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¿Hacia una despenalización del consumo de drogas en la Argentina?

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Esteban Pittaro - publicado el 30/09/14

El titular de un organismo oficial anunció el envío del proyecto. Aunque aclara que su intención es no criminalizar, y no hablar de despenalización, se destapó la polémica. ¿Qué piensa la Iglesia argentina?

Combatir la drogodependencia habilitando su consumo, un flagelo creciente y de alto impacto sobre las poblaciones más vulnerables argentinas, parecería ser la propuesta del gobierno argentino. En diálogo con FM Nacional Rock Juan Carlos Molina, titular de la Sedronar, organismo responsable de coordinar las políticas nacionales de lucha contra las adicciones, anunció un proyecto para la, según  aclara, “no criminalización del consumo de drogas”.

Molina, sacerdote licenciado por su diócesis de Río Gallegos para el ejercicio de este cargo público, explicó que “no la llamamos despenalización porque no es ése el sentido del proyecto, sino que hay que hablar de la no criminalización”. Más allá del término utilizado, argumentó que “es reformular la ley que hoy existe, por eso estamos buscando en la legalidad algo que ya es legal. Hoy el que consume no va preso porque tenemos un fallo en contrario de la Corte Suprema de Justicia”. Según su propuesta, aquel que sea encontrado consumiendo no debiera ser detenido, “pero dejamos en la ley que si encuentran a alguien consumiendo sí”. “Yo habilitaría el consumo de todo y abriría centros (para la rehabilitación)”, expresó Molina, quien además anunció por el mismo medio su apoyo a proyectos que regularían la publicidad de las bebidas con alcohol y los medicamentos.

La postura de Molina fue ratificada por el Jefe de Gabinete del Gobierno, Jorge Capitanich, y según explicó, insistiendo en que el objetivo es la no criminalización, se trata de “una política muy activa para garantizar inclusión”.

Voz autorizada

Cada vez que en la opinión pública se suscita un debate en torno a la drogadicción, es voz de consulta y referencia el padre José María “Pepe” di Paola, sacerdote conocido por su trabajo en las villas.

El padre Pepe, coordinador de la Comisión Nacional para la Drogadependencia, dependiente de la Conferencia Episcopal, aclaró: "No estoy de acuerdo con la despenalización y el Papa tampoco", y fundamentó su rechazo a iniciativas de este tipo en otra radio, en este caso Vorterix. “Todos los que trabajamos en el terreno estamos habituados a convivir con este tema. El tema acá no es si la despenalización está bien o está mal. En este momento, plantearlo está mal. No somos un país pequeño. No somos Holanda, no somos Uruguay. Somos un país que tiene grandes sectores excluidos, entonces hablar en este caso de despenalización es inadecuado”, argumentó.

Sobre los efectos similares que podría tener la ley, más allá de la intención de no criminalizar, se explayó: “Han criminalizado al adicto cuando ha nacido en un barrio donde no hay un colegio, donde no hay un club, donde es muy común tener un arma… Eso es criminalizar al adicto. Cuando se abandonan las poblaciones, entonces los narcos empiezan a tener sus lugares propios. Eso es criminalizar”.

Además, el padre Pepe, de conocida trayectoria en las villas de emergencias y quien incluso ha sido amenazado por el narcotráfico, se refirió a la inclusión que fundamenta la ley: “Si vos me decís que se han hecho cuatro años de política de inclusión, desde Sedronar o desde otros lugares, y que eso ha tenido un efecto, ahí podemos charlar de otra manera. Pero me parece que saca los temas en forma inadecuada”. “Según un estudio de la Universidad de San Martín, más de 200.000 jóvenes del gran cordón (población establecida en torno a la Capital) no estudian ni trabajan. Entonces, cuando la droga es una oferta cercana, puede hacer que muchos chicos empiecen en el consumo y vean la posibilidad de tenerla más cerca sin ningún tipo de problema”, agregó.

Criminalización, una preocupación que también es de la Iglesia

Más allá del enfoque en la despenalización o la no criminalización, como explicaba el padre Di Paola, la consecuencia, se interpreta desde los referentes de la Iglesia en la Argentina, sería la misma. Semanas atrás, cuando aún no había sido oficializada la presentación de este proyecto y desde el gobierno ya había señales de querer avanzar en la despenalización, había aclarado en Radio Rivadavia el Obispo de Gualeguaychú y presidente de la Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano: “El adicto no es un criminal y el lugar para el adicto tiene que ser de tratamiento y seguimiento de su problemática, pero esto no significa que se pueda legalizar el consumo”. “A veces se maneja ambiguamente un lenguaje que es confuso; algunos dicen que hay que despenalizar y en realidad piden que se legalice la venta de marihuana u otras sustancias”, agregó, y aclaró que “todo lo que favorezca el consumo y quite barrera a la contención social hay que tratarlo con seriedad y cuidado”. El Obispo, como visiblemente todo el episcopado argentino, está “en contra de lo que pueda favorecer más el consumo de droga, porque entendemos que eso daña la salud y tiene perjuicios serios en las familias y en el tejido social”.

Molina

En noviembre de 2013 la Conferencia Episcopal Argentina alertó sobre la necesidad de “una política de Estado para combatir las drogas y el narcotráfico que están instaladas en la sociedad”. En el mismo documento, titulado “El drama de la droga y el narcotráfico”, alertaban sobre la acefalía que existía en el Sedronar.  A las pocas semanas, el gobierno designó como nuevo responsable de este organismo al presbítero Molina, del clero de la diócesis patagónica de Río Gallegos, muy cercano a la familia de la mandataria Cristina Kirchner.

Molina, debidamente licenciado por su Obispo, asume el cargo por “la larga experiencia que tiene en el campo del trabajo con jóvenes que han caído en el flagelo de la droga, pero no lo hace ni en nombre ni en representación de la Iglesia  Católica”, como explicó en su momento el comunicado de la diócesis anunciando su licencia.

Debate abierto

En el plano político, si se unifica el apoyo oficialista y de parte de la oposición, el proyecto impulsado por Molina puede prosperar, aunque los tiempos parlamentarios y el advenimiento de un año electoral podrían poner en jaque sus aspiraciones. El abierto rechazo de la Iglesia a estas iniciativas desde la Pastoral Social con monseñor Lozano y el padre Pepe no es menor y podría ser decisivo a la hora de definir posturas. No por peso político, que hoy pareciera tenerlo aunque no por haberlo buscado, sino más bien por su larga e irreprochable trayectoria de trabajo con los adictos en las poblaciones más vulnerables.

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