España: La reforma del aborto explicada al detalle

Los dos grandes periódicos "conservadores" de España, ABC y La Razón, han coincidido al publicar sendas entrevistas al ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, en las que explica con más detalle su propuesta de ley de "Protección del Concebido No Nacido" y el contexto constitucional y europeo en el que llega.

Esta es la entrevista con Nati Villanueva en el diario ABC:

¿Se esperaban las críticas a la reforma de la ley del aborto?

Sí, sabemos que hemos hecho algo sin precedentes en las últimas décadas en Europa, que es acabar con el mito de la presunta superioridad moral de la izquierda.

La izquierda está acostumbrada a que cuando pierden las elecciones y gobiernan los partidos populares, éstos gestionen de forma distinta, pero sin modificar aquellas leyes sobre las que la propia izquierda cree que tiene el monopolio de la legitimidad. Entre ellas estaba la ley del aborto.

Hacer una defensa de avance, de progreso, en defensa de la vida, frente al retroceso que dignificó en la defensa de esos derechos la ley de 2010, es algo que la izquierda estaba convencida de que no íbamos a hacer en esta legislatura y le produce, además de una irritación política, un quebranto ideológico, porque saben que tendrá continuidad en otros países. Esta es la ley más avanzada y progresista que hemos hecho desde el Gobierno.

Se les ha acusado de un retroceso respecto a otros países europeos, como Alemania o Francia…

Lo que hemos hecho es un avance sustancial, de acuerdo con nuestra Constitución, que establece el derecho a la vida, y con el Tribunal Constitucional, que hasta en tres sentencias interpretó con rotundidad cómo tenía que gestionarse ese conflicto entre el bien jurídico que es el concebido y los derechos de la mujer.

Dicho eso, quiero recordar que la semana pasada el Parlamento Europeo rechazó la propuesta de una diputada socialista portuguesa que pretendía recuperar ese concepto antiguo y superado de considerar el aborto como un derecho y no como un drama que debe ser regulado por el legislador.

Nosotros hemos hecho la primera legislación que está en consonancia con el pensamiento mayoritario de los ciudadanos europeos, con lo que ha expresado su Parlamento, y estoy convencido de que esta iniciativa tendrá continuidad en otros parlamentos de otras naciones europeas.

El Grupo Parlamentario Popular me ha pedido que en febrero me desplace a Bruselas para explicarles el proyecto, los fundamentos, el trabajo de elaboración del mismo desde una posición de plena y absoluta coincidencia con el mismo.

Desde su partido se insiste en que buscarán puntos de encuentro con otras fuerzas parlamentarias para sacar adelante este proyecto con el mayor consenso posible. ¿Hay margen para el cambio?

Siempre la tramitación parlamentaria busca mejorar los proyectos. Pero digo una cosa con rotundidad: este es un proyecto muy pensado y muy elaborado, y el Gobierno, antes de aprobarlo en el Consejo de Ministros, ha delimitado claramente los principios que informan el mismo, y esos principios no son renunciables, porque sería ir en contra de aquello que nos ha movido a aprobar este proyecto de ley.

Que hay algunos aspectos susceptibles de mejora en la tramitación, ojalá que sea así. Que no se va a renunciar a ninguna de las conquistas en defensa de los de los derechos que ella recoge, se lo garantizo como ministro.

¿Tendría cabida por ejemplo el tercer supuesto que contemplaba la ley del 85, el de malformaciones graves?

No, entre otras cosas porque hay un requerimiento formal de la ONU para que España derogara el artículo que se refiere a la discapacidad en la ley Aído.

Sería absolutamente contrario no sólo al convenio de Naciones Unidas, sino a cualquier principio elemental de defensa de la dignidad de la persona, el establecer niveles de protección en función de la capacidad o discapacidad de las personas, porque si eso se hace con los concebidos, ¿qué impide que en un momento posterior otra legislación lo haga extensible a los que ya han nacido?

No se puede decir que un no nacido, por tener alguna discapacidad, tiene menos derecho a la protección de su vida que la de un concebido sin discapacidad.

