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Obispos de EEUU: Cerrad Guantánamo ya

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Mark Gordon - publicado el 03/07/13

Una llamada a restablecer la reputación moral del país norteamericano

Perdido entre las noticias de la semana pasada hubo un llamamiento de la conferencia episcopal de los Estados Unidos (USCBB) a la liberación inmediata de los 86 prisioneros que languidecen en la prisión de Guantánamo, también conocida como “Gitmo”. Los detenidos, algunos de los cuales llevan más de 11 años retenidos, habían recibido la libertad, pero la Administración Obama se niega a repatriarlos a sus países de origen. En una carta del 25 de junio dirigida al Secretario de Defensa, Chuck Hagel, monseñor Richard Pates (Des Moines), presidente del Comité Internacional de Justicia y de Paz de la USCBB, lamenta el trato que el Gobierno de los Estados Unidos da a los presos.  “La detención indefinida de los presos”, escribió monseñor Pates, “no sólo es una injuria para esos individuos, también hiere la reputación moral de nuestra nación, compromete nuestro compromiso con la ley y socava la lucha contra el terrorismo”.

Monseñor Pates destaca que el Gobierno de la nación ha sido informado de la alimentación forzada de cien presos que se habían declarado en huelga de hambre en solidaridad con los 86 presos de Guantánamo. “Los detenidos siguen teniendo los derechos humanos básicos”, escribe monseñor Pates en su carta a Hagel. “El Comité Internacional de la Cruz Roja manifestó su oposición a la alimentación forzada. Este método implica el encadenamiento del preso para introducirle un tubo a través de la nariz hasta el estómago. En lugar de recurrir a este tipo de medidas, nuestra nación debería, en primer lugar, atender a las condiciones de desesperación que han llevado a esta protesta”. El obispo concluye pidiendo al Gobierno de Obama que cierre la prisión por completo, diciendo que esta se ha convertido en “el símbolo de la detención indefinida sin juicio”.

El presidente Obama prometió cerrar Gitmo durante la campaña de 2008 a la Casa Blanca.

Esta es la segunda vez en pocos meses que la USCCB critica la conducta del Gobierno en la llamada “guerra global contra el terror”. En mayo, monseñor Pates mandó cartas al consejero de Seguridad Nacional, Thomas Donilon, y a los presidentes de varios comités del Congreso relacionados con la supervisión militar, pidiéndoles que volviesen a valorar los ataques con drones a objetivos determinados, que según dijo monseñor Pates, “violan la ley de la guerra, los derechos humanos internacionales y las normas morales”.

El comité de Justicia y Paz de la USCCB está compuesto por nueve obispos, cinco obispos asesores –incluyendo al arzobispo Timothy P. Broglio de Servicios Militares- y por algunos asesores legales como un general retirado y la profesora Mary Ann Glendon de la Escuela de Derecho de Harvard.

En este sentido el Comité, y por extensión la USCCB, está llamando al Gobierno de los Estados Unidos a volver a su postura histórica sobre el trato a los prisioneros.

Hace treinta años, mientras asistía a la Escuela para candidatos al Ejército, mi clase hizo un viaje de estudios al Andersonville National Historic Site, en Georgia.
Andersonville fue el hogar del Camp Sumter, un famoso campo confederado para prisioneros de guerra. Entre abril de 1864 y mayo de 1865, 45.000 soldados fueron encarcelados en Andersonville. De estos, casi 13.000 murieron de enfermedades, de hambre y de frío. Las fotos de los prisioneros de la Andersonville liberada rivalizaban con las de la liberación de los campos de exterminio nazis ochenta años después. Estando dentro del relativamente pequeño lugar que había albergado el sufrimiento de multitud de personas, fue muy duro creer que ese monstruoso crimen había pasado en suelo americano y se había cometido contra americanos. Pero lo más difícil de aceptar fue que los que habían infligido el daño también eran americanos. La memoria de Andersonville, indudablemente, jugó un papel importante en el hecho de que Estados Unidos fuera uno de los cuatro que firmaron las Convenciones de Ginebra, que comenzaron en 1882, incluyendo la 3ª convención en 1929, que creó un modelo integral para el trato de los prisioneros de guerra. Durante la II Guerra Mundial, casi medio millón de prisioneros de guerra, la mayoría alemanes, fueron recluidos en 700 campos diseminados en tres estados de EEUU. Estos prisioneros fueron tratados según los acuerdos de Ginebra, y muchos de ellos repatriados después de la guerra.
En 1949, las Convenciones de Ginebra fueron actualizadas de nuevo, esta vez como respuesta a las atrocidades cometidas contra prisioneros americanos, británicos y rusos por parte de los alemanes y los japoneses. De nuevo, Estados Unidos firmó ese tratado y constituyó la fuerza más importante tras el acuerdo, que mantiene el nivel global. El tratado exige que los prisioneros sean tratados con humanidad en todas las circunstancias y prohíbe específicamente la tortura, la humillación o el trato degradante, juicios ante tribunales irregulares, e incluso la negación del debido proceso legal. Cada una de estas prohibiciones ha sido derogada por Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre en 2001 y la subsiguiente “guerra global contra el terror”.

