De hecho, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que data de 1992, así como su Reglamento (2002) tienden a confundir los uno con lo otro, reduciendo al templo un derecho humano fundamental que, como se expresa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se puede expresar en público y en privado.
La distinción hecha por el arzobispo Cabrera es importante, toda vez que, en las pasadas elecciones intermedias de junio de 2021, varios sacerdotes y obispos fueron denunciados por haber, supuestamente, infringido la ley al dar sus opiniones sobre las elecciones y sobre el sentido del voto de los católicos.
Por ello, el presidente de los obispos de México recalcó, en el acto conmemorativo del treinta aniversario de la reanudación de relaciones entre México y la Santa Sede que la verdadera libertad religiosa tiene que llegar a permitir que cada persona practique y viva su fe, viva según su conciencia”.
México viene de una larga “tradición” liberal que hunde sus raíces en la Constitución de 1857 y que fue refrendada por la Constitución de 1917, claramente anticlerical. Más tarde, la Guerra Cristera y los “arreglos” de 1929 entre el Gobierno y la Iglesia motivaron un “modus vivendi” cuyo distintivo era la sumisión de la Iglesia cuya personalidad jurídica era casi inexistente.
El tema de la laicidad positiva y la libertad religiosa, esencia del encuentro organizado tanto por la Nunciatura Apostólica de México como por la Secretaría de Relaciones Exteriores, sirvió al arzobispo de Monterrey para señalar, con firmeza, que en lo que toca a libertad religiosa en México todavía falta mucho camino por andar.
No se trata de que la práctica religiosa sea pretexto para violentar los derechos de las demás personas, sino de una libertad positiva, que contribuya decisivamente a la construcción de una mejor sociedad. Los obispos de México –en voz de su presidente-- considera “fundamental” que el Estado sustente y asegure un orden justo para todos sus integrantes.
En la parte central de su discurso –que marcará un hito en las relaciones Iglesia-Estado en México—el arzobispo Cabrera, a nombre de los prelados mexicanos, dijo:
“Creemos y sostenemos que la libertad religiosa es un bien para los ciudadanos y no un escudo para proteger privilegios de pastores o líderes religiosos, pues estamos conscientes que la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo nunca de privilegios o prebendas”.
Cabrera quiso despejar dudas al recordar que los obispos de México “tienen claro” que los ministros de culto católicos no pueden hacer política partidista, pero al mismo tiempo como ciudadanos asumen su responsabilidad de participar en la vida política del país.
Y fue más allá al invitar a los políticos a escuchar la voz de la Iglesia en asuntos públicos, pues “con libertad religiosa, la Iglesia también ofrece la colaboración en causas sociales comunes”. Para terminar, el arzobispo Cabrera sostuvo:
“Como Iglesia queremos que se evite el fanatismo y el fundamentalismo religioso que encuentra razones para sacrificar miles de vidas sobre el altar de la intolerancia, a tal grado que los ataques a la libertad religiosa generan nuevas formas de persecución que alcanza niveles preocupantes de odio y violencia”.