El problema de la vivienda desocupada: ¿Deben derribarse los edificios?

Hay un hecho evidente: en España existen 800.000 pisos y casas unifamiliares sin vender. Es un stock muy grande, y lo peor de todo es que una parte del mismo está en unas condiciones que hacen improbable su venta. Se tratan de excesos edificatorios en lugares donde es improbable que en un espacio de tiempo razonable pueda pensarse en que sean ocupados. El ejemplo más espectacular es el de Seseña, pero hay muchos más en menor dimensión. Sobre todo, abundan en la Comunidad Valenciana, en Andalucía o en Cataluña. Pero, en términos relativos, seguramente en Murcia y en Castilla-La Mancha su peso sea más importante.

Hay países como Irlanda y Estados Unidos en los cuales han derribado inmuebles, sobre todo aquellos que están inacabados y que resultas difíciles de colocar. En España, esta onda ya circula. Los grandes propietarios de pisos, léase los bancos y, por descontado, el 'banco malo' estarían por esta labor, porque les simplificaría en gran medida la colocación de su stock vendible, y hay una parte de verdad en ello. Pero, al otro lado de la balanza, debe pesar mucho la consideración del escándalo social en el que vivimos: por una parte, un exceso de vivienda; por otra, muchísimas familias que deben abandonar la suya por no poder pagarla y otros muchos que no pueden disponer de una vivienda digna en relación al tamaño de su familia o bien simplemente para emanciparse de sus padres.

Se dice que todo problema representa un desafío y por lo tanto una oportunidad. También en esta caso es cierto. El extraordinario stock de edificios debería permitir, a condición de que se llevara a cabo un planteamiento adecuado, el colocar una gran parte de ellos como vivienda social, a la que tuvieran acceso aquellos que han perdido la suya, los que no pueden pagarla, los jóvenes que desean emanciparse y formar una familia o aquellos que quieren aumentar el número de hijos y no pueden porque viven en un espacio ridículo. Naturalmente, hay un factor de localización que limita mucho las soluciones. Los pisos disponibles no se encuentran en muchas ocasiones en los lugares donde vive o trabaja la persona, y esto es un factor que desvirtúa la solución, pero no la invalida.

También debería tenerse en cuenta otra consideración. No pueden montarse una especie de guetos donde se concentren aquellas personas que se encuentren en situación social más difícil, sino que ha de producirse una heterogeneidad desde el punto de vista de los ingresos, que es buena desde todos los puntos de vista: el de la cohesión social y, sobre todo, el de la integración. En cualquier caso, antes de plantearse nada sobre el derribo de edificios que en todo caso no estén terminados, debería enfocarse el problema de la gente sin vivienda.

Detrás de toda esta cuestión, como siempre, anida la pregunta fundamental, ¿cómo se responde al bien común? Y la respuesta creemos que es clara: primero, dando una preferencia especial a quienes tienen necesidades básicas, como la de la vivienda, absolutamente insatisfechas; y, segundo, buscando que sobre la sociedad no recaiga el coste de mantener un stock invendible de pisos.