Aniversario de monseñor Romero: Aún hay deudas con la verdad

El Día Internacional de la Verdad que se celebra cada 24 de marzo, fue instituido en memoria del martirio del obispo
Este martes 24 de marzo, Día Internacional de la Verdad, El Salvador celebró el 35 aniversario del asesinato del arzobispo de San Salvador, monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien será beatificado el 23 de mayo en San Salvador.
 
Cabe recordar que el 24 de marzo de 1980, el entonces arzobispo de San Salvador, fue asesinado mientras celebraba misa en la capilla del Hospital "Divina Providencia".
 
El hecho fue investigado por la Comisión de la Verdad, que señaló como autores intelectuales del crimen a los ex militares Roberto d’Aubuisson y Álvaro Saravia, de la derechista coalición ARENA.
 
Exigencia de justicia
 
Entre los actos conmemorativos del asesinato “por odio a la fe” de monseñor Romero, llamado, desde entonces, “Romero de América”, cobró especial relevancia el de los estudiantes y profesores de la Facultad Multidisciplinaria de la Universidad de El Salvador (UES), quienes organizaron el acto conmemorativo en el campus de esa universidad.
 
Contestatarios a la Iglesia, los estudiantes de la UES, agrupados en el Frente Revolucionario Estudiantil, reconocieron, sin embargo, que la enseñanza de monseñor Romero tiene un mensaje social en defensa de los derechos humanos. Por su parte, los profesores de la UES reconocieron que antes no se podía hablar de monseñor Romero, y que con la beatificación en puerta, los jóvenes quieren conocer la historia real de su país y de su mártir.
 
El Día Internacional de la Verdad que se celebra cada 24 de marzo, fue instituido en memoria del martirio de monseñor Óscar Arnulfo Romero.
 
En ese marco, el procurador de Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, instó a los representantes de las tres funciones del Estado salvadoreño a adoptar decisiones para poner fin a la impunidad y derogar la Ley de Amnistía.
 
Morales intervino en un foro público en el que las víctimas del conflicto armado que vivió El Salvador entre 1979 y 1992, exigieron del Estado justicia y que se sancione a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y a la vida de miles de salvadoreños.
 
Estadísticas oficiales cifran en 75.000 las personas que perdieron la vida en la guerra civil que sufrió El Salvador entre 1979 y 1992. Se estima que el 80% de las víctimas eran civiles. Muchos de ellos fueron asesinados en hechos que han pasado a considerarse como "crímenes de guerra" y fueron investigados en el informe de la Comisión de la Verdad de 1993.
 
Deuda con la verdad
 
Según expresó el Procurador, David Morales, "el órgano legislativo debe derogar la ley de amnistía de 1993, porque es una ley infame que pretende derogar derechos que son inderogables, en perjuicio de las personas que sufrieron las peores atrocidades durante el conflicto armado".
 
Así también consideró que "el órgano judicial y la Fiscalía General de la República deben romper los patrones de impunidad que les ha caracterizado durante varias décadas", y agregó que la Fiscalía debería "empujar las investigaciones".
 
El funcionario de Derechos Humanos insistió en que "la amnistía y la prescripción no tienen fuerza jurídica frente a los crímenes de lesa humanidad".
 
A su vez, Eduardo García, de la Asociación Pro-Búsqueda de víctimas, señaló que "hay una deuda con el conocimiento de la verdad y que falta dignificar a las víctimas. Lo que venimos esperando desde hace 30 años es que se comience a hacer justicia, que se conozca la verdad, que se dignifique a las víctimas y que por fin podamos cerrar esas heridas que permanecen abiertas".
 
De igual manera, las madres de las víctimas del conflicto armado exigen justicia y demandaron de las instancias del Estado que se acerquen a las madres que perdieron sus hijos y que informen "a dónde se llevaron a los desaparecidos para, por lo menos encontrar sus restos y darles cristiana sepultura".