Casi dos semanas después del arresto de Nicolás, el joven contrario al matrimonio homosexual detenido en Fleury-Mérogis, continúa la polémica en torno a la legitimidad de su encarcelamiento.
En una entrevista a BFM TV, la ministra de Justicia francesa Christiane Taubira se ha retratado al recordar que las leyes aplicadas eran “las leyes del antiguo quinquenio”, una excusa inadmisible según el presidente de la Asociación profesional de magistrados, Jean-Paul Garraud.
“Las declaraciones de Taubira, con las que rechaza la responsabilidad del encarcelamiento de Nicolas Bernard-Busse, condenado a cuatro meses de cárcel dos de ellos firme tras la manifestación contra el matrimonio gay, apuntando a la legislación de la mayoría anterior, son totalmente de mala fe o revelan una incompetencia extraña”, señala en un comunicado.
En primer lugar, la ley sobre penas mínimas no se aplicaría ciertamente a este joven que no es reincidente en el sentido jurídico del término. Además, incluso si se aplicara, los jueces siempre son libres de “hacer descender bajo el mínimo” lo que ha motivado su condena. Porque, en oposición a la propaganda gubernamental, la ley sobre penas mínimas no entraña la automaticidad de la sanción”, continúa Garraud.
Para el magistrado, “en realidad, ante las protestas provocadas por el encarcelamiento de este joven manifestante, cuando numerosos delincuentes con antecedentes judiciales se mantienen impunes por mucho tiempo, la Ministra de Justicia intenta encender lamentables cortafuegos que no engañan a nadie”.
Negarse a casar parejas homosexuales
Por otra parte, el alcalde del pueblo francés de Mésanger, Jean-Yves Clouet, ha convocado a todos sus homólogos a manifestarse este domingo 7 de julio en la Plaza de la Madeleine de París para defender su derecho a la objeción de conciencia de alcaldes y concejales que no quieran casar a personas homosexuales.
“Hoy en día, el Gobierno pretende obligar a los alcaldes a someterse a nuevas normas sin ningún recurso posible –indica en un escrito-. Personalmente creo que debo permanecer fiel al mandato para el que he sido elegido”.
El alcalde denuncia que “el ministro del Interior pretende imponerme, bajo pena de cárcel, que aplique una ley que hurta mi conciencia de ciudadano y de elegido; según la concepción del Gobierno, mi conciencia no es esa facultad eminente que distingue el hombre del animal, no es más que un “sentimiento” como cualquier otro”.
“Al presentarme a las elecciones municipales, nunca tuve la intención de poner mi función al servicio de intereses minoritarios y gravemente contrarios a la concepción de la familia a la que yo quería servir”, añade, antes de reclamar para él y los demás alcaldes “el beneficio del estatus de objetor de conciencia respecto a la ley Taubira”, que prevé que las parejas homosexuales puedan casarse y adquirir los mismos derechos que los matrimonios heterosexuales.
Hoy celebramos a...