Invitada formalmente por la Santa Sede, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, participó en la Cumbre de Juezas y Fiscales sobre la Trata de Personas y el Crimen Organizado, foro en el que expuso el éxodo masivo de venezolanos y su relación con la trata de personas, al tiempo que llamó a tomar medidas urgentes en el marco del derecho internacional.
La máxima representante penal de Venezuela brindó detalles acerca del fenómeno migratorio y denunció que el gobierno de Nicolás Maduro no cumple con las condiciones mínimas para combatir la situación, sino que además lo alienta como un mecanismo para deshacerse de la disidencia política y minimizarla.
Tras agradecer al Papa Francisco y a la Academia pontificia por extenderle la invitación al que calificó como un “muy importantísimo evento”, abordó el delito de trata de personas asociándolo a un “fenómeno migratorio sin precedentes que estamos sufriendo los venezolanos migrantes”, y dejó claro que el delito de tráfico ilícito es penalmente distinto al de trata de personas, pero que en el caso venezolano están muy relacionados.
Recordó que la nación sudamericana figura “en la lista de los peores países en materia de trata de personas” pero argumentó que esto es consecuencia de un gobierno que “no cumple completamente con los estándares mínimos para combatir la trata de personas, así como tampoco posee nada de confiar, pues la data que poseía el Ministerio Público fue eliminada”.
Ortega Díaz dijo también que “la crisis económica, social política e institucional por la que pasa Venezuela ha convertido a sus ciudadanos en una población obligada a migrar en condiciones que muchas veces aumentan sus niveles de vulnerabilidad frente a las redes de explotación laboral y sexual”.
Al respecto, sostuvo que Venezuela dejó de ser un país receptor de migrantes para pasar a ser una nación “cuyos ciudadanos se han convertido en migrantes masivos, forzados por un gobierno que ha diseñado un sistema” en su contra.
Y fue más allá al denunciar en el foro organizado por el Vaticano que “de manera intencional” el gobierno de Nicolás Maduro no brinda a los venezolanos “las condiciones mínimas de seguridad alimentaria y en materia de salud”. Aunado, agregó, “a un sistema de justicia que está sometido al capricho del gobierno y cuya única finalidad es lograr la perpetuidad de quienes están en el poder”.
Esto ha obligado a que más de 2 millones de venezolanos hayan huido del país. Algo que, recordó, no es normal, pues se trata de “personas que huyen de una crisis humanitaria nunca vista en la historia de Venezuela”. Agregó que “en el que caso de quienes disienten del pensamiento del Gobierno son forzados por el aparato represor del Estado a huir de Venezuela. Y la gente la única alternativa que tiene es hacerlo de forma ilegal, porque no pueden salir haciendo uso de los canales regulares: les anulan el pasaporte y les impiden desplazarse”.
En opinión de la Fiscal, “esto se ha convertido en una política del Gobierno, porque el objetivo es obligar a los disidentes a dejarles los espacios y seguir en su propósito de someter a la población civil través de la fuerza, la miseria y el hambre”.
Más aún, el gobierno venezolano “persigue y condena a la intelectualidad, al conocimiento, a las academias y a los investigadores, (porque) quiere una población ignorante y sumisa. Y debido a la situación de precariedad del país, estas personas salen también en busca de condiciones socioeconómicas más favorables”.
El fenómeno es aprovechado por mercados internacionales, algunos de ellos ilegales, pero también debido a una población ansiosa de mayor libertad que, pese a su alto nivel de capacitación técnica, se convierte en mano de obra desesperada “porque la población demanda mejores condiciones de vida y libertades democráticas”.
En este sentido, pidió establecer estrategias que combatan la trata ilegal de inmigrantes, lo que considera una tarea “imperativa”, porque se afectan los derechos humanos y en ocasiones hasta la vida.
En cuanto a las cifras, reveló que hasta septiembre del año 2017, más de 2 millones de personas habían salido de Venezuela, lo que es alto si consideramos que la nación cuenta con 30 millones de habitantes, con la hipótesis de que la mayoría sufre la victimización por parte de redes de explotación sexual y laboral.
En enero de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó a todos los países que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA) a garantizar medidas para proteger a los migrantes venezolanos, a raíz del caso de 450 indígenas de la etnia guarao -entre ellos 180 menores de edad- que habían cruzado hacia Brasil. Y que las autoridades detuvieron cuyo destino iba a ser la deportación. Pero, recordó la Fiscal de Venezuela que la medida fue suspendida gracias a la decisión de un tribunal brasilero, a cuya nación agradeció su solidaridad.
También ante la CIDH se denunció la “falta de canales regulares seguros para migrar”, lo que ha llevado a hacer uso de canales clandestinos y rutas peligrosas, razón por la cual “se deben adoptar medidas para garantizar los mecanismos de responsabilidad compartida”.
Recordó que mucha es la gente “honesta, buena y trabajadora que huye de Venezuela” pero que es recibida “como si se tratara de delincuentes; para ellos: pido solidaridad”.
Además aludió a la aplicación de los instrumentos creados por la ONU que busca garantizar la efectiva aplicación del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada.
El Estado venezolano es signatario de estas convenciones, “pero su implementación práctica está bastante lejos; sobre todo si consideramos el deterioro masivo de las instituciones del sistema de justicia, especialmente del sistema de justicia penal”.
Insistió en la necesidad de realizar un completo diagnóstico y lograr la sanción penal de los responsables, así como de brindar una adecuada atención a las víctimas, con miras a su prevención.
Llamó a trabajar a escala global para lograr la “reinstitucionalización democrática del país, para devolver la confianza a la comunidad internacional, con gobernantes cuyo interés no sea la permanencia en el poder”. Y cerró su ponencia con una particular petición: “Desde este sagrado lugar, pido: ¡Dios bendiga a Venezuela!”.
Las cifras y denuncias de la fiscal concuerdan con el aumento exponencial de peticiones de asilo y refugio por parte de venezolanos, número que se ha seguido disparando de forma descomunal desde el año 2014. Entre ese año y el 2017, se presentaron más de 100.000 solicitudes de asilo, de acuerdo con los informes oficiales del ACNUR.
El organismo coincide en que muchos venezolanos que han dejado su país “son vulnerables al abuso, la explotación, la violencia y se han visto obligados a buscar mecanismos de afrontamiento alternativos”. Advierten además que el fenómeno es más grave en la frontera “donde los servicios son limitados y la inseguridad es alta”.
El número creciente de venezolanos que está dejando el país impulsa a la comunidad internacional a tomar medidas de protección, en las que el Vaticano está trabajando. De acuerdo con las estimaciones públicas en los diversos países adonde llegan los venezolanos, el número de solicitantes de asilo y refugio escaló de unos cientos de miles a más de un millón, entre quienes se encuentran personas que buscan protección internacional.
Hoy celebramos a...