La subsidiariedad es uno de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. Esta no se limita al Estado, pero sí lo incluye de manera preponderante. Gracias a la subsidiariedad, el ente mayor –en este caso, el Estado– brinda ayuda al menor –en este caso, a los ciudadanos en estado de vulnerabilidad, sea en forma independiente o coaligada– para favorecer su pleno desarrollo.
No se trata de caridad, sino de justicia social. Claro que la caridad es más excelsa, pues rebasa a la justicia, pero no la sustituye; es decir que, antes de la caridad, está la justicia. Cumplida esta, se abre la posibilidad y obligación moral a la excelencia de la virtud de la caridad.
La obligación del Estado y la subsidiariedad
La naturaleza del Estado le obliga a brindar servicios educativos eficientes, suficientes y de alto nivel académico en todos las etapas escolares (educación básica, media y superior); y su responsabilidad subsidiaria le obliga a proveer de apoyos a los más vulnerables: becas, alimentos en la escuela, transporte, uniformes, recursos tecnológicos, entre otros, a fin de que todos gocen de una educación acorde con el valor y dignidad humanas.
La naturaleza del Estado le obliga a brindar servicios de salud eficientes, suficientes y de alto nivel, desde la salud preventiva, hasta la atención hospitalaria especializada; y su responsabilidad subsidiaria le obliga a proveer de apoyos a los más vulnerables: pensiones, goce de incapacidades, ambulancias y servicios a domicilio, entre otros, a fin de que todos gocen de servicios de salud acordes con el valor y dignidad humanas.
La naturaleza del Estado le obliga a fomentar el empleo digno, así como facilidades para el autoempleo; y su responsabilidad subsidiaria le obliga a proveer de apoyos a las personas desempleadas y/o con limitante económica: créditos productivos, pensiones temporales, incubadoras de negocios, incentivos fiscales para micro y pequeños empresarios, guarderías, entre otros, a fin de que todos gocen de ingresos suficientes para una manutención digna de sus familias, acorde con el valor y dignidad humanas.
Y así podríamos extendernos con todo tipo de población vulnerable; por ejemplo, damnificados por desastres naturales, madres solteras o abandonadas, personas con discapacidad, adultos mayores, menores abandonados, migrantes, entre otros. En todos los casos, el Estado tiene una responsabilidad ejecutiva y subsidiaria que no puede descuidar so pena de traicionar su naturaleza y obligaciones.
La corrupción de la subsidiariedad
No obstante, la bondad natural de la subsidiariedad se puede utilizar para fines ilícitos. Desafortunadamente, es común ver que las políticas y programas sociales se pervierten por la corrupción humana:
- Cuando se descuidan o eliminan servicios que son obligación del Estado (salud, seguridad, transporte, educación, etc.) para sustituirlas por dádivas económicas que resultan más baratas y rentables que la provisión de los servicios que le obligan.
- Cuando estos programas sociales no llevan por objeto el desarrollo de los grupos vulnerables, sino su preservación en tal estado a fin de mantener una base de dependientes incondicionales.
En estos lamentables casos, el Estado corrupto abandona la búsqueda del Bien común que le compete y obliga; y se entrega a sus intereses particulares, principalmente con fines electorales; es decir, la pensión o la beca a cambio del voto.
La persona humana, siendo un fin en sí misma y centro-motivo de todas las políticas públicas, se convierte en un medio por el que el Estado se auto procura su propio beneficio. Se trata de una cultura de muerte ajena a la dignidad y valor humanos.
El populismo
Este fenómeno manipulador de los programas sociales es típico de los gobiernos populistas. Estos no buscan solucionar los problemas; tampoco el desarrollo y crecimiento de la sociedad civil, sino ganarse el favor del pueblo. Para ello utiliza un modelo operativo probadamente eficaz y perverso:
- Echar la culpa de los problemas presentes a gobiernos anteriores, o a la oposición política, o a los empresarios, líderes sociales, medios de comunicación, etc. En este sentido, el Estado fomenta la división y polariza la sociedad entre buenos y malos.
- Se erige socialmente como el anhelado defensor del pueblo bueno... y para demostrarlo, opera en su favor una artillería de programas sociales, empezando por lo más fcil: dar dinero efectivo.
- Este dinero tiene por objeto preservar el estado de las cosas; esto es, que los pobres sigan siendo pobres y dependientes de su bono, pensión o beca periódica; de esta manera, crea fidelización a su proyecto, persona o partido.
El populismo tiene dos grandes enemigos: la educación y el progreso. La primera abre la puerta a la segunda; es por ello que la apuesta populista es el bajo nivel académico, la incompetencia, la anticiencia y la promoción de ideologías baratas. Solo así puede mantener una base social que, en cada proceso electoral, le otorga los votos que le permiten continuar lucrando con el poder.
La Doctrina Social de la Iglesia señala la medida subsidiaria cuando afirma que:
“Con el principio de subsidiaridad, contrastan las formas de centralización, de burocratización, de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del Estado y del aparato público: 'Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por las lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos'” (Centesimus annus, 48, citado en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 187b).
Los programas sociales en México
La pasada administración pública federal heredó a la presente once programas sociales. Esta última ha anunciado la adición de tres nuevos programas.
Lo criticable de estas acciones no es que ayuden a la sociedad civil; al contrario, esto es muy bueno y, en muchos casos, necesario; sino que no llevan como objetivo el desarrollo social a fin de que, en un futuro cercano, ya no sea necesario aportar esta ayuda.
Otro punto criticable es que varios de estos programas son de aplicación universal; es decir, para toda la población, no solo la vulnerable. ¡Qué fácil es depositar bimestralmente unos pocos miles de pesos, en lugar de brindar los servicios educativos, sanitarios, de seguridad, etc., que merece el pueblo soberano al que se supone debe servir! ¡Qué fácil es depositar bimestralmente una ayuda universal, en lugar de identificar y monitorear a los que verdaderamente necesitan de ella!
Un Estado digno para una sociedad digna
Un Estado digno es aquel que sabe limitar su acción a lo que la sociedad no puede alcanzar por sí misma, solo por el tiempo que ésta requiera para lograrlo.
En este sentido, una manera fácil y exacta de medir la eficacia de un Estado y el desarrollo de una sociedad, es mediante el análisis de su nivel subsidiario. En efecto, una sociedad que no necesita de subsidios para progresar es una sociedad desarrollada, madura y próspera; y su gobierno, un exitoso gestor del Bien común. Por el contrario, una sociedad que depende de los subsidios del Estado para subsistir es una sociedad no desarrollada e inmadura; y su gobierno, ineficaz o, tal vez, perverso, por así planear las cosas a fin de robar al pueblo no solo su economía, sino su esperanza y dignidad.
