nuestros países. El discurso dista mucho de conectar con las gentes. El llamado capitalismo global se ha impuesto a través de lo que conocemos como “sociedad de mercado” y algunos analistas apuntan el eje de su crítica hacia el impacto que ella ha tenido en la manera como las tendencias actuales tienden a reforzar el presente como lo único importante en loca carrera por la “satisfacción inmediata del consumo”.

Como quiera que la gobernabilidad es la capacidad previsible de un sistema político de perdurar en el tiempo, resulta obvio que esa capacidad se reduce en la medida en que las demandas no son satisfechas y los problemas no son resueltos. En América Latina la gobernabilidad se encuentra amenazada, entre otros factores más puntuales, por la crisis fiscal de los estados, la falta de institucionalización de las organizaciones y procesos políticos, el colapso de los aparatos administrativos y la falta de legitimación de las estructuras políticas.

Esos problemas de gobernabilidad en la región se traducen en revoluciones, insurrecciones civiles y golpes de Estado de carácter militar.

La solución también se ha movido del “foquismo” de la violencia guerrillera que caracterizó los tiempos de la Guerra Fría, hacia los movimientos de resistencia civil de las masas dirigido hacia la consecución de objetivos políticos y sociales. Es cierto que, en las últimas décadas, la amenaza más seria a la gobernabilidad democrática está representada por la aparición de ciertos “movimientos sociales” que someten al Estado a una sobrecarga de demandas que no está en capacidad de satisfacer en el tiempo y de la manera en que se les exige.

Adalberto C. Agozino, doctor en Ciencia Política y experto en temas de seguridad, señalaba en una monografía sobre el espinoso tema: “Considerando la historia reciente de Latinoamérica es posible observar que, desde 1989, al menos catorce presidente constitucionales no han podido concluir su mandato por causas ajenas a su voluntad. De ellos, diez perdieron sus cargos debido al estallido de violentas protestas sociales –piquetes, saqueos, cacerolazos, marchas, huelgas de hambre, y otros- que derivaron en incidentes con las fuerzas de seguridad que a su vez originaron importantes pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños materiales. En todos los casos las protestas cesaron una vez que el primer mandatario renunció”.

A la raíz de todo esto hay “pecados” que expiar: mientras se reducen los presupuestos para Educación y promoción de la Familia, en América Latina se invierten sumas pavorosas en proveer al sector militar: la carrera armamentista en la región es un problema general y no particular de Venezuela. Otros estados empobrecidos de América Latina no dudan en incrementar sus gastos militares. Lo que aumenta en forma continua son los problemas de gobernabilidad, pobreza y violencia. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina constituye la región con mayores desigualdades del mundo donde el 10% más rico de la población se apropia del 40% de la riqueza.

El Papa Francisco ha reiterado sus recomendaciones: la búsqueda de bien común como norte del ejercicio político, transparencia en la función de gobierno, castigo a la corrupción, equidad e inclusión. Las Conferencias Episcopales latinoamericanas han sido enfáticas y oportunas en sus denuncias y señalamientos que actúan como alertas tempranas.

Tal vez los gobiernos no escuchen, pero luego tiemblan ante la sola mención de la resistencia social. Resistencia con la que muchos amenazan para llegar al poder pero, una vez allí, ya no les conviene y echan mano de la represión. Y es que los estallidos sociales, protagonizados por amplios sectores de la población que expresan su descontento con violencia en las calles, están reemplazando a las tradicionales asonadas militares. El frágil populismo sucumbe, tarde o temprano, a los reclamos populares.

Quienes sí ponen atención son los expertos quienes coinciden en el monto de la factura moral pendiente y concluyen: “el dilema es claro, América Latina deberá urgentemente recuperar la función del Estado y combatir la pobreza extrema para evitar que la proletarización y lumpenización de sus poblaciones termine por destruir la gobernabilidad democrática y toda posibilidad de crecimiento económico para la región”.

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