El 19 de agosto ha sido un día dramático para miles de familias colombianas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ordenó que la frontera entre su país y Colombia se cierre deportando a aquellos colombianos que no tenían su situación legal en regla. La manera como se ha procedido no ha sido la más humana. El motivo de su acción, dice él, ha sido el paramilitarismo y el narcotráfico que no está dejando a su país prosperar.
Trato indigno
Muchas familias han regresado a Colombia sin sus pertenencias. La expulsión que han recibido por parte del estado venezolano ha sido traumática. Los agentes policiales de Maduro han dejado su huella por las precarias viviendas de la zona fronteriza y han marcado las paredes con una “D” de demolición, o han puesto una “R” de revisión.
Los colombianos que han sido deportados y han salido libremente de Venezuela por temor a sufrir represalias son de una cifra considerable. Ya no sólo están siendo expulsados aquellos que viven en aquellas zonas “problemáticas” para el gobierno de Nicolás Maduro sino que la semana pasada desde la capital, Caracas, deportaron unas 60 personas. Al parecer ya no se trata de poner orden en la frontera y su ilegalidad sino de cobrarle fuerte a Colombia el supuesto obstáculo que presenta para el progreso económico y social de su país vecino.
Todos vuelven
Las escenas que empezaron a circular desde el 19 de agosto en los periódicos son desconcertantes. Miles de familias angustiadas llevando sobre sus hombros algunos bienes para poder ubicarse, si es que encuentran algún lugar, en su país natal. Los albergues que estaban destinados para acoger a estos desplazados han llegado a su límite. Los niños desubicados e inseguros y temerosos frente al maltrato de algunos agentes venezolanos, como han declarado en varios medios de prensa. Familias separadas por tal arrebato político no saben cuándo volverán a juntarse.
Hasta el momento aparecen cerca de 10.000 colombianos que salieron de manera apresurada para no correr la misma desgracia de los 1.381 deportados. La ciudad de Cúcuta ubicada en el Norte de Santander ha recibido a 1.097 connacionales, mientras que Arauca acogió a 60 y Maicao, 224.
Opción por el diálogo
En lo que lleva la crisis que ha desatado esta situación de deportación muchos se han pronunciado para que ambos mandatarios: Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos dialoguen con intención de encontrar una salida proporcional a los acontecimientos. Incluso ambos han salido en los medios expresando su disposición para concretar este diálogo pero hasta el momento nada se ha dicho.
Los Obispos de Colombia y Venezuela también han manifestado la necesidad de concertar un diálogo de alto nivel que solucione la crisis. “Invitamos a buscar soluciones a los problemas de la frontera entre los dos gobiernos, no para insultarse, no para excluirse, sino para buscarle el beneficio y el bienestar a esos pueblos que sufren”, declaró Mons. Roberto Luckert León, Arzobispo de Coro, en Venezuela para la página oficial de la Conferencia Episcopal de Colombia.
Hoy celebramos a...