Por eso nuestro proyecto de ley centra la despenalización del aborto en el quebranto psicológico que ese u otro hecho puede causar en la mujer, y es un principio fundamental que si todos los seres humanos son iguales, los concebidos tienen que ser iguales también y tener el mismo nivel de protección.

Usted ha dicho que no puede establecerse una distinción entre embriones de primera y de segunda. ¿No se establece esta distinción cuando se diferencia entre los concebidos como consecuencia de una violación, casos en los que se permite el aborto, y aquéllos con malformaciones graves, en los que está penado?

En el caso de la violación ha habido un ataque a la libertad sexual de la mujer y, por lo tanto, los poderes públicos no pueden penalizar la decisión de no continuar con ese embarazo.
Aunque se contempla específicamente ese supuesto, la razón ética que lo justifica no es ninguna minusvaloración de ese concebido, sino el que su continuidad genere un quebranto psicológico irrecuperable en la mujer.

Y ese mismo principio es el que informa toda la ley. El aborto no es un derecho, pero tampoco estará penalizado cuando entre en conflicto con derechos fundamentales de la mujer, que tendrá que acreditar ese conflicto.

Lo que sí hace la ley es una presunción de que cuando el embarazo es fruto de un ataque a la libertad sexual de la mujer, ese conflicto psicológico va a existir, pero la justificación a ese conflicto es el daño a la mujer.

¿No teme el Gobierno que, como sucedió con las clínicas abortistas, haya una red de médicos dispuestos a firmar por convicción el informe que les pongan delante?

Todos somos conscientes de que la ley del 85 no se aplicó como quiso el legislador ni el Tribunal Constitucional porque hubo muchos mecanismos de vulneración.

Nosotros hemos introducido mecanismos de control, como la prohibición de la publicidad sobre clínicas abortivas, que tengan que ser dos especialistas los que firmen el mismo dictamen clínico, y que nunca los especialistas que emitan el informe tengan relación laboral con la clínica en la que se vaya a interrumpir el embarazo.

¿Permitirá su partido la libertad de voto cuando se apruebe esta ley? Hemos visto la reacción de la delegada del gobierno en Madrid, manifestándose en contra de la reforma…

La reforma de la ley era un compromiso del PP que tiene su primera construcción intelectual en el recurso que se interpuso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de 2010.

Luego se plasmó en el programa electoral del PP, lo que significa que todos los que fuimos candidatos en las últimas elecciones no solo lo leímos, sino que asumimos como propio.

Cualquier miembro del partido que aceptase ocupar un cargo electo o de responsabilidad sustentado en ese contrato que firmamos con los ciudadanos no puede decir ahora que tenía reserva mental sobre alguna de las partes de ese programa, y por tanto creo que todos estamos obligados a cumplir ese contrato que firmamos con los ciudadanos.

Si no quiere no me conteste, pero si usted hubiera sabido que su mujer iba a tener un hijo con graves malformaciones no incompatibles con la vida, ¿habrían seguido adelante?

Sí, sin dudarlo. Y es una opción, una convicción personal. No puedo dejar de recordar a una persona que a lo largo de mi vida más me ayudó a conformar mi pensamiento en relación con relación al tema del aborto: fue Federico Carlos Sainz de Robles, que fue presidente del Tribunal Supremo y que tenía una situación en su familia que corresponde a la pregunta que usted me ha hecho.

Alguna vez le pregunté por esa situación y lo que él me dijo fue que nada en su vida había cohesionado más a su familia y había dado más sentido a su vida que la dedicación que desde el día que nació tuvo hacia aquel hijo suyo con aquellas carencias.

¿Defenderá personalmente Rajoy esta reforma en Europa?

Sin duda. Mire, por muy convencido que esté un ministro de una iniciativa es imposible que la saque adelante sin el apoyo de su presidente.

Este Gobierno, en estos dos años, ha abordado dos materias que son determinantes para acabar con esa limitación de derechos y posibilidades de progreso que la izquierda había impuesto en los últimos años: la ley de educación y la ley del aborto.

