Los compradores locales y turistas de Zara en Estambul (Turquía) se han encontrado en los últimos días con una sorpresa al tomar las prendas y ver que en las etiquetas los trabajadores turcos de Zara se lamentan de que no se les paga.
En las etiquetas se puede leer que los trabajadores fueron contratados por la empresa manufacturera Bravo y esta cerró de la noche a la mañana. Aseguran también que llevan tres meses sin cobrar el sueldo.
El texto de la etiqueta añade: “Yo hice este producto que vas a adquirir, pero no se me retribuyó por ello”. La etiqueta quiere movilizar a la opinión pública para que Zara pague finalmente a los empleados.
A preguntas de la agencia Associated Press, Zara (del grupo Inditex) no dio todavía respuesta.
Por otra parte, se supo este año que el grupo Isko, proveedor turco de marcas como Nike, Adidas y Zara, tiene prevista una inversión de 100 millones de dólares en el país, según informó la agencia Reuters. El grupo tiene ya en marcha una planta de tratamiento del algodón.
La razón por la que Isko quiere invertir en la zona son las ventajas fiscales que otorga el gobierno de Turquía, así como el coste bajo de los salarios. La zona de la nueva inversión es el sureste, habitado por la minoría kurda y en conflicto con Siria.
Fallos en el sistema de control, ¿consentidos?
Zara, del grupo Inditex y comprometida con los valores de la responsabilidad social corporativa, deberá hacer frente a la situación de los trabajadores de su intermediario en Turquía puesto que una vez más se hace patente la vulnerabilidad de su sistema en cuanto a control de proveedores e intermediarios.
En los últimos años, el grupo ha sido objeto de fuerte controversia. El pasado mes de mayo hubo de pagar 1,3 millones de euros por trabajo esclavo tras una investigación en Brasil.
Con anterioridad, un informe del Centre for Research on Multinational Corporations dio a conocer que en la India niñas y adolescentes trabajaban sin contrato más de 72 horas a la semana con un salario de 0,88 euros al día. Sólo podrían disponer del dinero ganado una vez transcurridos entre tres y cinco años y lo emplearían en la dote matrimonial. Entre las firmas que consentían esta situación y pagaban ese sueldo se encontraban: Inditex, El Corte Inglés, Cortefiel, Primark, Tommy Hilfiger, Timberland, H&M, Marks&Spencer, Diesel, Gap y C&A.
En Argentina, el gobierno cerró un taller clandestino y la Fundación La Alameda presentó denuncia contra un segundo local en abril de 2013. El informe hablaba del conocimiento de “pequeñas fábricas de costura” donde trabajaban y vivían explotados niños y adultos “bajo el sistema conocido como cama caliente” en jornadas laborales de 13 horas. El escrito denunciaba también las “condiciones de salubridad e higiene (…) absolutamente deficientes, a lo cual se debe sumar la carencia de una adecuada alimentación tanto para adultos como para los menores de edad que residen en el lugar”.
El colapso del edificio Rana en la ciudad de Sava (Bangladesh) el 24 de abril de 2013, en el que perecieron 1.127 personas y otras 2.437 quedaron heridas, puso al descubierto la precariedad laboral a la que someten las grandes empresas textiles a sus trabajadores. Desde entonces se han tomado medidas, pero está claro que queda mucho por recorrer y que, mientras los beneficios de estas compañías siguen siendo altísimos, las mejoras laborales, sociales y ecológicas aparecen en cuentagotas.
Hoy celebramos a...