El dilema del PP con la defensa de los no nacidos
Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haga una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el suyo.
"Cambiaremos el modelo de la actual legislación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores". Con esta afirmación en el programa electoral, Mariano Rajoy concurría a las elecciones que se celebraron el 20 de noviembre de 2011.
Han pasado casi dos años y la reforma de la ley del aborto prometida por el Gobierno y que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón ha anunciado en varias ocasiones no llega. Visto el pleno de sesiones, su inclusión en el Congreso de los Diputados no se espera, como mínimo, hasta después del verano.
Con este calendario, finalmente la oposición podría salirse con la suya y el Gobierno esperaría así al pronunciamiento del Tribunal Constitucional ante el recurso presentado en 2010 por el Partido Popular contra la ley Aído.
El magistrado del Tribunal Constitucional Andrés Ollero ya anunciaba hace unos días, en declaraciones a Páginas Digital, que si el Gobierno no elaboraba pronto una nueva ley del aborto, habrá una sentencia y aseguraba que si esa sentencia no se ha producido hasta ahora ha sido porque el Tribunal no quería interferir en las labores del Gobierno.
División en el PP
Fue la petición del PSOE de esperar al pronunciamiento del Constitucional la que propició la visibilización de la división en el seno del Partido Popular al negarse la vicepresidenta del Congreso, la popular Celia Villalobos, a participar en esta votación.
La postura oficial del Ministerio de Justicia sobre el aborto es que aún está en fase de estudio y articulado y, por tanto, no hay nada definitivo. Lo único que puede saberse sobre la reforma que se está preparando es lo que ha ido declarando en estos meses el ministro Gallardón, explicó a Aleteia un portavoz.
Tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, Alberto Ruiz-Gallardón ha asegurado que se cambiará el sistema actual de plazos por uno de indicadores, con la reforma de la ley del aborto, y que se excluirá el supuesto de discapacidad: “Un discapacitado no tiene menos derecho que una persona que no tenga una discapacidad. Y si eso afecta a una persona, afecta también a un concebido. Por lo tanto, si hay interrupción del embarazo, será por un motivo distinto, pero jamás podrá ser por razón de la discapacidad de una persona, porque eso significaría crear personas de primera y de segunda”, afirmaba en el mes de mayo.
De igual manera la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Ana Mato aseguraba que se reformará según la ley de 1985, acorde con las resoluciones del Tribunal Constitucional y siempre "respetando" los derechos de las madres, de las menores y de los que puedan nacer.
Sin embargo, ante preguntas de periodistas, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguraba que “no hay ni siquiera una idea de lo que va a ser el proyecto” y las últimas “supuestas” declaraciones de Soraya Saénz de Santamaría han propiciado la voz de alarma de diversos colectivos sociales.
Estas presuntas declaraciones (luego desmentidas) de la vicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría mostraban la renuncia del Gobierno a cumplir su compromiso electoral sobre la derogación de la “Ley del aborto”.
Manifestaciones en las calles
El Foro Español de la Familia (FEF) ha contestado a estas presuntas afirmaciones anunciando una masiva contestación en la calle, “si el Gobierno no cumpliese su promesa electoral con la reforma de la ley del aborto” y mostrando que millones de españoles votaron al PP confiando en esta derogación; “si no cumpliese ese compromiso ya no podría volver a contar el PP con esos votos”.
“No hay ya ninguna razón -ni estratégica ni prudencial- que permita entender que el Gobierno no afronte ya la derogación de la legislación de 2010 en materia de aborto”, explica Benigno Blanco en un comunicado, destacando que la esperanza tras los sucesivos compromisos de Ruiz Gallardón podría convertirse en “una beligerancia política frente al PP”.
“Somos muchos los ciudadanos para los que la política del Gobierno en materia de derecho a la vida, protección a la familia y libertad para educar es esencial en la determinación de nuestro voto”, continúa Benigno Blanco y “la época del voto cautivo ya ha pasado”.
De ser ciertas estas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, el FEF califica al PP de “partido residual en una sociedad cada vez más polarizada” y advierte que si abandonara la batalla de las ideas y los valores, “estaría renunciando a su vocación de partido”.
“Queremos confiar en que el rumor de ayer sobre las palabras de la vicepresidenta sea un mero rumor sin fundamento”, finaliza Benigno Blanco, “pero conviene que el Gobierno no minusvalore la trascendencia electoral de su decisión en esta materia”.
¿Hundimiento electoral?
El colectivo Derecho a Vivir ha presentado una encuesta de análisis e investigación sobre el votante del Partido Popular y la protección de la vida humana en la que se muestra que el PP se hundiría en votos si archiva la reforma de la ley del aborto.
Según este análisis, creado en el marco de la campaña #BorraElAborto, más del 40% de los votantes del PP darían la espalda a Mariano Rajoy en unas próximas elecciones y sería un grave error, en términos políticos, el retrasar “sine die” la reforma de la ley del aborto, como ha asegurado, presuntamente, la vicepresidenta del Gobierno hoy en el Congreso de los Diputados.
