No tiene sentido imitar las políticas sociales de países envejecidos con legislaciones egoístas respecto de las generaciones pasadas (ancianos-eutanasia) y de las generaciones futuras (aborto y familia)
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Tener en claro el panorama regional nos ayuda también a identificar tendencias y estrategias, así como a valorar la generosa mentalidad de nuestros pueblos en la defensa de valores tan fundamentales y a resaltar las medidas que aún hoy, en medio de lobbies y de presiones, aprueban nuestros pueblos para la defensa de la familia y de la persona por nacer.
No tiene sentido copiar del avanzado occidente precisamente lo que el paso de los años está demostrando que es una política social equivocada respecto a los valores y derechos de la persona.
América Latina es joven y creciente, tiene su propia historia y cultura y, por ello, no tiene sentido imitar las políticas sociales de países envejecidos con legislaciones egoístas respecto de las generaciones pasadas (ancianos-eutanasia) y de las generaciones futuras (aborto y familia).
A principios del mes de junio de 2014 se llevó a cabo la Asamblea General anual de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En esta 44 edición de la Asamblea de la OEA, jugó un papel importante y prometedor el bloque ¨Provida y familia¨.
En el sector de los representantes de la sociedad civil, tuvo una destacada participación el bloque de asociaciones de todo el continente que abogan por el derecho a la vida y el reconocimiento de la misma desde la concepción y por la familia como “núcleo esencial y célula indivisible de la sociedad…como principal capital humano para el desarrollo de nuestros pueblos principalmente por su rol transmisor de principios y valores a través de las generaciones”, tal como ellos mismos lo plasmaron en el documento resultante de su mesa de trabajo.
Este grupo, que se identificó a lo largo de la Asamblea como el bloque “Provida y familia”, sentó precedente en la historia de las Asambleas Generales de la OEA, ya que su organización y esfuerzo logró que se estableciera, por primera vez y enfrentando una poderosa oposición, una mesa de trabajo que discutiera estos temas.
Esta alianza provida se conformó por alrededor de 50 representantes de asociaciones de Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Brasil, Puerto Rico, Estados Unidos y México.
La coalición provida se retiró de la Asamblea General con la esperanza y la fe en sus ideales renovadas y con la motivación para avanzar los siguientes escalones. Este grupo logró establecer importantes alianzas entre asociaciones de todo el continente que comparten esfuerzos y preocupaciones y que, en vista del éxito obtenido este año, se dedican a realizar una estrategia para multiplicar los resultados.
En el resumen de legislación que leemos a continuación se observa cómo América Latina se resiste y muchos países están combatiendo tanto frente a las presiones ideológicas públicas y privadas exteriores, como ante la debilidad de los propios políticos que parecen ignorar la decadencia moral y económica de Occidente.
Y para los más interesados, la información que nos da la organización argentina Observatorio Internacional:
Resumen de legislación en 2014 por países
En Argentina durante 2014 el debate se ha centrado en la aprobación del nuevo Código Civil el cual, en su polémico artículo 19, reconoce el comienzo de la personalidad en el momento de la concepción, pero en las cuestiones de derecho de familia presenta la tendencia liberal más extrema.
Hacia fin de año, la media sanción de una ley de procreación humana asistida que no pondría límite alguno a la práctica de estas técnicas, dejó planteados serios desafíos para el 2015.
Hay que mencionar la inminente sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre un caso de eutanasia, y el proyecto de reforma del Código Penal en cuanto a los delitos del comienzo y al final de la vida
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En Bolivia el 2014 se inició con la ambigua sentencia del Tribunal Constitucional Pluricultural sobre el aborto. Si bien aparece aquí protegida la vida del por nacer, algunos puntos del fallo abren una incógnita sobre el desenvolvimiento futuro del tema en ese país.
Por otra parte, en 2014 el Congreso boliviano aprobó dos importantes textos legislativos: el Código de la Niña, Niño y Adolescente, y el Código de las Familias y del proceso familiar. Coexisten en ambos documentos la voluntad de proteger a la persona por nacer junto con disposiciones complejas en temas de salud sexual y reproductiva.
En Chile el 2014 empezó con el tratamiento de una futura ley de identidad de género, y culminó con la aseveración del Tribunal Constitucional de que la opción jurídica por el matrimonio heterosexual seria plenamente consistente con los tratados internacionales de derechos humanos. A su vez, en el mes de octubre se aprobaba el acuerdo de vida en pareja en el Senado.
Para Colombia el año estuvo marcado por la sentencia de la Corte Constitucional en cuanto a la posibilidad de adoptar niños por parte de una pareja de lesbianas.
