La madrugada del 25 de agosto de 2012, la refinería petrolera de Amuay fue escenario de una pavorosa explosión. Las comunidades vecinas venían notando algo extraño en el comportamiento de los mechurrios (especie de antorchas quemadoras que expulsan gas combustible en los procesos de refinación de hidrocarburos), lo comentaban y lo señalaban. Los habitantes de una zona petrolera saben mucho, a fuerza de observar, desde que nacen, operar los campos y refinerías.
Minutos después de pasada la 1 de la madrugada, se suscitó un accidente en dos tanques contenedores de gas propano y butano que ocasionó un incendio de gran magnitud, acompañado de una explosión que provocó, según fuente oficial, 48 muertes,en su mayoría militares que custodiaban el complejo petrolero. La otra parte del saldo: 150 personas heridas, 5 desaparecidas y más de 290 viviendas afectadas.
El estrépito fue tremendo, seguido de un incendio todo lo pavoroso que se pueda imaginar. Un infierno en toda regla. Los tanques solo se extinguieron cuatro días después. Como si fuera poco, un día antes de la extinción se incendió un tercer tanque de la refinería.
Debido a la magnitud del acontecimiento, el cercano Aeropuerto Las Piedras suspendió todos sus vuelos hasta la total extinción de las llamas.
El vicepresidente de PDVSA y viceministro de Petróleo y Minas para ese año, Eulogio del Pino, señaló, en una entrevista de la estatal televisora VTV, que no descartaba la tesis de sabotaje como causa de la explosión. Nunca hubo sabotaje, ni siquiera el gobierno pudo avanzar en esa tesis.
Hace pocos días, por cierto, del Pino fue designado nuevo ministro de Petróleo de Venezuela, puesto desde donde enfrentará lo que Nicolás Maduro llamó “futuras agresiones económicas de Estados Unidos”.
Pero, definitivamente, lo ocurrido en Amuay no fue un hecho fortuito. Los expertos han explicado -consistente y suficientemente- que la tendencia creciente de paradas no programadas, la multiplicación de paradas programadas en las refinerías y el recurrente aumento de la accidentalidad en todas las instalaciones industriales de PDVSA son, sin ninguna duda, consecuencia directa de la decisión de haber despedido en el año 2003 más de 20.000 trabajadores, que desprofesionalizó sus cuadros gerenciales y técnicos, y convirtió posteriormente a PDVSA en un brazo ejecutor de múltiples actividades ajenas al negocio petrolero.
El Complejo Refinador de Amuay es una instalación para refinación de petróleo, que está ubicada en la costa occidental de la península de Paraguaná, municipio Los Taques, del estado Falcón.
Es la más grande Venezuela, con capacidad para 645.ooo barriles diarios (b/d) de crudo.Pertenece a la empresa energética estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Esta refinería de petróleo estaba considerada entre las primeras cinco más grandes del mundo.
Sin embargo, su organización fue reestructurada en 1997, año en el que se unió con la Refinería Cardón, ubicada en la misma península y la Refinería Bajo Grande, en el estado Zulia, para integrar el Centro de Refinación de Paraguaná (CRP), considerado hoy día, uno de los más grandes del planeta.
Durante los años de la democracia en Venezuela, este complejo se mantuvo entre los más seguros del mundo, modelo en productividad y manejo gerencial.
El pasado 25 de agosto, quinto aniversario de la tragedia, circuló un comunicado suscrito por COENER, la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP), la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat (ANIH), Gente del Petróleo, Unapetrol y el Grupo Orinoco de Energía y Ambiente (GO), a través del cual ponen de relieve “la falta de respuestas a las interrogantes básicas que surgieron desde el primer día de esta tragedia”.
Igualmente, instaron a la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional y a la Fiscalía General de la República, a “acometer las medidas inherentes a sus funciones de contraloría y ejercer las acciones necesarias para que se responda, tal como lo establece la Ley y sus Normas Internas, por el grave accidente ocurrido en la Refinería de Amuay el 25 de agosto de 2012 y, en particular, se adopten las medidas requeridas para evitar que vuelvan a ocurrir tragedias similares”.
Desde el mismo momento del evento, a la presente fecha, PDVSA no ha publicado el informe definitivo ni ha vuelto a declarar sobre el tema. Los demás entes responsables de este asunto, que se comprometieron a publicar su respectivo informe y en el que debían haberse pronunciado formalmente, como es el caso del Ministerio Público, tampoco lo han hecho.
Las familias que sufrieron las consecuencias esperan por justicia y todo el país, por una explicación, más allá del estribillo con que el Gobierno salva la cara cuando la irresponsabilidad y la impericia asoman la cabeza: saboteo.
Hoy celebramos a...