Muchos de ellos reconocen haber detectado casos de trata (incluso de menores) pero consideran que no es su problema
Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haga una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el suyo.
Dos de cada diez hombres pagaron por servicios de prostitución en 2015. Esta es una de los conclusiones del informe Apoyando a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, presentado la semana pasada en Madrid.
El documento ha sido elaborado por investigadores de la Universidad Pontificia de Comillas y financiado por la Delegación del Gobierno para Violencia de Género.
La sensibilización del cliente para erradicar la trata es fundamental, porque, en primer lugar, sin demanda no hay oferta. Y, en segundo lugar, porque “es el primero que puede dar la voz de alerta“, como afirma Carmen Meneses, coordinadora del estudio.
La investigación dedica un capítulo al conocimiento que los hombres tienen sobre el fenómeno de la trata, muy difícil de cuantificar.
Según el informe presentado en septiembre por la ONG Anesvad, ocho de cada diez mujeres que ejercen la prostitución en España lo hacen contra su voluntad.
Entre los encuestados por Comillas, el 90 % de los clientes de prostitución reconoce haber oído hablar de la trata con fines de explotación sexual, y cerca del 10 % reconoce haber detectado casos de trata de menores.
Pero ante la propuesta de colaborar con la Policía al conocer algún caso, “la mayoría piensa que son las víctimas las que deben hacer algo”. En otras palabras, estiman que no es su problema.
Otra de las claves que ofrece el estudio es que los profesionales consultados –ONG que trabajan sobre el terreno, fiscales y Fuerzas de Seguridad del Estado– consideran que existe una excesiva dilación de los procesos judiciales en los delitos de trata, lo que hace que se revictimice a las mujeres.
Documentar los casos de trata es complicado, debido a que los traficantes engañan a las víctimas y forman parte de redes internacionales.
Muchos de los fiscales entrevistados sostienen además que el delito de trata debería equipararse en cuanto a recursos y tratamiento a los delitos de violencia de género.
Los investigadores de la Universidad Pontificia de Comillas sugieren la adopción de una ley integral para luchar contra la trata que abarque tanto la prevención del delito como la protección de la víctima y la persecución de los responsables.
Por Cristina Sánchez Aguila
Artículo originalmente publicado por Alfa y Omega
