Con el islam wahabí en primer plano, aplicado por una poderosa dinastía gobernante, se niega a otros credos un lugar en la vida religiosa de Arabia Saudí. El reino carece de Constitución; el Corán ejerce esa función.
La sunna, la tradición islámica, también tiene un lugar prominente en la formulación de las leyes del país. Toda la vida política, social y personal está completamente regulada por las disposiciones de la sharía, conforme a la interpretación de la escuela hanbalí, la más rigurosa de las cuatro escuelas legales reconocidas por el islam suní.
El islam en su versión suní es la única religión autorizada en el país y ningún otro culto religioso está permitido, ni siquiera en privado. Esto crea grandes problemas en un país con más de 1,5 millones de católicos (además de otros cristianos no católicos), todos ellos extranjeros, a los que no se permite tener lugares de culto.
El motivo es que toda Arabia Saudí se considera una gran mezquita, por lo tanto no se pueden construir en ella lugares de culto de otras religiones. Por la misma razón, los no musulmanes, que mueren en Arabia, no pueden ser enterrados en ella.
Estas restricciones también se aplican a los miembros de otras tradiciones musulmanas, como los chiíes e ismailíes, que suman un total de unos 2 millones de personas, o cerca del 15 % de la población.
Aunque son súbditos del reino, están excluidos de cualquier función pública. Los centros de proselitismo musulmán se encargan de convencer a los extranjeros, que viven en Arabia, de que se conviertan al islam. Respecto a los musulmanes que se convierten a otras religiones, en principio son condenados a muerte.
Hay un organismo oficial, el Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, que tiene la responsabilidad de supervisar y hacer que se apliquen estos preceptos. Este Comité cuenta con una fuerza policial religiosa propia, los mutawwa’in.
Hacen cumplir el respeto estricto a los preceptos religiosos como el ayuno de Ramadán, que se exige que observen en público incluso los no musulmanes.
La desigualdad ante la ley es evidente en relación con las cuestiones penales. Así, cuando los delitos se cometen contra musulmanes, las penas impuestas son mucho más severas que cuando las víctimas no son musulmanas.
Está prohibido introducir en el reino cualquier libro u objeto de piedad de cualquier religión que no sea el islam suní. Esto afecta a las biblias, misales, catecismos, rosarios, medallas, cruces, etc. El Gobierno saudí no permite que entren sacerdotes en el país, privando por tanto a los cristianos de los sacramentos.
Los sacramentos se administran en ocasiones en embajadas, ya que cuentan con un estatus extraterritorial. Sin embargo, se informa a los fieles de los próximos servicios de forma encubierta.
Por ejemplo, la policía intenta impedir que se reúnan en cualquier lugar escogido para celebrar la misa. Los mutawwa‘in vigilan estrechamente, y maltratan a los cristianos de los países más pobres, como la India, Filipinas y Eritrea. En ocasiones les detienen bajo acusaciones falsas y los jueces les ordenan convertirse al islam o sufrir castigos corporales.
El 12 de marzo de 2012, el jeque Aziz bin Abdulá, gran muftí de Arabia Saudí, declaró que “es necesario destruir todas las iglesias de la península”. La decisión fue la respuesta a una consulta de una delegación del vecino Kuwait sobre una proposición de ley dirigida a impedir que se construyan iglesias en el emirato.
Comentando la declaración unos días más tarde, The Washington Times manifestó en un editorial: “Si el Papa pidiera la destrucción de todas las mezquitas de Europa, el clamor sería estruendoso. Los críticos arremeterían contra la Iglesia… y los alborotadores de Oriente Medio se asesinarían unos a otros de la pena. Pero cuando el líder más influyente del mundo musulmán emite una fetua para destruir iglesias cristianas, el silencio es ensordecedor”.
En diciembre de 2012, los mutawwa‘in arrestaron al menos a 41 personas que se habían reunido en un domicilio privado. Se les acusó de “conspiración para celebrar la Navidad”.
El 8 de febrero de 2013, 53 cristianos etíopes, 46 de ellos mujeres, fueron arrestados en la ciudad de Daman, por haberse reunido en un domicilio privado a rezar.
Un libanés, residente en Arabia, fue condenado a seis años de prisión y 300 latigazos por haber animado a una mujer saudí de 28 años a convertirse al cristianismo y abandonar el país. Un saudí también fue condenado a 2 años de prisión y 200 latigazos por ayudar a la mujer saudí a abandonar el país. Esta sentencia la dictó un tribunal de Jobar, en el oriente de Arabia, donde los tres implicados trabajaban en una compañía de seguros.
La situación de la libertad religiosa en Arabia Saudí se puede calificar como estancada.
Hoy celebramos a...