La importancia del matrimonio y la familia para lograr el bien común

Sobre la iniciativa del presidente de México para igualar matrimonio heterosexual con uniones entre personas del mismo sexo

La iniciativa del presidente de México, Enrique Peña Nieto, sobre matrimonio igualitario (es decir, sobre igualar el matrimonio entre hombre y mujer con la unión de personas del mismo sexo), ha motivado una intensa movilización en su contra en México.

Organizaciones pro-familia han logrado recaudar más de un cuarto de millón de firmas para oponerse a la pretendida modificación del artículo 4º de la Constitución, mediante la cual Peña Nieto –bajo el pretexto de eliminar cualquier rasgo de discriminación– abre la puerta, entre otras cosas, a la adopción de menores por parejas homosexuales.

Este debate nacional “merece un debate razonable, pues afecta a dos instituciones trascendentes para el bien común: el matrimonio y la familia, un binomio indisoluble, ha escrito en el periódico La Razón, en El Observador y en otros medios nacionales, el analista e historiador Jorge Traslosheros Hernández.

Por la importancia que tiene el tema en México y en América Latina (donde ya se vislumbra para otros países del continente la misma tendencia), reproducimos los siete puntos mediante los cuales Traslosheros desmonta el andamiaje jurídico, antropológico y moral sobre el que descansa esta modificación a la Constitución para inducir el llamado “gaymonio”.

1. La propuesta del presidente es muy simple. Parte del supuesto de que definir el matrimonio como la unión de hombre y mujer es discriminatorio y, para evitarlo, plantea reformar el artículo cuarto de la constitución sobre la base de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esencia, asimila toda relación matrimonial a la condición de parejas del mismo sexo, pues borra la diferencia sexual entre hombre y mujer que ha sido, desde hace milenios, el fundamento de su identidad en cualquier cultura.

2. La iniciativa ha generado una intensa y variopinta respuesta en la sociedad. Más allá de los hígados, encontramos dos constantes. Casi nadie cuestiona la importancia de dar protección jurídica a las relaciones entre personas del mismo sexo, como tampoco el evitar discriminaciones injustas. El debate se centra en la pertinencia de homologar dos formas de asociación de suyo diferentes por la condición que les otorga identidad: la unión entre un hombre y una mujer, basada en la diferenciación sexual, es distinta a la establecida entre dos personas del mismo sexo. Un asunto de sentido común.

3. Frente al debate en curso, el legislativo puede seguir dos caminos. El primero, despertar su imaginación jurídica para dar a cada forma de relación lo que por su condición y derecho le corresponde, es decir, hacer justicia creando nuevas instituciones, para nuevas situaciones, sin violentar las ya existentes. El segundo, ceder a la corrección política y dejarse llevar por la acedia jurídica, hoy dominante, para asimilar la relación entre un hombre y una mujer a la condición de parejas del mismo sexo, esto es, discriminando a los heterosexuales pretendiendo con ello acabar con la discriminación.

4. De seguir el camino de distinguir con fineza en razón de justicia, entonces el legislativo dará una gran lección de humanidad y un paso decisivo para enriquecer la tradición jurídica centrada en la protección de las personas. Si, por el contrario, cede a la corrección política, entonces cerrará la posibilidad a un auténtico reconocimiento de la rica pluralidad de la experiencia humana, para abrir la puerta al dominio del pensamiento único y, con ello, a la discriminación contra quienes piensan y proponen, de palabra y acción, algo diferente.

Sería bueno considerar que, en los países donde se ha seguido el camino de la homologación propuesta por el presidente, como España, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, se ha fomentado un ataque creciente contra quienes piensan diferente, generando situaciones graves de discriminación e incluso criminalización.

5. Si se impone el pensamiento único se estarán sentando las bases para acabar con la libertad de expresión, mediante la criminalización de la opinión políticamente incorrecta, para dar inicio a una nueva época de persecución jurídicamente sancionada por la misma Constitución. Y de esto los mexicanos ya hemos tenido bastante. Es imperativo, entonces, que el legislativo respete la diversidad de prácticas y opiniones en razón de una auténtica pluralidad. Lo contrario sería un acto de autoritarismo jurídico, lo que jamás ha llevado a buen puerto según demuestra la historia. México es un país enfermo de violencia real y simbólica. Necesitamos construir puentes de encuentro para la paz y la justicia, no dinamitar los caminos.

6. Ahí donde el pensamiento único se ha impuesto, las principales víctimas del acoso, persecución y criminalización han sido las personas que profesan alguna religión, así como sus iglesias e instituciones, aunque no solamente ellas. En México, donde hemos sufrido persecuciones religiosas violentas y de baja intensidad, ¿vamos a hostigar a las personas por presentar una propuesta cultural diferente a la del pensamiento único? Junto a una verdadera solución en justicia, resulta de urgente necesidad consolidar un régimen generoso de libertad religiosa.

7. Si se quiere evitar la discriminación injusta, para abrir cauces a la pluralidad de nuestra sociedad, entonces es necesario reformar la Constitución con imaginación jurídica, para crear nuevas instituciones que protejan nuevas relaciones humanas, en respeto a las ya existentes, como es la institución matrimonial definida por la unión de un hombre y una mujer. Esto es muy sencillo, sólo requiere dejar de lado la ideología, para llenarse de sentido común.