Le puedo asegurar que frente a los tormentas mediáticas y exageraciones dialécticas que caracterizan a la izquierda, si ambos ministros hemos sido capaces de sacarlo adelante es porque tenemos el respaldo de nuestro presidente, que, en contra de lo que algunos critican, ha demostrado ser un presidente con convicción, con coraje y con capacidad de decisión.

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A continuación, reproducimos las preguntas y respuestas de la entrevista concedida a Francisco Marhuenda y Francisco Velasco en La Razón.

Si tuviese que definir en pocas frases el objetivo final de este anteproyecto de Ley, sería…

El objetivo final es cumplir el mandato constitucional de proteger los derechos del concebido, de la mujer, y de resolver el conflicto cuando ambos derechos entren en colisión, pero haciéndolo desde una postura humanista y con unos avances, a mi juicio, trascendentales en la concepción del Derecho como garantía de protección de derechos de los más débiles.

¿Por qué considera el Gobierno que había que derogar la «Ley Aído» sobre el aborto?

Porque es contraria a la interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho del derecho a la vida. Desde el momento en que durante las primeras 14 semanas de embarazo, la ley vigente desprecia absolutamente los derechos del concebido y deja la decisión de interrumpir el embarazo exclusivamente en la voluntad unilateral de la madre gestante, con lo que está ignorando el mandato constitucional de considerar al concebido como un bien jurídico con derecho a protección.

En segundo lugar, porque la «Ley Aído» deshumaniza absolutamente el drama del aborto, lo considera más como un método anticonceptivo que como el terrible concepto que surge no solamente para la mujer, sino para toda la sociedad, cuando entran en colisión dos derechos susceptibles de protección.

En tercer lugar, porque privar a las menores de la compañía de sus padres cuando tienen que abordar una decisión tan extraordinariamente dramática como es enfrentarse a una posible interrupción de embarazo es ir en contra de la necesaria protección de los derechos del menor.

En cuarto lugar, porque es un nítido compromiso electoral que el PP introdujo en su programa, que fue mayoritariamente respaldado por los españoles en las últimas elecciones generales.

Y en quinto lugar, porque es necesario en España y en Europa que los humanistas defiendan con convicción los derechos de las personas frente al frío e insensible materialismo que en esta materia ha acompañado históricamente las propuestas de la izquierda.

¿Considera que este anteproyecto de ley se puede considerar progresista? ¿Por qué?

Sin duda alguna. Una de las cosas que va a suscitar el debate que se ha abierto con este proyecto es acabar con el mito de la pretendida superioridad moral de la izquierda.

La izquierda no es progresista cuando ante una situación de conflicto entre el concebido y los derechos de la mujer opta por despreciar absolutamente la protección del primero.

La izquierda no es progresista cuando considera que una menor de edad no tiene que estar acompañada de sus padres para tomar una decisión que le puede marcar psicológicamente y la evolución psicológica de su personalidad.

Y, sobre todo, la izquierda no es progresista cuando aprueba una ley que penaliza a la mujer, a la que amenaza con privación de libertad, pero que da amplísimas facultades a las clínicas abortistas para realizar las interrupciones del embarazo.

O sea, ¿es progresista?

Sí. Sin duda es el proyecto más progresista que ha hecho el Gobierno desde que asumió su responsabilidad hace dos años, y creo que lo que hemos hecho ahora en España va a abrir un debate en toda la Unión Europea y que veremos durante los próximos meses y años muchas iniciativas sometidas a debate público y político, como la que hoy ha presentado el PP español.

¿El aborto es un derecho de la mujer?

El aborto no es un derecho, el aborto es un drama, una tragedia personal; en primer lugar para el concebido, que se ve afectado por la frustración de su derecho vital, en segundo lugar, para la mujer, y en tercer lugar, para toda la sociedad.

