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¿En ciernes una ley contra las conversiones en la India?

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Città Nuova - publicado el 19/01/15

Mientras el inciso 1 del artículo 25 de la Constitución India dicta que todas las personas tienen los mismos derechos a la libertad de conciencia y profesión, a la práctica y difusión de la religión, ahora se está discutiendo sobre la necesidad de distinguir el derecho a propagar y difundir la propia fe de aquel de convertir personas de otras religiones a la propia religión. Mientras se reconoce que el primero permanece un derecho fundamental, el segundo aspecto, si se realiza a través de la fuerza o a modo de estafa o incentivos es, en cambio, considerado ilegal.

El problema está al centro del debate presente desde hace décadas. Después de varias intervenciones de la Corte Suprema en mérito a la competencia de los estados – India es una república con un ordenamiento fundado en un gobierno central y gobiernos estatales, que se dividen las competencias específicas – de legislar o no en mérito al tema de la libertad religiosa, el Parlamento en su sesión invernal volvió sobre el argumento.

El Ministro de las finanzas Arun Jaitley, ha públicamente presentado una interpelación para conocer si la oposición parlamentaria “está a favor de una prohibición absoluta sobre las conversiones o si se debiera limitar a casos donde se demuestra que el convertido ha sido obligado al acto de cambiar su afiliación religiosa”. “El gobierno – declaró Jaitley, uno de los políticos más representativos del fundamentalismo hindú – está abierto a ambas alternativas”.

El tema de la conversión había terminado sobre la mesa de los políticos el 6 de diciembre de 1948, cuando, en la sede Constituyente, se encendió un debate muy significativo sobre la cuestión del ‘derecho a difundir’ la propia fe como un derecho fundamental o no. Los padres de la Constituyente vieron uno de los momentos más complejos en la redacción de la Carta Constitucional, dándose cuenta de cuánto la religión representase un lazo delicado para todo el país y sus equilibrios internos.

Frente a otras posiciones, emergió con particular fuerza, la necesidad de insistir en la tradición de los ideales y conceptos religiosos que desde tiempos inmemoriales han marcado la cultura india y que hablan de tolerancia y aceptación de la diversidad cultural y religiosa. Por eso no se había considerado oportuno negarle a nadie la posibilidad no sólo de profesar y practicar, sino también difundir el propio credo.

Durante los años, el país ha visto momentos de tensión entre hindúes y musulmanes y también entre hindúes y cristianos e hindúes y sijs, que han llevado a cabo tentativos de ley contra la conversión religiosa en varios estados. En algunos de ellos (Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Gujarat y Odisha) tal legislación está todavía en vigor, en otros ha sido abolida o nunca aprobada o, incluso, retirara antes de ser discutida en el parlamento estatal (Tamil Nadu).

En el pasado, la Corte Suprema ha reafirmado que el derecho a difundir la propia religión no significa el derecho a convertir otros a la propia fe, sino sólo presentar y explicar sus aspectos fundamentales y sus principios. Aún en 1950 la misma Corte Suprema había intervenido para clarificar que las conversiones forzadas pueden llevar a encender la rivalidad entre grupos pertenecientes a religiones distintas y, por lo tanto, pueden constituir una amenaza al orden público del estado. Actualmente en una de las legislaciones estatales que regulan el tema de las conversiones en el estado del Madhya Pradesh, quien quiera cambiar de religión debe declararlo frente al Magistrado del Distrito de competencia.

En los días precedentes a Navidad intervino en mérito a la cuestión también el cardenal Gracias, arzobispo de Bombay y Secretario General de la Federación de las Conferencias Episcopales Asiáticas (FABC). La iglesia en la India, afirmó el cardenal en una entrevista a AsiaNews, “se opone con fuerza” a cualquier ley sobre la libertad religiosa y usará “cualquier medio posible”, entre los cuales “el recurso a la justicia” para obtener la cancelación. Gracias añadió que “las normas existentes son adecuadas para contener los abusos vinculados a las conversiones”, así como el derecho a la libertad de conciencia y de religión “es parte de los derechos de base de cualquier ciudadano indio”.

Como demostración de cuán inútil es una legislación contra la posibilidad de cambiar la propia fe los cristianos hacen ver que su presencia, aunque es muy apreciada para los servicios sociales y educativos, está detenida desde hace mucho tiempo en el 2,3% de toda la población, como clara demostración que “no pueden ciertamente ser acusados de conversiones forzadas”.

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