El caso del cadáver de un menor mexicano con 10 disparos a la espalda lleva a los tribunales a la patrulla fronteriza norteamericana
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Una de las más graves acusaciones que se ha hecho a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos es que actúan, en contra de los llamados ilegales, con la más absoluta impunidad. Miles son los casos de agentes fronterizos que se han conocido en México en contra de personas –incluyendo menores de edad—que intentan cruzar la frontera. Y miles, también, son los testimonios de la brutalidad con la que son tratados por los encargados de cuidar a los Estados Unidos de elementos “indeseables”.
Pero la historia podría cambiar, pues unos agentes de la Patrulla Fronteriza que mataron al menor mexicano José Antonio Elena Rodríguez de 16 años de edad, deberán enfrentarse a la justicia estadounidense, según una demanda federal presentada el martes pasado por Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ALCU, por sus siglas en inglés), que ha denunciado que los agentes hicieron un “uso excesivo de la fuerza” cuando abrieron fuego en contra del menor de origen mexicano.
José Antonio Elena Rodríguez, murió y fue hallado en un charco de su propia sangre en 2012, en territorio mexicano. Según la demanda presentada por ALCU a nombre de la madre del menor, Araceli Rodríguez el homicidio fue "descarado y sin ley".
No cometía ningún crimen
Los agentes inculpados en el crimen del menor de edad mexicano, afirmaron que abrieron fuego después de que un grupo de personas desde el territorio mexicano les lanzasen piedras, según ha publicado el canal estadounidense de televisión CNN. Sin embargo, el texto de la demanda interpuesto por los abogados de la madre de José Antonio no lo considera de esa forma.
El texto de la demanda contra los policías estadounidense establece que los mexicanos "no estaba cometiendo un crimen ni estaba tirando piedras, usando armas o amenazando de alguna manera a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos o a cualquier otra persona". Cierto es que entre ambos grupos, los migrantes mexicanos y los policías fronterizos estadounidenses existen constantes roces, pero no es posible que uno de estos haya terminado en la tragedia de la muerte de José Antonio Rodríguez con diez impactos de bala en su cuerpo.
El texto de la demanda añade: "Justo antes de que le dispararan, José Antonio estaba visible y no se estaba escondiendo; un testigo pudo ver que no era una amenaza. No estaba haciendo nada, caminaba pacíficamente por la calle, solo, cuando lo tirotearon". Hay que recordar que en buena parte de los tres mil kilómetros de frontera que comparten México y Estados Unidos, gran parte de ellos divididos por una reja, las poblaciones se miran unas a otras, con menos de cien metros de distancia, como en el caso de los dos Nogales, en Sonora y Arizona, justamente donde sucedió el crimen.
La Patrulla ha dicho –por su parte– que el muchacho estaba entre un grupo de personas que arrojaban piedras a los agentes al otro lado de la frontera, y que eso ponía sus vidas en riesgo. La ACLU dice que el hecho fue un ejemplo más del empleo excesivo de la fuerza por parte de los agentes, a quienes no se les exige que rindan cuentas. Araceli Rodríguez sostiene que su hijo nunca tuvo piedras ni arma alguna y que ese día regresaba a su casa después de haber jugado basquetbol con su novia y sus amigos de Nogales.
Juicio cuesta arriba
Sobre este particular “la Patrulla Fronteriza no hace declaraciones sobre casos judiciales abiertos”, dijo el vocero Andy Adame. En el pasado, los jefes de la agencia han defendido el uso de la fuerza por parte de sus agentes. El jefe Michael Fisher dijo en marzo que se equivocan quienes dicen que los agentes abren fuego “indiscriminadamente”.
“Para la gente como yo, no hay nada más aterrador que luchar por la propia vida cuando uno está solo y sin comunicación, y piensa por un instante que no volverá a casa al fin de su turno para ver a su esposa y su hijo”, sostuvo Fisher. “Lo único parecido a esa oleada de miedo es pensar en tener que usar la fuerza mortífera contra otro ser humano”.
Los grupos defensores de los inmigrantes sostienen desde hace mucho tiempo que los agentes tienen el gatillo fácil. La demanda de la ACLU sostiene que la Patrulla Fronteriza padece un problema “sistemático” con el uso de la fuerza. A sus agentes suele permitírseles que utilicen fuerza letal contra los que arrojan piedras porque éstas pueden ser mortales.
“Desgraciadamente, la muerte de José Antonio a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza no es un suceso aislado, sino parte de un problema más amplio de abusos por agentes de fronterizos en Nogales y otras partes”, afirma la demanda. Los abogados reconocen que enfrentan una batalla cuesta arriba frente a la Patrulla Fronteriza y su intimidante grupo de abogados.
Según la autopsia, presentada en 2013, el menor recibió al menos 10 tiros, la mayor parte de ellos en la espalda. Además del juicio, la demanda también busca que se apliquen castigos y una declaración en la que se indique que los agentes de la Patrulla Fronteriza violaron la Constitución. "No hay otra manera de que la familia pueda buscar justicia. No hay otra alternativa. Lo que pasó fue un escandaloso acto de violencia y no debería pasar nunca más", afirmó el abogado de la madre, Luis Parra. Uno de los abogados de ALCU señaló que la pregunta clave en este caso es: "¿Puede un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos disparar hacia México y matar a un mexicano y decir que la Constitución de Estados Unidos lo protegía?".
