Es un debate que se ha instalado en los últimos días en Colombia. Por un lado, los intereses de los municipios y por otro el del Gobierno central, además de las empresas en cuestión.
A través de una práctica extendida en Colombia últimamente, el domingo 4 de junio, el municipio de Cumaral, en el departamento de Meta, le dijo “no” a la explotación petrolera en su territorio.
El resultado a favor de la negativa fue contundente y una de las cosas que quizás hayan llamado la atención fue que esta respuesta popular se dio en el departamento con mayor producción de crudo en el país, recuerda El Tiempo.
“Cumaral no se vende el agua se defiende”, “Queremos chicha, queremos maíz, multinacionales fuera del país”, fueron algunas de las consignas que se escucharon durante una jornada histórica para el departamento.
Pero lo que sucedió en este lugar de Colombia se ha venido transformando en un tema recurrente. Las consultas populares son un tema de moda y la situación genera una paradoja entre las repercusiones fiscales de estas acciones (hay empresas instaladas en el país que han invertido grandes sumas de dinero y con proyectos en marcha) y también reacciones de ambientalistas que defienden estos procesos.
Lo que está sucediendo tanto en Cumural como en otras localidades de Colombia representa un claro llamado de atención para la industria petrolera en ese país, que observa esta situación como algo “politizado”. Así lo considera la Asociación Colombiana de Petróleo (CAP), que entiende que el mecanismo de consultas populares representa un freno para el desarrollo económico del país, indica El Espectador.
“No es claro que esas inversiones que están programadas se puedan terminar desarrollando si en Colombia continúa esta racha de consultas populares contra la actividad petrolera”, indicó a ese medio Francisco José Lloreda, presidente de la ACP.
Justamente, según las previsiones, las reservas de hidrocarburos se están agotando en Colombia y “apenas alcanzan para un poco más de cinco años”.
Es que para algunos especialistas se está generando un quiebre entre las miradas locales con respecto a una cuestión y se están dejando de lado otros aspectos a largo plazo con respecto al desarrollo, máxime cuando el propio Consejo de Estado entiende que los resultados de las consultas populares son definitivos y obligatorios.
“Una contradicción entre democracia y desarrollo que el país va a tener que discutir y resolver. Por un lado, está el derecho de la gente de opinar sobre sus recursos y, por otro, está la necesidad del país de desarrollar los recursos naturales. Es una discusión complicada. Tendrá que llegar al Congreso un esquema para precisar cuál es el verdadero alcance de las consultas y la comunidad qué puede evitar y qué no”. Las empresas tienen que socializar más con las comunidades o si no “vamos a terminar sin esa actividad (petrolera)”, reflexiona a El Espectador Germán Corredor, del Observatorio de Energía y Medio Ambiente de la Universidad Nacional.
¿Y entonces? Es una de las grandes preguntas que quedan por resolver ante esta situación compleja que merece algún punto de equilibrio entre la defensa del medio ambiente y el desarrollo económico de los pueblos.
Un nuevo “no” a la minería
No solamente los intereses vinculados a la industria petrolera generan resquemor en Colombia. En las últimas horas trascendió que el Concejo de Jericó, municipio ubicado en el departamento de Antioquia, le dijo no a la explotación de minería metálica en la zona.
El rechazo a la minería en ese pueblo se había extendido a través de varios sectores, entre ellos la iglesia. Por ejemplo, según explicó monseñor Noel Antonio Londoño, obispo de la diócesis de Jericó, tanto los obispados de Antioquia como de Chocó escribieron una carta pastoral expresando el desacuerdo con respecto a la explotación minera, indica El Espectador.
Hoy celebramos a...