El centro de detención de Guantánamo, junto con la prisión de Abu Ghraib, es el símbolo del desprecio a las leyes internacionales, incluyendo los mismos tratados que se defendieron y firmaron hace pocas décadas. Gitmo, que está situado dentro de los límites de la Base Naval de Guantánamo, en el extremo occidental de la isla de Cuba, recibió sus primeros prisioneros el 11 de enero de 2002. El Gobierno de Bush, que había ido a la guerra en Afganistán unos pocos meses antes, buscaba un lugar donde los hombres capturados en el campo de batalla pudieran ser detenidos e interrogados sin la protección de la ley estadounidense . Al mismo tiempo, la administración Bush afirmó que dado que ninguno de ellos llevaba el uniforme de un ejército extranjero, los acuerdos de Ginebra no se aplicaban a ellos. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó más tarde esta afirmación, pero no antes de que Gitmo se convirtiera en un campo de “pruebas de interrogatorios mejoradas” (es decir tortura), trato degradante y negación del proceso debido.
En resumen, muchos de los que habían firmado la Cuarta Convención de Ginebra se supone que habían abjurado. Desde que se abrió, Gitmo ha albergado a 779 personas. De este número, 600 fueron liberados sin cargos, a veces después de años de cautiverio y maltrato. Quedaron otros 166, incluyendo los 86 que fueron “liberados” hace tres años. Sólo dos de los 166 han recibido cargos. Nueve hombres murieron en las instalaciones, el Gobierno dijo que seis se habían suicidado. Sólo siete prisioneros han sido condenados, incluyendo los juicios militares secretos.

En la campaña presidencial del 2008, Barack Obama definió Gitmo como “un triste episodio de la historia americana” y se comprometió a cerrar el centro en su primer año. En diciembre de 2009, 11 meses después de asumir el cargo, el presidente firmó una orden formal para cerrar Gitmo y trasladar a los detenidos a cárceles del continente. Pero nada sucedió y a día de hoy continúa operativa. Obama ha culpado al Congreso y a los tribunales, pero sus excusas no son creíbles, especialmente dados los amplios y sin precedentes poderes que el presidente se ha dado a sí mismo en la consecución de la “guerra contra el terror”, incluyendo el derecho a la detención indefinida y a asesinar a ciudadanos americanos, así como todo un abanico de elementos de vigilancia actualmente desplegados por la Agencia Nacional de Seguridad. Si el presidente Obama quisiera cerrar Guantánamo, se cerraría.
Lo que nos lleva de vuelta a la carta de monseñor Pates al secretario Hagel. Citando el Compendio de la doctrina Social de la Iglesia, monseñor Pates reconoce justamente la seria amenaza que supone el terrorismo: “Los actos de terrorismo golpean directamente al corazón de la dignidad humana…; ‘existe por tanto el derecho a defenderse del terrorismo’”.
El prelado continúa citando a los mismos obispos que a raíz del 9 de septiembre declararon que “no sólo debemos actuar con justicia sino también que se perciba que lo hacemos, si queremos ganarnos el apoyo popular contra el terrorismo”. Guantánamo es un lugar donde los Estados Unidos han actuado injustamente, y posiblemente siguen haciéndolo. Manteniéndolo abierto, el presidente Obama continúa perpetrando una verdadera injusticia contra decenas de prisioneros que son recluidos sin cargos o juicios, y en palabras de monseñor Pates “también hiere la reputación moral de nuestra nación”.

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derechos humanosestados unidosterrorismo
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