Ofender los sentimientos religiosos dejará de ser considerado un delito en España si el Parlamento aprueba el Plan de Acción por la Democracia presentado por el Gobierno en septiembre.
Representantes cristianos han expresado su preocupación en las últimas semanas por el anuncio de recortar así la libertad religiosa.
“Un porcentaje no pequeño de la sociedad española se ve en un proceso de indefensión”, declaró el portavoz de la conferencia episcopal, Francisco César García Magán, el 1 de octubre.
“Eso es reducir esa dimensión religiosa, considerar que ya no es un bien jurídico que por lo tanto hay que proteger”, añadió el obispo.
Y destacó que actualmente en 21 de los 27 países de la Unión Europea se tutela la libertad religiosa.
Para el presidente del episcopado español, Luis Javier Argüello, es una paradoja que mientras sentimientos relacionados con la identidad sexual se elevan a categoría jurídica, los religiosos dejen de protegerse.
“Estupefacción”
Por su parte, la Federación Evangélica expresó este miércoles 9 de octubre de 2024 “estupefacción” por el anuncio del Gobierno.
Considera que no hay motivos jurídicos para derogar el artículo 525 del Código Penal que reconoce el delito de ofensa de los sentimientos religiosos.
Eso “supondría dejar las creencias y los sentimientos religiosos de los creyentes más desprotegidos frente a las más graves manifestaciones y agresiones contra los mismos”.
Lo advirtió su secretaria ejecutiva Carolina Bueno Calvo, también presidenta de la Mesa de Diálogo Interconfesional de España.
La federación de entidades evangélicas también lamentó “que esta derogación haya sido incluida entre una serie de medidas cuyo objetivo es la regeneración democrática de nuestro país, ya que poco tiene que ver”.
Derecho básico
“Contemplamos con tristeza cuando se producen ofensas y las vejaciones contra los sentimientos y creencias religiosas”, expresó Bueno Calvo.
“Estas burlas y escarnios públicos de los referentes más sagrados de la fe religiosa de millones de personas se suelen producir con impunidad y con una preocupante tolerancia social”, constató.
“Por eso, entendemos está justificada la protección existente en la actualidad y la necesidad del trabajo a favor del diálogo, del respeto, la tolerancia y la integración para una convivencia en paz”, declaró.
Y añadió: “La libertad religiosa es un derecho humano básico con una importancia de primer orden, y nuestra democracia debe sentirse orgullosa de defenderlo, protegerlo y no devaluarlo, como se está proponiendo”.
Finalmente, solicitó que se pida la opinión de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, “que es el órgano experto consultivo del Gobierno en esta materia”.
La libertad religiosa es el único derecho fundamental en el que se pone en duda la persecución de delitos contra ella”, declaró la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, María García.
Y advirtió que si sale adelante el plan del Gobierno español, “va a salir completamente gratis mofarse de las personas que practican una religión”.
Actualmente, los países que tipifican los delitos contra los sentimientos religiosos pueden sancionarlos con penas de prisión.
Según el informe La protección legal de la libertad religiosa en la Unión Europea, todos los estados miembros menos Irlanda, Suecia, Estonia, Francia, República Checa y Croacia, sancionan las ofensas a los sentimientos religiosos.