No puede considerarse la privación de un derecho de vida como un derecho; eso es un concepto materialista, deshumanizado, antiguo y rebatido por los grandes pensadores, como se encargó de demostrar en reiteradas ocasiones a lo largo de su vida un hombre nada sospechoso de ideas conservadoras como Julián Marías, que siempre consideró que algún día la izquierda se avergonzaría de su postura deshumanizada de desprotección del concebido, de la misma forma que hoy se avergüenza de no haber apoyado en la Segunda República el derecho a voto de la mujer.

La izquierda tarda mucho en rectificar, pero estoy convencido que esta rectificación se producirá.

El supuesto de peligro para la salud físicas o psíquica de la madre se convirtió en un «coladero» para la práctica de abortos. ¿Puede ocurrir algo similar con la nueva ley, dado que la mujer puede escoger libremente a los médicos que realicen el informe sobre ese aspecto?

El planteamiento de la ley de 1985 en este aspecto era conforme con la doctrina del TC. La ejecución práctica de la ley, ciertamente, no lo fue.

Lo que introduce el proyecto de ley que ha aprobado el Gobierno son garantías de que aquello que dice la actual ley y que decía la ley de 1985, que es lo que dijo el TC, efectivamente se cumplió, y que la interrupción de embarazo se produzca solamente cuando exista de verdad un conflicto grave con el proyecto vital de la mujer porque afecte a su salud física o a su salud psíquica.

Hemos introducido, de acuerdo con el Derecho comparado, una serie de medidas que van a ayudar de forma determinante a conseguir este objetivo; el informe no podrá ser de un solo médico, sino que tendrá que ser de dos médicos especialistas, pero no dos informes, sino un único informe firmado por dos especialistas, y aquí el matiz es muy importante, porque tendrán que coincidir los dos profesionales en la acreditación de ese peligro para la salud física o psíquica de la mujer.

Pero la mujer tiene libertad de elección.

Es verdad que no se ha establecido ningún tipo de discriminación entre los profesionales de la sanidad pública y de la privada, por un principio de equiparación de condiciones al margen de dónde hayan optado los profesionales por trabajar, pero sí se prohíbe que los profesionales que emitan este informe no solamente no puedan trabajar en la clínica donde se vaya a practicar el aborto, sino que no podrán tener ningún tipo de relación laboral, de dependencia, con la estructura administrativa que gestiona la clínica donde se habrá de practicar el aborto.

Aunque es verdad que con la experiencia de la aplicación de la ley durante los próximos años nos tiene que hacer estar atentos a su seguimiento, pero creo que con estas garantías conseguimos cumplir plenamente el propósito de la sentencia del TC cuando aceptó estas indicaciones como supuestos varios de la interrupción del embarazo

¿Qué tiene que decir frente a los que dicen que ha cedido a las presiones de la Iglesia Católica?

Me sorprende que un debate que afecta a los derechos fundamentales se invoquen motivos o razones de carácter religioso. Es verdad que la Iglesia católica, como la inmensa mayoría de las confesiones monoteístas, defiende el derecho a la vida; pero este derecho no es un patrimonio exclusivo de ninguna confesión religiosa.

Y desde un planteamiento ético y desde un principio moral, aunque esté alejado de cualquier convicción religiosa, hay que defender el derecho a la vida. Por lo tanto, cuando la izquierda intenta situar la autoría intelectual de este proyecto en una confesión religiosa, se está haciendo un flaco favor a sí misma, porque lo que está manifestando es que desde una ética laica ellos no consideran el derecho a la vida como un derecho fundamental de la persona.

¿Y sobre las críticas de influencias de los sectores más conservadores de la sociedad española?

No solamente en los dos años que llevo en el Ministerio de Justicia, sino en los 30 años que llevo en política, probablemente haya sido la decisión más avanzada y más progresista que he tenido la ocasión de proponer.

¿Piensa que la sociedad española respalda esta nueva ley, los principios fundamentales de la misma?

Creo que hay un profundo sentido humanista en la sociedad española que, además, está muy identificada con las corrientes de pensamiento que han construido históricamente esta nación, que no permanece indiferente ante una agresión a los sectores más débiles de la sociedad y muy especialmente al más vulnerable de todos, que es el concebido y no nacido. Creo que es una corriente que no se identifica con un pensamiento ideológico determinado.

