México se ha vuelto tan peligroso como Colombia para los sacerdotes que sirven a su pueblo, afirma un profesor universitario de una zona de México asolada por los cárteles de la droga. Los clérigos católicos están asumiendo la responsabilidad dejada por las autoridades gubernamentales, y a menudo lo pagan con sus vidas.
"Cuando surge una emergencia, los mecanismos del Estado no reaccionan con suficiente rapidez", afirma Salvador Maldonado Aranda, profesor de antropología especializado en violencia de la Universidad Michoacana. "Los sacerdotes, sin embargo, ya están ahí. Hacen el trabajo de base. Ayudan a los lugareños a diario, escuchando y recogiendo testimonios. Por eso ahora las poblaciones vulnerables acuden primero a sus párrocos".
Aranda habló con el periódico católico francés La Croix tras el asesinato el 20 de octubre del sacerdote Marcelo Pérez en el estado de Chiapas, al sur de México. Pérez, asesinado a tiros tras celebrar una Misa, era un activista en favor de los pueblos indígenas y los trabajadores agrícolas. La fiscalía de Chiapas informó de que había detenido al presunto asesino, según AFP.
Apertura de iglesias
Según La Croix, muchos sacerdotes han abierto sus iglesias a las poblaciones desplazadas a la fuerza por los cárteles.
"La labor de los sacerdotes en estas zonas va más allá de su misión religiosa", explica Maldonado Aranda, profesor de antropología de la Universidad Michoacana. "A menudo, acaban convirtiéndose en activistas. Sienten la frustración de la gente que se siente abandonada, así que se movilizan y desafían abiertamente a las instituciones para que respondan con mayor rapidez. Se convierten en referentes, y eso no les gusta a los grupos armados porque llama la atención sobre lo que no se debe ver". Perturban el statu quo".
El Centro Católico Multimedial, que vigila la violencia contra los clérigos, ha documentado casi 80 asesinatos de sacerdotes en México desde 1990, señaló La Croix.
Anteriormente, Aleteia entrevistó al padre Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial, quien explicó que cada párroco funge como un legislador social. "Al eliminar al sacerdote de una comunidad en conflicto, se desestabiliza a la comunidad completa y entonces ellos logran enquistar la cultura, economía y política del narcotráfico. Después viene la migración que se ha dado en consecuencia".
Trabajadores activos por la paz
Algunos sacerdotes se han buscado guardaespaldas. Tal es el caso del padre José Filiberto Velázquez, de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, en el suroeste de México, que se libró de un asesinato en octubre de 2023, según La Croix.
El padre Velázquez fundó, hace seis años, Minerva Bello, una organización que presta apoyo a las familias de personas desaparecidas, desplazadas o asesinadas.
"Mi trabajo religioso y mi implicación con Minerva Bello me llevaron a servir de mediador entre los grupos del crimen organizado y el Estado", declaró a La Croix.
A partir del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en 2022, Javier Campos y Joaquín Mora, se puso en marcha el Diálogo nacional por la paz para intentar frenar la violencia contra el clero. Como Aleteia ha informado anteriormente, en esta iniciativa participan la Conferencia Episcopal Mexicana, la Dimensión Episcopal para los laicos, los Jesuitas y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México.
