El anteproyecto de Ley de Comunicación Social no ha sido consultado por las 25 escuelas de periodismo, los 40.000 agremiados, ni los 30.000 estudiantes, dicen los expertos.
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La Asamblea Nacional de Venezuela se encuentra de receso parlamentario hasta el 15 de septiembre, pero las diferentes comisiones ya reúnen proyectos de leyes que pudieran ser abordadas desde el inicio de las sesiones, de acuerdo con la importancia que estas contengan para el gobierno de Nicolás Maduro. Una de estas propuestas es la Ley de la Comunicación Social, un andamiaje de 18 artículos dispuestos para reformar a la vigente Ley del Ejercicio del Periodismo, y que fue presentada a la respectiva comisión del parlamento venezolano, el pasado 12 de agosto.
Las intenciones de evadir la formación académica para ejercer en el campo de la comunicación social, junto a la creación de una estructura similar al Colegio Nacional de Periodistas (CNP), entre otros contenidos muy disonantes, han sido las campanadas que mantienen en situación de emergencia al gremio periodístico que no las ha tenido tan fáciles durante los últimos quince años de gobierno revolucionario.
El presidente del CNP, Tinedo Guía, rechazó el citado proyecto de reforma, alegando que entre sus intenciones está acabar con el organismo que los agrupa para tener uno más sumiso y menos crítico al gobierno. “La intención es acabar con el Colegio Nacional de Periodistas. Un zarpazo más de todas las agresiones que en estos quince años se han producido contra el ejercicio del periodismo”, dijo el profesional.
También rechazó la propuesta por considerar que busca la “desprofesionalización” de los comunicadores sociales, siendo además “un disparate”, que una persona ejerza el periodismo sin recibir formación profesional, tal como lo concibe la propuesta. “Vivir del periodismo como profesión requiere una formación académica, debe haber un reconocimiento académico (…) que permita a los que quieran ejercer la carrera de comunicación social que rindan exámenes y en un acto público reciban el título”, dijo.
Reiteró que “la ciudadanía debe exigir una información veraz e integral, donde el ciudadano decida, mostrando toda las caras de la noticia. El periodista trabaja para el pueblo y por eso que los ciudadanos deben velar por la manera de cómo reciben las informaciones".
El Colegio Nacional de Periodistas no está solo en esta nueva lucha. Al grito se han sumado las voces de académicos, investigadores y expertos, rechazando la propuesta debido “a la pobre sustentación filosófica, jurídica y teórica” que la sustenta.
Marcelino Bisbal, docente e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, destacó la extrema simplificación de conceptos en el texto. “La exposición de motivos es un pasticho de orden filosófico y hasta sociológico que no se sabe adónde va. Mezclan conceptos y formulaciones teóricas sobre la comunicación y la información periodística que investigadores como Antonio Pasquali han resuelto brillantemente en varios de sus libros”, indicó, según un reporte del CNP.
Bisbal alerta sobre la legalización de la censura y autocensura: “Hay dos artículos muy peligrosos para la ciudadanía en general: el 17 y el 18, que consideran faltas inexcusables publicar noticias que expongan a personas que desconozcan lo que va a publicarse sobre ellas e informar sobre situaciones irrelevantes que sometan al desprecio público a alguien. La legalización de la censura y de la autocensura estarían ahora amparadas al aprobarse una ley como la que se está proponiendo”.
Otro académico que expresó sus observaciones es el director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, Miguel Latouche, quien califica la propuesta de problemática. “Por un lado, no cumplió con los requisitos para presentar una iniciativa ciudadana y por el otro, no hubo acercamiento a ninguna de las 25 escuelas de Comunicación Social ni al CNP para consultarla
”, dijo.
Según el reporte del CNP, Miguel Latouche históricamente fue un crítico de la colegiación obligatoria, pero esta vez, salió en defensa del concepto valorándolo bajo un debate democrático. “La colegiación obligatoria se puede debatir; el problema es que se trate de construir una instancia (colegio de comunicadores sociales) para invalidar a otra (CNP) porque no se pliega a una visión parcial de ‘la verdad’. ¿Quién va a calificar qué es la verdad?”, cuestionó el experto.
Así las cosas en Venezuela, el asunto de fondo es la aplicación de la “hegemonía comunicacional”, una estrategia con la que el “Socialismo del Siglo XXI” intenta reinar solo en el escenario mediático controlando absolutamente todo, no sólo el medio y el mensaje, sino también los recursos económicos, las leyes y la opinión pública.
El mundo conoció los cierres de emisoras y plantas televisivas en la era de Chávez, como fue el caso del canal RCTV, cerrado el 27 de mayo de 2007. En 2009 se sumaron treinta y cinco emisoras que también fueron sacadas del aire bajo pretextos de toda índole, aunque las verdaderas motivaciones fueron las críticas al fallecido presidente.
En la etapa del gobierno de Maduro, la “hegemonía comunicacional” se caracteriza por las limitaciones en la importación del papel para los medios impresos, en contraste con la creación de rotativos oficialistas; la compra de medios privados como la Cadena Capriles, el diario El Universal, y el canal Globovisión. Además, se aplican suspensiones de programas de radio y televisión; se motivan despidos de comunicadores sociales y columnistas, en claras muestras de autocensura. Se generan agresiones a periodistas y corresponsales extranjeros; multas a las empresas mediáticas. Y ahora, la guinda de la torta: el intento de reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo.