Vuelvo al ejemplo de personas como Julián Marías o Miguel Delibes, que no se caracterizaron por tener una militancia conservadora y que fueron grandes defensores del derecho a la vida y denunciaron valientemente el falso progresismo que para la izquierda significaba la vulneración de ese derecho con una legislación que solamente busca dar satisfacción, presunta, a las necesidades inmediatas de una mujer en el caso de un embarazo no deseado.

Y creo que los ciudadanos, a diferencia de lo que ocurrió en las elecciones generales de 2008, donde el PSOE ocultó su intención de modificar la Ley del Aborto, no introduciendo la propuesta electoral, nosotros hicimos de ese asunto uno de los ejes centrales de nuestra campaña.

Tuve la responsabilidad, por la confianza del presidente, de acudir a varios debates en la última campaña electoral y no hubo uno donde la izquierda no me preguntase estrictamente si íbamos a cumplir el punto que incluía la modificación de la Ley del Aborto, y a todos, con rotundidad, sin ningún tipo de disimulo, contesté que sí.

Esa candidatura y ese programa fue respaldado mayoritariamente por los ciudadanos.

¿Cree que esta nueva ley supondrá una pérdida de votos para el PP?

Estoy convencido de que no va a ser así. Creo que el PSOE está cometiendo un error estratégico importante cuando intenta hacer de las próximas elecciones europeas una evaluación de la conformidad o disconformidad con este proyecto de ley, según el discurso que anunció Rubalcaba recientemente.

Pero, en segundo lugar, tengo que decir, y estoy convencido de que va a ser así, que hay decisiones en la vida política y en la vida en general que no pueden estar sometidas a un interés electoral.

No estamos hablando de una medida que pueda ser aplicada o no en función de sus consecuencias electorales, sino que estamos hablando de la puesta en valor de un principio esencial de los que justifica plenamente un compromiso con la sociedad.

Por lo tanto, al margen de cuáles sean los efectos electorales, estoy convencido de que los ciudadanos valorarán siempre a un Gobierno y a un presidente que antepone los principios esenciales de su compromiso con la sociedad, a través de la política, a cualquier beneficio coyuntural.

¿De verdad que todo el Gobierno apoya esta reforma?

Absolutamente.

¿Disminuirá el número de abortos con esta ley?

A todos nos gustaría que fuese así, pero tengo que decir que ésta es una ley justa, humanista, progresista, sea cual fuera la evolución estadística en el número de abortos que se produzca en España.

Por dejar claro un aspecto de la ley que puede suscitar algún interrogante: ¿Podrá abortar una menor de 16 años con la oposición de los padres?
Única y exclusivamente si el juez, en el supuesto de que se produzca ese conflicto, y que no se preste el consentimiento por parte de sus padres, entendiese que el interés de la menor y su capacidad para tomar esa decisión puede suplir la falta de consentimiento por parte de sus padres. Es un proceso rápido que se resuelve en un plazo máximo de cinco días.

Desde la oposición, principalmente por parte del PSOE, se esgrime que este proyecto de ley, de salir adelante, supondrá un retroceso de varias décadas en lo relativo al aborto.

Es falso. Lo que hace esta ley es situarnos en el espacio de vanguardia del siglo XXI. Estoy convencido de que será el siglo en el que se recuperará valores esenciales, como la defensa del derecho a la vida.

Hay que recordar que la semana pasada el Parlamento europeo rechazó una propuesta de una diputada socialista de Portugal para que el aborto fuera considerado como un derecho, y, por el contrario, se aprobó mayoritariamente, el respeto absoluto a la voluntad de cada uno de los países miembros para legislar esta materia de acuerdo con sus respectivas constituciones.

¿Será entonces uno de los proyectos más avanzados de Europa en defensa de la vida?

