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Venezuela consternada: ¿De qué murió el concejal Carlos Andrés García?

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Su polémica muerte reabre el debate sobre las cárceles políticas

El Sebin es el “Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional” (Sebin). En otras palabras, la policía política del régimen. El director del Sebin, el general Gustavo González López, parece haber girado instrucciones a sus pares subordinados en cada región, a fin de hacer caso omiso a las boletas de excarcelación que ordenan liberar a los detenidos.

Es lo que él acostumbra hacer. La institución recibió una de esas órdenes para permitir el traslado del concejal Carlos Andrés García a un centro hospitalario. Su grave estado de salud así lo aconsejaba. Pero hicieron como en otras ocasiones: sencillamente la ignoraron. Lo serio de este caso es que el dirigente del Partido Primero Justicia había sufrido un ACV (accidente cerebro vascular) en agosto, estando ya en prisión. Su condición empeoró y se determinó que debía ser trasladado de urgencia a un hospital.

La noticia impactó a la opinión pública: “Carlos Andrés García, concejal de Guasdualito, estado Apure, murió el domingo como consecuencia de un ACV que sufrió en agosto -estando detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)-, ubicada en la capital de la entidad”.

“Queremos, lamentablemente, informar el fallecimiento de nuestro concejal de Apure, Carlos Andrés García. Fue detenido ilegalmente por los cuerpos de seguridad sembrándole una suma de dinero en efectivo”, se lee en la cuenta de Twitter de Primero Justicia. Carlos García estaba detenido desde 2016, cuando el Sebin allanó su vivienda luego de que se registraran varias protestas en la entidad.

Los familiares denunciaron que le fue negado sistemáticamente recibir atención médica y cuando fue trasladado a un centro de salud “ya no había posibilidad de hacer nada para mejorar su salud”. También refirieron que no le entregaban las medicinas que debía ingerir por prescripción médica y que sus familiares puntualmente le llevaban. Al concejal se le había dado hace dos días la medida cautelar de casa por cárcel, pero la orden no fue ejecutada.

La dirigencia del partido al que pertenecía García, Primero Justicia, aseguró que se trata de “un muerto de la dictadura” y responsabilizó al gobierno de la muerte del concejal, asegurando que lo ocurrido se suma a violaciones de derechos humanos. Pero el asunto va más allá.

El gobierno se niega a permitir la autopsia de ley. No es el primer caso de detenidos a los que se niega la adecuada atención médica. Aparte de ello, viven en condiciones deplorables de insalubridad y mala alimentación.

El opositor venezolano Rodolfo González, detenido durante las protestas antigubernamentales de principios de 2014, fue hallado muerto en una prisión militar de Venezuela en 2015. Un nutrido grupo de estudiantes, detenidos en el curso de las manifestaciones de calle  hace pocos meses, fue enviado a las temibles Colonias Móviles de El Dorado, en la frontera con Guyana. Se considera uno de los lugares más peligrosos e inhóspitos. Se ha denunciado que algunos han contraído paludismo pero sus familiares no tienen acceso a ellos.

La muerte del concejal García, contra el que no había otro “cargo” que no fuera protestar pacíficamente, pone al gobierno en serios aprietos en momentos en que se llevan a cabo reuniones de mucha trascendencia para la crisis venezolana. Ayer, el presidente norteamericano Donald Trump, reunido con varios presidentes del continente, escribió en su cuenta de Twitter:

“Queremos que la democracia regrese a Venezuela… y tiene que ser muy pronto”. Perú acaba de convocar una reunión de cancilleres para tratar el tema y la ONU anuncia que Venezuela está en su agenda inmediata.

El gobierno de Maduro -y los generales que se piensan por encima de la ley- olvidan un detalle: un ciudadano preso es responsabilidad exclusiva del Estado, en todas partes, en todos los códigos y en todas las leyes. Por ende, su vida debe garantizarla el gobierno. Lo que ha ocurrido con el joven concejal García es un crimen de lesa humanidad y los responsables están plenamente identificados. Podrían estar sentados en un tribunal penal internacional más pronto de lo que imaginan.

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