Ya en el presente 2015, la Corte Constitucional de Colombia sentenció que las parejas formadas por personas del mismo sexo, que no son matrimonio sólo pueden adoptar cuando el niño es hijo biológico de uno de sus miembros.
Costa Rica sigue debatiéndose en su actitud frente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Artavia Murillo vs Estado de Costa Rica”. Hasta el momento, los abogados del Estado han argumentado en varias sentencias que la jurisdicción ordinaria no puede aplicar directamente la sentencia de la CIDH en el caso de fertilización in vitro.
A mediados de año, además, una Comisión del Congreso de Costa Rica aprobó un proyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva.
En Cuba la novedad consistió en la aprobación de un nuevo Código de Trabajo, que incluye expresamente la penalización de la discriminación por género u orientación sexual.
El Ecuador aprobó a principios del 2014 un nuevo Código Orgánico Integral Penal, en el cual se incorporan los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el femicidio, la discriminación y los actos de odio, incluyendo los motivados por identidad de género y orientación sexual; la manipulación genética y los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Desaparece, por su parte, el delito de infanticidio.
El 2014 en El Salvador estuvo marcado por la presión inaudita de Amnistía Internacional para que este país derogara todo tipo de penalización al aborto. La argumentación de esta organización consiste en manipular los casos de algunas mujeres a quienes se presenta como presas por haber abortado, cuando en realidad están cumpliendo condenas por otros delitos.
Guatemala por su parte, presentó en 2014 su Política de Igualdad de Género que, si bien acota sus medidas a la discriminación contra la mujer, abre el camino para una más amplia interpretación de esta protección en el futuro.
Además, el Gobierno lanzó la implementación del Plan Nacional de Prevención de embarazos en adolescentes, junto con la campaña nacional del condón. También se creó una Defensoría de la Diversidad Sexual en la Procuraduría de los Derechos Humanos.
México ha visto estallar el debate en todos los Estados de la República sobre la despenalización del aborto y la aprobación del matrimonio homosexual. En este último caso, a través de la vía judicial.
El Estado de Coahuila aprobó en septiembre una ley en ese sentido; y en las Cortes de cada Estado se han presentado varios amparos para autorizar “casamientos” entre personas del mismo sexo. Por otra parte, en agosto de 2014 se aprobó a nivel nacional el “
Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual e identidad de género”.
Nicaragua aprobó la Reglamentación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. En octubre, se sancionó en ese país un nuevo Código de Familia. El texto define el concepto de “familia”, y ratifica el sentido del matrimonio como la unión entre varón y mujer.
En Panamá el desafío que dejó el 2014 está dado por el proyecto de “Ley de Educación Integral, Atención y Promoción de la Salud”. De aprobarse, resultaría en un importante retroceso frente a la legislación de más alta jerarquía, sumamente protectora de los derechos de la persona por nacer.
Paraguay aprobó a comienzos de 2014 la Nueva Normativa sobre Salud Sexual y Reproductiva, en la cual se esgrime un supuesto derecho a la maternidad “segura” y se liberaliza la anticoncepción de emergencia.
La norma remite al “Manual de Atención Humanizada Post Aborto, Normas de Atención de Emergencias Neonatales”, en el cual se establece la obligación de los médicos de no denunciar abortos en ninguna circunstancia ni emitir juicios de valor.
En agosto de 2014, por su parte, se reformó la Ley de Garantía Nutricional en la primera infancia, incluyendo en sus beneficios a los niños concebidos, no nacidos.
Perú aprobó la “Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119º del Código Penal”.
En julio de 2014, el Estado fue presionado nuevamente para legalizar el aborto, esta vez por el Comité de los Derechos de la Mujer. Ya en el 2015, Perú decidió archivar el proyecto de ley que creaba la institución de la “unión civil no matrimonial” entre personas del mismo sexo.
Durante los últimos días de 2014, República Dominicana promulgó un nuevo Código Penal que pone en duda el precepto constitucional de ese país de que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”
Uruguay, por su parte, vio la suspensión judicial de gran parte del derecho reglamentario del aborto por afectar el derecho a la objeción de conciencia. También vio la reglamentación de las técnicas de fecundación asistida y el lanzamiento de la polémica Guía “Educación y Diversidad Sexual” conteniendo las afirmaciones más avanzadas de los partidarios de la ideología de género.
En cuanto a Venezuela, este país fue también escenario de fuertes presiones para admitir el aborto en su legislación, esta vez por parte del Comité de los Derechos del Niño en sus Observaciones Finales sobre el Estado de Venezuela.