Creo que sí, y estoy convencido de que va a abrir un debate en muchos países de la Unión Europea. Puedo decir que en el mes de febrero iré a Bruselas para reunirme con el grupo parlamentario popular europeo para darles cuenta de este proyecto y tengo la convicción de que iniciativas legislativas semejantes las veremos tramitarse en los respectivos parlamentos nacionales de muchos países miembros de la Unión.

¿Cómo valora la reacción del PSOE ante este anteproyecto?

La izquierda en España parte de un principio, y es que las mayorías que cada cuatro años se conforman en las urnas no tienen legitimidad para modificar lo que ellos, desde una soberbia intelectual histórica, califica como superioridad moral de su ideología.

La izquierda entiende que cuando el PP llega al Gobierno no podemos modificar aquellos aspectos que ellos entienden que poseen el monopolio de su regulación, y, desde luego, incluyen el aborto como uno de los asuntos que no puede ser modificado por mayorías alternativas.

Por eso se ha producido una irritación como la que ha manifestado el PSOE, porque desde una actitud escasamente respetuosa con la voluntad de los ciudadanos, considera que ni siquiera con una mayoría electoral podemos rebatir sus postulados, que son profundamente dogmáticos.

Creo que en esta legislatura la izquierda se ha quedado profundamente sorprendida de que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy haya aprobado dos reformas de espacios que ellos históricamente han intentado monopolizar, como es la educación y lo relativo a la regulación de la interrupción del embarazo.

¿Le sorprende la postura que han mantenido UPyD y Ciutadans?

No. Hay que recordar que UPyD es una escisión del PSOE y, por lo tanto, hereda sus conceptos ideológicos; y creo que Ciutadans se mueve en torno a una causa que, si no es única, es monopolística y, con sinceridad, tengo dudas de que hayan abierto un debate profundo, interno, sobre otros aspectos de la realidad, distintos de la realidad política al tema soberanista.

¿Qué es lo que ve detrás de esta batalla política contra el Gobierno por esta reforma del aborto?

Hay, como le decía antes, una soberbia intelectual por parte de la izquierda, hay una profunda irritación por que una mayoría social desautorice las medidas que adoptaron mientras estaban gobernando, y yo creo que hay una sorpresa porque ellos pensaban que de la misma forma que durante los ocho años que anteriormente gobernó el PP no modificó la ley de 1985, ahora tampoco íbamos a modificar la ley de 2010 («Ley Aído»).

Pero el PSOE tiene que aprender que cuando son derrotados en las urnas no solamente pierden el poder político, sino que también son desautorizados en sus postulados ideológicos, y eso es lo que ha hecho el Gobierno del PP.

¿Se introducirán modificaciones esenciales en la tramitación parlamentaria

Siempre la tramitación parlamentaria debe intentar mejorar los textos legislativos, y ojalá se produzcan aportaciones que así lo consigan.

Pero le puedo asegurar que lo esencial del proyecto es fruto de una reflexión intensa, extensa y profunda dentro del Gobierno, y, por lo tanto, el Ejecutivo sostendrá hasta el final de la tramitación parlamentaria su proyecto.

¿Apoyaría que la votación final sobre el proyecto de ley fuese secreta, como pide el PSOE?

Las únicas divisiones en relación con este tema que se han hecho públicas han sido dentro del propio PSOE. Hay que recordar que destacados dirigentes históricos del Partido Socialista, como Alfonso Guerra, calificaron literalmente de «barbaridad» algunos aspectos de la «Ley Aído», como por ejemplo el privar a las menores de la compañía de sus padres a la hora de tomar una decisión sobre la interrupción del embarazo.

¿Se retirará el recurso ante el TC contra la todavía vigente Ley del Aborto?
Jurídicamente, tengo mis dudas de que se pueda retirar, porque no fue este grupo popular, sino uno que ya se extinguió, del que formaba parte de diputados que ya no lo son, quien interpuso ese recurso.

Yo creo que la continuidad o no, más que una decisión del Grupo Parlamentario Popular debería ser una decisión del propio TC si una vez derogada la ley entiende que hay una pérdida de objeto en el recurso interpuesto, pero es una decisión del propio Tribunal Constitucional.