¿Cuántos mexicanos inocentes han perdido la vida mientras los culpables gozan de plena impunidad y se pasean por las calles?
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El primero de diciembre de 2012 tomó posesión de su cargo como presidente de México, Enrique Peña Nieto. Desde entonces y hasta la semana pasada, 21 sacerdotes han sido asesinados, y muchos más amedrentados, robados, secuestrados o acosados por los grupos criminales que operan a sus anchas en estados como Guerrero.
Ahí, en la carretera que una la ciudad de Iguala con la de Taxco fueron asesinados, la madrugada del lunes 5 de febrero, otros dos sacerdotes junto con un maestro que regresaban de una fiesta popular con motivo del Día de La Candelaria, tradicional fiesta que en México se celebra a principios del segundo mes del año.
Según informó el Centro Católico Multimedial (CCM), se trató de los padres Germaín Muñiz García, de 39 años, párroco de San Cristóbal, Mezcala, en Chilpancingo-Chilapa y originario de Apango, municipio de Mártir de Cuilapan, e Iván Añorve Jaimes, de 37 años de edad, párroco de la Sagrada Familia en san Marcos, Guerrero, originario de Acapulco y cantautor de música de alabanza y adoración, quien cumplió 9 años de ordenación sacerdotal el pasado 25 de enero, quienes engrosaron el triste recuento de sacerdotes asesinados en México.
La primera declaración del fiscal general del Estado de Guerrero, fiscal general del Estado de Guerrero, Xavier Olea, fue en el sentido de que el sacerdote Muñiz, uno de los dos sacerdotes asesinados, “formaba parte de una banda de narcotraficantes”. Las declaraciones levantaron ampollas en la propia diócesis de Chilpancingo-Chilapa, en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y en todos los estamentos de la Iglesia católica en el país.
Se trata, como se ha visto en otras múltiples ocasiones, de una recurso muy socorrido por las autoridades judiciales mexicanas para escurrir el bulto de las averiguaciones, de las pesquisas, y dar, cuando menos mediáticamente, por cerrado el caso, ya que siempre se trata de un “ajuste de cuentas” entre bandas de delincuentes, principalmente de narcotraficantes, en lucha por conservar, conquistar o imponer sus “derechos de territorio” para la venta, el tráfico o el cultivo de drogas.
De inmediato, la diócesis de Chilpancingo-Chilapa dejó en claro que el padre Muñiz, “nunca estuvo vinculado con ningún grupo delictivo”, y dejó en claro que las declaraciones del fiscal sólo están basadas en supuestos hechos. Según el CCM, “las autoridades ministeriales del estado de Guerrero aparecieron, con sorprendente eficiencia, (salieron) a dar razones del crimen con lo que suponía eran argumentos contundentes para convencer a la opinión pública de que lo dado por la fiscalía era la mejor forma de construir una investigación penal: a través de hipótesis débiles, suposiciones inverosímiles y supuestas pruebas sin fundamentos”.
Guerrero se ha convertido en el Estado mexicano con mayor superficie de cultivo de amapola, de donde se extrae la goma de opio que inunda los “mercados” estadounidenses de consumidores de opiáceos. Las autoridades políticas, judiciales y federales que trabajan en esa entidad, están completamente rebasadas por los grupos delincuenciales que se asientan en territorios como los de Chilpancingo-Chilapa, Acapulco y las zonas de la costa y la sierra. Es frecuente el enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes. Y en medio de este fuego cruzado han quedado varios sacerdotes. Entre ellos los padre Muñiz y Añorve.
La CEM, por medio de un comunicado de prensa ha demandado a las autoridades que se dejen de eufemismos y que actúen “conforme a la ley (para que( se esclarezcan los asesinatos de nuestros hermanos sacerdotes y de todas las personas que claman justicia en nuestra nación”.
Por su parte, el CCM recalcó que esta acusación “abre frentes muy delicados”. Para este organismo, una especie de observatorio de la violencia contra sacerdotes en el país, la difamación como “verdad jurídica” es “la mejor apuesta ante la incompetencia de funcionarios que parece que sus estudios de derecho fueron tomados de oídas”.
En un comunicado de prensa el CCM señala que la naturaleza del Ministerio Público y, en consecuencia, de las fiscalías o procuradurías, es la de constituirse como defensoras de la sociedad ante la vulneración de bienes jurídicamente tutelados que son dañados e importan a la ciudadanía. “La persecución de delitos y el ejercicio de la acción penal no son, por lo tanto, facultades a la ligera, tienen razón de ser para proteger los derechos de las víctimas y de la sociedad en general”.
Para muchos organismos de la Iglesia y de la sociedad, entre ellos el CCM, el caso de los padres Muñiz y Añorve “es la punta del iceberg que oculta la carencia de profesionalización de los ministerios públicos como factor propicio de corrupción e impunidad”.
Y remata con dolor su comunicado el CCM: “Hoy dos jóvenes sacerdotes perdieron la vida y su buena fama es enlodada por hechos no demostrados; sin embargo, ¿cuántos mexicanos inocentes han perdido la vida o están en la cárcel porque la difamación fue la ‘verdad jurídica’ de fiscalías incompetentes mientras los culpables gozan de plena impunidad y se pasean por las calles?”
La pregunta está en el aire.
