Comunicado reciente emitido por la Comisión Nacional de Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal
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De los cerca de 52,000 mil niñas, niños y adolescentes que han tratado de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en lo que va de este año fiscal (en EE UU el año fiscal comienza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre), una gran cantidad de ellos provienen de Honduras.
Por este motivo, “Niñez migrante, abandono histórico”, título de un comunicado reciente emitido por la Comisión Nacional de Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Honduras, tras exponer las causas por las cuales emigran los menores de edad desde ese país centroamericano, ha hecho una serie de exhortaciones y recomendaciones a los países del área para proteger los derechos humanos y la integridad de las niñas, los niños y los adolescentes, en constante peligro.
La primera de las exhortaciones que hace la Comisión de la Conferencia Episcopal de Honduras es, directamente, a los padres, madres y personas a cargo de menores de edad: “no entreguen sus niños, niñas y adolescentes a un coyote (un enganchador de migrantes), pues además de que la práctica del coyotaje es criminal, este menor de edad puede ser secuestrado, sufrir un accidente en el tren perdiendo uno o más de sus miembros, el coyote lo puede vender a una red de trata de personas o al crimen organizado, o simplemente abandonarlo en cualquier parte de la ruta migratoria”.
Para los prelados hondureños y las organizaciones que participan en la defensa de los derechos de los migrantes, así como para las propias autoridades civiles hondureñas, “pagar un coyote por un viaje es contribuir con el crimen organizado”.
También han pedido a las iglesias, organizaciones no gubernamentales y personas de buena voluntad que “apoyen, acompañen y orienten a los familiares y menores de edad para que como familia se lleven bien, con amor y fraternidad, y así se disminuya la ‘fuga’ de niños por violencia de hogar”.
A las autoridades militares, policiales y jurídicas para que “actúen efectivamente en los municipios, colonias y barrios contralados por las maras y padillas, investiguen y penalicen a los criminales, de forma que se recupere la seguridad ciudadana, se terminen las extorsiones y la población pueda desarrollar su vida normalmente”.
Asistencia integral
En el comunicado de la Comisión para la movilidad humana de los obispos de Honduras, se hace un llamado urgentísimo a la población en general de ese país centroamericano para que –en lugar de pagar a los coyotes—colaboren denunciándoles a las autoridades competentes.
En otro rubro, la exhortación fue dirigida, de forma directa, a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del gobierno hondureño para que, en coordinación con otras instituciones del gobierno, organismos civiles e iglesias, se garantice la asistencia integral “a todos los menores de edad repatriados y de igual forma, el acompañamiento de estos, pues muchos no podrán regresar a su hogar o lugar de origen justamente porque de ahí salió huyendo de una situación de violencia”.
No quedaron exentas las autoridades políticas de todos los niveles. En ese sentido, los responsables de la Conferencia Episcopal de Honduras urgieron a que “elaboren, aprueben y ejecuten leyes, políticas públicas, programas y proyectos que favorezcan la igualdad de oportunidad a la población de todos los rincones de Honduras de forma que la violación de los derechos fundamentales de alimentación, vivienda, educación, salud, trabajo y familia no sigan siendo causa de la emigración forzada de miles de connacionales adultos y menores de edad”.
Finalmente, el exhorto fue dirigido la Secretaria de Relaciones Exteriores, en su Dirección de Asuntos Consulares de Honduras “para que planifiquen, monitoreen y evalúen el servicio consular prestado en México y Estados Unidos, de forma a garantizar que todos los ciudadanos hondureños en estos países sientan que pueden contar con sus autoridades consulares sin ser ignorados, estafados u olvidados, principalmente los que están en las cárceles, hospitalizados y en centros migratorios”.
El documento hace una serie de llamados a los gobernantes de México y Estados Unidos con la única intención de pedir que “se respete los derechos humanos de los migrantes, principalmente de menores de edad y mujeres, y se les garantice seguridad humanitaria, en el paso o permanencia por estos países”.
